Juan González López
Campaña por el Derecho a la Educación Pública - Chile
Diego Parra Moreno
Campaña por el Derecho a la Educación Pública - Chile
Cuando se habla del poder corporativo se habla de los poderosos. De los poderosos, que lo son, por el poder económico que tienen y porque se han organizado para defender sus privilegios, por eso siguen detentando el poder económico y probablemente lo seguirán haciendo, si nadie les pone límites. Los poderosos, los grupos empresariales, la cúpula de la iglesia católica y otras asociaciones de la clase dominante (los más ricos), intervienen en la educación, siempre lo han hecho, a través de la labor educativa de la Iglesia católica y hoy lo hacen detrás de fundaciones sin fines de lucro[1] que sostienen muchísimas escuelas subvencionadas (y también universidades) que con mejores recursos que las escuelas del Estado (provenientes de donaciones de empresas, el copago y, en algunos casos fondos de inversión) “educan” a miles de jóvenes en sectores populares.
Además, a través de una red de organizaciones, como centros de pensamiento, agencias asesoras, empresas proveedoras de alimentación e insumos escolares intervienen las escuelas (también las del Estado) y construyen a través del lobby, de la implementación de capacitaciones, programas de mejoramiento o de la instalación de autoridades (como al actual y el siguiente ministro) la política educativa en Chile. O sea tienen control total de esta política pública. Todo esto facilitado por la libertad de enseñanza, entendida como el derecho de crear, mantener y desarrollar centros educacionales, con la obligación del Estado de financiarlos de igual forma que financia sus propias escuelas y la lógica de externalización de la política pública (llamada modernización del Estado).
Esto no es un tema reciente en Chile. A fines del siglo XIX Valentín Letelier ya denunciaba el monopolio que la Iglesia Católica quería establecer sobre la educación en nuestra patria. En un discurso en defensa de la educación pública en el Club Radical en 1889 señalaba “cuando ellos piden, (…) libertad de enseñanza, no tratan de conferir al hombre un nuevo derecho de enseñar libremente, (…). Lo que pretenden es que enseñe solo la teocracia”. Tempranamente Letelier desenmascaraba el malicioso uso que el poder hace de la palabra libertad. “La libertad que piden, en una palabra, es siempre en el fondo la libertad del privilejio esclusivo.(sic)” ¿Qué molestaba al principal promotor del Estado Docente en Chile? ¿Por qué es un problema que los poderosos tuvieran el control de las escuelas? Buena pregunta.
Esta gobernanza corporativa en educación se extiende por Latinoamérica y el mundo, reorientando los sistemas educativos a la constitución de un mercado global, vulnerando incluso la soberanía de cada país y el derecho de cada individuo, familia y comunidad a educarse realmente en libertad.
En un sentido democrático es un problema que los grupos económicos tengan el control de una función pública como la educación. Tienen los recursos materiales e inmateriales para utilizar el sistema educativo para reproducir sus privilegios. La experiencia lo ha demostrado una y otra vez, que los intereses mercantiles y empresariales se contraponen a los fines públicos. Como señala el investigador de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, Illich Ortiz (2013) “Si se trata de un orden democrático, es preciso que los poderes del espacio mercantil, que son en lo fundamental poderes privados, no invadan la esfera de lo público, ni cooptando el funcionamiento de las instituciones estatales en orden a servir sus intereses privados, ni cooptando la discusión en las arenas de la deliberación pública”. (p. 101).
Esta gobernanza corporativa en educación se extiende por Latinoamérica y el mundo, reorientando los sistemas educativos a la constitución de un mercado global, vulnerando incluso la soberanía de cada país y el derecho de cada individuo, familia y comunidad a educarse realmente en libertad. La investigadora Erika Moreira muestra la acción de organizaciones como REDUCA, que reúne a distintas fundaciones empresariales de distintos países de Latinoamérica (como Educación 2020 en Chile) con el fin de organizar acciones conjuntas de incidencia en los sistemas educativos latinoamericanos con la intención de proteger sus intereses (Martins, 2016). Todo esto en directa implicación con los intereses de los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Distintos investigadores han descrito la constitución en el campo educativo de una gobernanza corporativa en red a nivel global, que funciona en forma paralela a los Estados, asumiendo que estos han fracasado y que son ineficientes en su rol de organizar la sociedad y, que asumen la empresa y el gobierno corporativo como el modelo para reorganizar la democracia (Ball y Corbalán; 2013; CLADE, 2014, Junemann & Olmedo, 2019).
