Antônio Cruz/Agência Brasil

G20 y educación: la lucha de la sociedad civil por recursos adecuados para ese derecho

7 de Febrero de 2019

Activistas de la CLADE y la Campaña Mundial por la Educación impulsaron acciones de incidencia, movilización y comunicación en el contexto del G20, y lograron que las mayores economías del mundo reconocieran la educación como un derecho humano esencial para promover el desarrollo con inclusión, prosperidad y paz (más…)

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México: “La iniciativa de López Obrador representa avances significativos, pero no elimina la reforma educativa anterior”

17 de Enero de 2019

En diciembre, el nuevo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, envió al Congreso Nacional una iniciativa de ley para modificar en la Constitución Federal las condiciones de la educación en el país. El intuito del presidente es poner fin a uno de los puntos más polémicos de la reforma educativa impulsada por su antecesor, Enrique Peña Nieto, que establece evaluaciones estandarizadas a las y los docentes para definir su situación laboral.

Para analizar con más profundidad la propuesta del actual presidente mexicano, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) entrevistó a Juan Melchior Román, integrante de la Dirección Política de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación (CNTE) de México.

Además de abordar la reforma educativa y las intenciones del nuevo gobierno, Juan Melchior Román analizó los principales desafíos de la educación mexicana. “El Estado, sobretodo en los últimos tres sexenios, no ha garantizado la educación pública y tampoco otros derechos sociales en el país. En todo caso, lo que los gobiernos han hecho es encaminar este derecho universal y social a esquemas de privatización”, dijo.

Lea la entrevista completa:

En su opinión, ¿cómo está la educación pública en México? ¿Se puede decir que el Estado Mexicano ha logrado garantizar la educación pública de calidad para todas y todos?

Juan Melchior Román – En México, la educación pública y otros derechos sociales, por ejemplo empleo, vivienda, salud y sectores estratégicos del país, como lo energético, han estado un desastre hace un poco más de 30 años, que es el período del neoliberalismo.

Ante este contexto, el Estado mexicano no ha sido capaz de garantizar la educación pública como establece el artículo 3º de la Constitución en su espíritu original, que plantea que la educación pública debe ser gratuita, obligatoria, laica e integral para toda la población, siendo que el Estado debe garantizar su financiamiento.

El Estado mexicano, sobretodo en los últimos tres sexenios, no ha garantizado la educación pública y tampoco ha garantizado otros derechos sociales en el país. En todo caso, lo que los gobiernos han hecho es encaminar este derecho universal y social a esquemas de privatización.


En pronunciamiento reciente, López Obrador afirma que no está de acuerdo con la reforma educativa de Peña Nieto. ¿Qué ha representado esta reforma y cuáles fueron sus impactos hasta el momento?

Juan Melchior Román – Estamos hace dos semanas con un gobierno nuevo, que canalizó toda la inestabilidad que generaron los últimos gobiernos neoliberales en México, y aprovecha la inconformidad de la sociedad en diferentes temas, especialmente en el caso de la educación. López Obrador entiende que, si se sigue en la política educativa que intentó instrumentar Enrique Peña Nieto, el conflicto magisterial también seguirá.

“Consideramos que en esa iniciativa que se presentó el 12 de diciembre hay avances significativos, sin embargo no hay la extinción total de la reforma anterior. Tendremos que esperar para ver lo que sucede”.

El nuevo presidente de la República hace al Poder Legislativo la propuesta de cambiar la reforma educativa de Peña Nieto, pero no hay una intención de abrogación total. La iniciativa que se entregó hace unos días a la Cámara de Diputados sigue sosteniendo en sus apartados que se refieren a la calidad educativa la presencia de “Consejos Consultivos” integrados por personas de fuera del sector educativo, incluyendo empresários. También habla de un esquema de carrera magisterial que se refiere a procesos meritorios que rebasan los derechos laborales de las y los docentes, ganados por antigüedad, preparación y experiencia.

Consideramos que en esa iniciativa que se presentó el 12 de diciembre hay avances significativos, sin embargo no hay la extinción total de la reforma anterior. Tendremos que esperar para ver lo que sucede.

