Este año, la presidencia del G20, que reúne a las mayores economías del planeta, incluyendo a Argentina, Brasil y México, es de Japón. En este marco, Marcela Browne, integrante de la Fundación SES y de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), miembro de la CLADE, fue nombrada para, en el año 2019, asumir la coordinación internacional del Grupo de Trabajo (GT) de Educación del Civil 20 (C20), mecanismo integrado por organizaciones no gubernamentales que lidera la relación de este sector con los gobiernos del G20. Marcela Browne coordinó el GT local sobre Educación, Empleo e Inclusión del C20 en el 2018, llevando a este espacio los planteamientos de CADE, CLADE y Campaña Mundial por la Educación (CME).
Ahora, la coordinación local del GT de Educación del C20 está a cargo de Naoko Shiroya, de Plan Internacional Japón, y cuenta con la participación activa de ASPBAE (Asia South Pacific Association for Basic and Adult Education), red regional hermana de la CLADE y miembro de la CME.
La Cumbre de Líderes del G20 este año se realizó los días 28 y 29 de junio en Osaka, Japón. En preparación para el evento, fueron realizados encuentros oficiales temáticos y debates con la participación de la sociedad civil. En este contexto, CADE, CLADE y ASPBAE han participado en una plataforma virtual de diálogos y dos encuentros presenciales, uno realizado en febrero y otro en abril de este año, siendo ese último la Cumbre del C20, que contó con 9 plenarias, 17 oficinas y 160 exposiciones, además de la participación de 830 organizaciones de sociedad civil de 40 países.
“Participamos en distintos diálogos con líderes del G20 de los grupos temáticos anticorrupción, desarrollo e infraestructura financiera, presentando nuestras recomendaciones sobre financiamiento educativo y señalando la importancia de fortalecer sistemas educativos públicos e inclusivos. Durante la Cumbre del C20, también denunciamos el proceso de privatización y mercantilización de la educación en América Latina y el Caribe, con foco en Argentina”, afirmó Marcela Browne.
En el marco de estos encuentros y debates, la sociedad civil organizada en el C20 elaboró y presentó a las autoridades del G20 tres documentos de incidencia: uno con recomendaciones generales para distintos ámbitos de las políticas públicas, incluyendo las educativas; un segundo en el que se señalan los riesgos de la deuda externa y el fraude fiscal para el financiamiento educativo; y un tercero que presenta recomendaciones respecto a la aplicación de tecnologías de comunicación en la educación.
En estos documentos, se exponen como principales demandas y recomendaciones:
- La garantía de una educación de calidad y a lo largo de la vida, desde la primera infancia, que asegure alfabetización e inclusión digital para todas y todos, así como la promoción de paz, justicia y derechos humanos, desde el respeto a la diversidad de culturas y contextos sociales y la formación, el desarrollo profesional y condiciones laborales adecuadas para las y los docentes.
- Una educación para la innovación, que garantice el acceso de poblaciones marginadas y las niñas y adolescentes a campos de la ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemática; el fortalecimiento de la participación de actores clave, especialmente estudiantes y docentes, en el desarrollo de currículos y en la toma de decisiones; y la aplicación de tecnologías accesibles a la educación desde que sean pertinentes a los currículos y contextos de diferentes comunidades y países.
- Una educación inclusiva, que supere la violencia y discriminación, y priorice la igualdad de género, especialmente desde currículos que incluyan a los diferentes sexos, orientaciones sexuales e identidades de género, y garanticen una educación sexual integral; que asegure infraestructura, materiales, formación docente y currículos adecuados para la inclusión y participación de personas con discapacidad; y que genere oportunidades educativas para niñas, niños y adolescentes en situación de conflictos, crisis y desastres, sometidas/os a trabajo forzado o en conflicto con la ley.
- El aumento de inversiones en los sistemas educativos públicos y la regulación de la actuación del sector privado en la educación, poniendo fin al lucro en este campo y garantizándose al menos 12 años de educación pre-primaria, primaria y secundaria gratuita. Asimismo, el cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados en la Agenda de Educación 2030, con la inversión mínima de 4 a 6% del Producto Interno Bruto (PIB) o de 15 a 20% de sus presupuestos públicos en educación.
Incidencia por mecanismos de financiamiento educativo que fortalezcan los sistemas públicos
Como forma de asegurar recursos para la educación pública y gratuita, las organizaciones de la sociedad civil plantean: que a nivel mundial y en los países se promuevan reformas fiscales hacia sistemas tributarios justos, equitativos y progresivos; y que se amplíe el financiamiento educativo a través de la cooperación bilateral y multilateral, especialmente a través de la Alianza Mundial por la Educación (AME), del fondo “La Educación no Puede Esperar” y del fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur, sin que esto implique en el endeudamiento de los países en desarrollo, ni afecte su soberanía o promueva la privatización de la educación.
“Al G20 y en la AME, defendemos que los recursos de la cooperación internacional no deben ser usados de ninguna manera para apoyar las escuelas privadas o cualquier tipo de mercado lucrativo en la educación”, afirma Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE y actualmente una de las representantes de la sociedad civil de países en desarrollo en el Comité Directivo de la AME, al lado de Maria Khan, de ASPBAE.