¿Quién es el poder corporativo en el debate educativo constituyente en Chile?
Hemos identificado tres Iniciativas Populares de Norma[2] presentadas por el poder corporativo en la Convención Constitucional con más de 15 mil firmas de apoyo en materia educativa, las cuales pasaron a ser presentadas y discutidas esta semana en el hemiciclo ¿cuáles son éstas y quiénes las representan:
1) Educación Libre y Diversa[3]
Es una agrupación compuesta por organizaciones que en los últimos años se han manifestado en contra de las medidas por fortalecer la educación pública y regular la educación privada, como la Asociación de Educadores de Chile, Juntos X Chile, Comunidad y Justicia, #Con Mis Hijos No Te Metas, Secundarios por la Libertad, Movimiento Independiente de Estudiantes Secundarios (MIES), Ciudadanos Laicos y Mi Derecho a Educar (MDE).
Durante la presentación de su iniciativa en la constituyente, la vocera de la organización Ingrid Bohn preguntaba . “¿Les gustaría que el Estado eligiera la educación para sus hijos? Eso va a ocurrir si se le quita el financiamiento estatal a las fundaciones sin fines de lucro.” Ingrid es representativa de este “movimiento”, líder de los apoderadas anti tomas durante
la movilizaciones de estudiantes secundarios del 2011 y una de las organizadoras de la instrumental “Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados (Confepa)”, organización levantada por los sostenedores de escuelas privadas y que convocó a la “famosa” movilización por el derecho a elegir”, que se oponía la reforma que buscaba terminar con el lucro, la selección de estudiantes y el copago en la educación privada. Candidata a concejal por la Araucanía el 2013, apoyada por el derechista partido Evopoli, formó distintos movimientos instrumentales como #Con Mis Hijos No Te Metas para oponerse a la educación sexual en las escuelas y el movimiento No+Tomas para promover reformas punitivas, como la ley Aula Segura. Hoy es cercana al facista Partido Republicano de José Antonio Kast.
Los otros movimientos del grupo son similares, por ejemplo el MIES, grupo de estudiantes que se opusieron al boicot a la Prueba de Selección Universitaria, impulsado por la Asamblea de Coordinadora de Estudiantes. Secundarios en el año 2019 pos estallido social. Estos grupos parecen intermitentemente, debidamente financiados, cada vez que es necesario representar “en la calle” los intereses de los sostenedores de las escuelas.
2) Acción Educar[4]
Entre sus fundadores se encuentra Raúl Figueroa, Ministro de Educación de Piñera saliente, ligado desde siempre a la educación privada, fue fundador de la Universidad del Desarrollo con Cristian Laurroulet, reconocido opositor de la gratuidad universal en educación, entró al Ministerio de Educación en el primer gobierno de Piñera, cuando era ministro el miembro del Opus Dei Joaquín Lavín. El otro fundador es Miguel Beije Catrileo, militante del partido derechista Unión Demócrata Independiente, colaborador del régimen militar y conocido interventor y liquidador de empresas. Una de sus últimas apariciones fue como interventor de cierre en la polémica Universidad del Mar donde se vulneró el derecho a la educación a estudiantes y trabajadores.
El principio que defienden, al igual que el grupo anterior, es la libertad de enseñanza, hoy resignificado en la protección de la garantía estatal a la libertad de elección. Señalan en su web: “Queremos que la educación efectivamente cumpla con la aspiración propia de la sociedad de romper el círculo de la pobreza, permitiendo a la vez ejercer este derecho con libertad, es decir, eligiendo como y donde educarse sin importar los recursos que se tengan. Creemos que la educación es el futuro del país, pero debe asegurarse también el poder ejercerlo con libertad.”
Daniel Rodríguez, director ejecutivo de la entidad, advirtió en la presentación de la iniciativa en la convención: “Quienes insistan en desvestir el santo de la educación particular subvencionada, para vestir el santo de la educación pública se quedarán con la desnudez.” Agrega que “(…) garantizada inadecuadamente, esto es sin financiamiento público, la libertad de elección puede terminar en que solo los que tengan recursos, los ricos, puedan elegir la educación que quieren”, por eso prescribe que “No basta con permitir que existan distintos colegios (…) el Estado debe promover la diversidad financiando a las familias que elijan proyectos educativos distintos al estatal”. Termina recalcando que “Hoy más de 2
millones de niños y jóvenes y más de 496.000 estudiantes de la educación superior ejercen estos derechos gracias al apoyo financiero del Estado y sus contribuyentes, privarlos de ellos es un retroceso inaceptable.”
En el directorio de Acción Educar también está Juan Antonio Guzmán Molinari, ex ministro de educación de Pinochet y director de la Fundación Educación y Cultura entidad sostenedora de las Universidades privadas grandes de Chile (Universidad Andrés Bello, Universidad de Las Américas y Universidad Viña del Mar) o María Teresa Infante Barros, también ex ministra del régimen militar, directora de tradicionales fundaciones educacionales como la Fundación de la Santa Fe y la Sociedad de Instrucción Primaria, entre otras figuras ligadas a la elite y a la educación privada más conservadora.
3) Acción Colectiva por la Educación[5]
Es una red de centros de estudios, entidades religiosas, y fundaciones empresariales, que se presentan como organizaciones de la “sociedad civil”. A través del apoyo de la banca, filántropos, organizaciones gubernamentales e internacionales, inciden en el sistema educativo; ocupando puestos estratégicos en los gobiernos, espacios de influencia, lobby, medios de comunicación, mesas técnicas, diseño de políticas, implementación de programas etc. ¿Quiénes la componen?: Educación 2020, Elige Educar, Fundación Luksic, Fundación Chile, Sumate Hogar de Cristo, Vicaría de la Educación del Arzobispado de Santiago, Fundación Educacional Crecer con Todos, Fundación 99, Fundación Educacional Oportunidad, Fundación Mis Talentos, Fundación Origen, Fundación Portas, Fundación Reimagina, Fundación Sara Raier de Rassmuss, Fundación Cocrecer, Centro de Investigación Avanzada en Educación (U. de Chile), Didaksis, Ashoka, Diálogo País, Impulso Docente, Tandem Profesores, Tu Clase Tu País, Canales.
Sus principales miembros; como Educación 2020, Fundación Luksic y Educa Lab UC participan en coaliciones que buscan incidir en la educación pública nivel regional. Como el grupo SUMMA[6] (Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe) fundado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y apoyado por distintos gobiernos de Latinoamérica, que se presenta como centro de investigación e incidencia educativa a nivel regional. Presentan la incidencia en la constitución chilena como una experiencia destacada, donde la defensa de la libertad de elección es uno de sus principales principios. El presidente de su directorio es Cristian Cox, uno de los arquitectos de la estandarización educativa en Chile. Educación 2020 también es parte de la Red Latinoamericana de Educación o REDUCA, investigada como uno de las principales coaliciones de empresarios que buscan incidir en las políticas educativas a nivel regional.
Dentro de su propuesta constitucional, al igual que los grupos anteriores, consideran que la libertad de enseñanza debe protegerse, ya que en ella está el derecho de las familias de elegir una educación de acuerdo con sus creencias, convicciones y cosmovisiones para las personas que están a su cargo. Creen además que la comunidad “podrá crear y conducir establecimientos educacionales bajo condiciones que aseguren el cumplimiento de los fines y principios que establece esta Constitución, pudiendo recibir financiamiento estatal sólo aquéllos que ofrezcan educación gratuita, no persigan fines de lucro y se sujeten a las demás normas que establezca la ley”. En ese sentido, son defensores de las reformas de la ex presidente Bachellet (Ley de Inclusión, Ley 21.040). Educación 2020, tal como se señaló antes, se encuentra ligada a REDUCA, empresarios que quieren incidir en la educación pública.
Representan en Chile el ala progresista de la derecha educativa, si bien aceptan ciertas regulaciones al sector privado, defienden su existencia como parte del sistema educativo público. Desde que inició la Convención Constitucional han realizado lobby con convencionales, inclusive se reunieron a fines de octubre del año pasado con la Mesa Directiva, presidida en ese entonces por Elisa Loncón, y con el actual Vicepresidente de la misma, Gaspar Domínguez, en el Liceo Instituto Nacional de Santiago, quienes les entregaron sus propuestas sobre el derecho de la educación para la nueva constitución. Entre los presentes se encontraba Marco Antonio Ávila, Ministro de Educación entrante del nuevo gobierno de Boric (ver Foto), quien a sus unos días atrás señaló al medio La Tercera que “La libertad de enseñanza está garantizada y probablemente va a seguir garantizada en la Constitución. Es algo que no es discutible y que hay que defender plenamente.”
Se debe romper la igualdad de trato financiero del Estado a las instituciones privadas, dado que esto es claramente un problema de conflictos de intereses con el derecho humano educación, el cual según las normas internacionales debe prevalecer. Hay que repensar la libertad de enseñanza y evitar que sea nuevamente usada como la libertad que tienen los poderosos de resguardar sus privilegios.
Reflexiones finales
Las escuelas privadas concentran el 64% de la matrícula actualmente y en las universidades privadas más del 85%. Con una matrícula ya segmentada y sin más competidores que la desprestigiada alternativa estatal. Además las empresas proveedoras tienen secuestrado al Estado, sin ellas no hay servicios educativos. Así están las cosas y en este escenario el poder corporativo tiene el control. ¿Qué más se puede pedir? Una constitución que asegure las actuales reglas del juego. No se les vaya ocurrir quitar la subvención o financiar preferencialmente las escuelas del Estado. ¿Lo demás? Que hagan lo que quieran mientras aseguren que la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres, familias o tutores de elegir la educación para sus hijos e hijas”. Libertad que debe ser financiada, sin “discriminación” económica”, por el Estado. Esto parece ser lo principal y que es transversal a estos tres grupos.
El lucro hace tiempo que dejó de ser un problema. Aparte de la subvención estatal estas fundaciones reciben jugosas donaciones de las grandes empresas vía ley por descuento tributario, o por otras vías, incluso hay fondos de inversión involucrados, para muchas ni siquiera es necesario el copago, aunque aún siguen existiendo. Por eso tienen tantas ventajas respecto a las escuelas del Estado y se declaran hoy contra el lucro, y el mercado para este tipo de fundaciones la educación no es un negocio sino más bien una estrategia de gobernabilidad paralela a la estatal. Por otra parte nadie se pronuncia sobre el marcado de la externalización de servicios del Estado, eso parece ya haberse naturalizado.
Para defender sus intereses se esconden tras distintas fundaciones y/o corporaciones (sin fines de lucro), que a su vez se agrupan en distintas asociaciones para influir en distintos ámbitos de la política educativa. Muchos grupos económicos patrocinan fundaciones y participan en distintos holdings educativos, tal como lo hacen en el ámbito comercial.
¿Qué límites se les puede poner a estos grupos?
Lo primero es fortalecer la educación pública, la de todas y todos, la que es democrática y que responde a un proyecto educativo del cual todas/os debemos ser parte. Se debe romper la igualdad de trato financiero del Estado a las instituciones privadas, dado que esto es claramente un problema de conflictos de intereses con el derecho humano educación, el cual según las normas internacionales debe prevalecer. Hay que repensar la libertad de enseñanza y evitar que sea nuevamente usada como la libertad que tienen los poderosos de resguardar sus privilegios.
La libertad de enseñanza como libre elección es el núcleo del consenso educativo entre la élite económica y política. Consenso centenario, que se renueva cada vez que el movimiento por la educación interrumpe la normalidad neoliberal, el 2007, tras la revolución pingüina, con el famoso acuerdo educativo entre los partidos políticos y hoy, tras el estallido social, en este proceso constitucional. ¿Permitiremos que ocurra otra vez?
Fuentes:
Ball, S., & Corbalán, F. (2013). Un nuevo escenario para la política y el negocio educativos. Cuadernos de Pedagogía, 435, 44-47.
Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (2014). Tendencias de la Privatización dé la Educación en América Latina y el Caribe. Sao Pablo.
González, J. & Parra, D. (2019). “Las reformas educativas de la Derecha en Chile”. Revista Educación, Nº15, Año 8, pp. 4-6.
Junemann, C. & Olmedo, A. (2019). In sheep’s clothing: Philanthropy and the privatisation of the ‘democratic’ state. Education International Rechearch. Internacional de la Educación.
Letelier, V., (1893). “Ellos i nosotros o sea los liberales i los autoritarios”, Concepción: Imprenta de El Sur
Martins, E. M. (2019). Empresariamento da educação básica na América Latina: redes empresariais prol educação (Doctoral dissertation, Universidade Estadual de Campinas).
Ortiz, I. (2013). “Potencia ciudadana, ámbito público y profundización de la democracia en participación ciudadana, políticas públicas y educación”. En: Luna, M. Participación ciudadana, políticas públicas y educación. En América Latina y Ecuador. OEI. Disponible en:
http://www.oei.es/PUBLICAS.pdf
https://educacionlibreydiversa.cl
http://accioncolectivaeducacion.cl
https://accioneducar.cl/
https://www.reduca-al.net/nosotros
[1] Fundaciones como Belén Educa, la Sociedad de Instrucción Primaria, Educa UC, Astoreca, la Fundación para el Magisterio de la Araucanía, el Arzobispado de Santiago Agrosuper, empresas mineras, la Cámara de Comercio, de la Construcción y muchas más, agrupadas en distintas coaliciones y megafundaciones que se operan entre los más 5173 sostenedores de escuelas existentes en el sistema escolar obligatorio al 2021.
[2] Existe una cuarta INP (Nº 70.062) “RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL” presentada por los principales Centros de Formación Técnica e Instituto Profesionales privados, quienes sustentan a casi la totalidad de la oferta y matrícula en la materia, la que no fue considerada aunque de igual manera forman parte de este Poder Corporativo en educación, ya que avalan la existencia de modelo mixto de provisión en educación superior.
[3] INP Nº4.102, “INICIATIVA POPULAR POR UNA EDUCACIÓN LIBRE Y DIVERSA”.
[4] INP Nº34, “DERECHO A LA EDUCACIÓN, DERECHO Y DEBER PREFERENTE DE LOS PADRES, Y LIBERTAD DE ENSEÑANZA”.
[5] INP Nº 43.926, “POR UNA EDUCACIÓN INTEGRAL, DE CALIDAD, INCLUSIVA, EQUITATIVA Y GRATUITA”.
[6] Fundación Telefónica (España), Tecnológico de Monterrey (México), Instituto para el futuro de la Educación (México), Fundación Getulio Vargas (Brasil), Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Argentina), Edu Caixa (España), Global Education Monitoring Repport (Naciones Unidas), Universidad Católica de Uruguay, Pontificia Universidad Católica del Perú, Innovations for Poverty Action (EEUU), Global Education Innovation Initiative (EEUU), Center for Education Inovation (EEUU), Wise Initiative (Qatar), Education Endowment Foundation (Reino Unido), Centro Regional de Educación Fundamental para la América Latina (Naciones Unidas), Grupo Faro (Ecuador), Empresarios por la Educación (Colombia), Matter fund, Hakeema.