Hay muchas expectativas con un gobierno que prometió mucho en campaña, y que plantea una reconversión en las políticas relativas a algunos derechos, pero que no plantea una reorientación del modelo económico.


López Obrador también afirmó que la reforma educativa ha culpado a las maestras y los maestros como responsables de los problemas de la educación pública. ¿Usted está de acuerdo?

Juan Melchior Román – Uno de los argumentos del presidente de la República cuando establece esta iniciativa de ley para cancelar la reforma educativa es que efectivamente el gobierno anterior responsabilizó a los trabajadores de educación por el desastre educativo.

Nosotros como movimiento social, movimiento magisterial, como un movimiento que es del pueblo y que está luchando por los derechos sociales, nunca estuvimos de acuerdo con la reforma educativa de Enrique Peña Nieto.

“En el país, durante lo que el propio presidente denominó “vendaval neoliberal”, es decir los últimos 30 años, los presupuestos educativos no han rebasado ni siquiera el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) cuando, para países como el nuestro, UNESCO recomienda un mínimo del 8% del PIB, y de ser posible el 12%. Un presupuesto bajo necesariamente afecta en la cobertura, la infraestructura y la contratación de trabajadores.”  

Establecimos vastos argumentos políticos, educativos y jurídicos durante 6 años para desnudar de manera clara y sin ningún contra argumento cuáles eran los principales problemas de la educación pública en México, y uno de ellos seriamente tiene que ver con el presupuesto.

En el país, durante lo que el propio presidente denominó “vendaval neoliberal”, es decir los últimos 30 años, los presupuestos educativos no han rebasado ni siquiera el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) cuando, para países como el nuestro, UNESCO recomienda un mínimo del 8% del PIB, y de ser posible el 12%. Un presupuesto bajo necesariamente afecta en la cobertura, la infraestructura y la contratación de trabajadores.

Otro de los principales problemas de la reforma educativa y de la educación pública en México es que se pretende una elitización de la misma, es decir, se plantea un esquema de individualización y de competencias, en respuesta a las necesidades del capital, y no de la población.

Así se plantean programas, currículos y planes de estudio para la colonización del país, y los trabajadores de la educación no somos llamados a participar en este proceso.

Estos son algunos de los principales problemas que se observan en la educación pública en México, y que no se van a resolver en este nuevo gobierno, aunque vemos que hay una intención en ese sentido.


¿Cómo construir una reforma educativa que garantice la educación como un derecho humano?

Juan Melchior Román – La CNTE, que el 17 de diciembre cumplió 39 años de existencia, lucha y dignidad magisterial y social, cree que este pronunciamiento de Andrés Manuel López Obrador quiere tratar de resolver un conflicto entre docentes y gobierno que dura seis años, y que puede seguir si no hay una respuesta definitiva hacia la reforma educativa.

En todo caso, planteamos que se debe ir a fundo en la derogación de la reforma. Planteamos que la educación pública debe ser lo que establece en su originalidad el artículo 3º de la Constitución Federal, sobretodo en el caso de la gratuidad y la cobertura. Asimismo, defendemos un plan y programa de estudios que denominamos proyecto de educación alternativa, que sea elaborado en diálogo y con la participación de los diferentes actores del sector educativo.

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Vista de la torre de Rectoría y de la Biblioteca Central de la UNAM.
LA JORNADA/José Carlo González

No existe en en México educación universitaria gratuita

1 de Diciembre de 2018

En México, la educación pública, en particular la universitaria, no es gratuita, se planteó ayer en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). (más…)

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Niña frente a un dibujo de una familia
Inforegion

La educación latinoamericana en el G20

30 de Noviembre de 2018

Líderes de 19 países del mundo y de la Unión Europea están reunidos en Buenos Aires, Argentina, en la cumbre del G20. Además de realizarse por primera vez en un país latinoamericano, el encuentro, en decisión inédita, discutirá la educación.

Aprovechando la oportunidad en la cual la educación es tema de debate en un evento internacional realizado en un país latinoamericano, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) presenta algunos aspectos sobre la educación de los tres países de la región que integran el G20 – Argentina, Brasil y México-, sus contextos y desafíos en la actualidad. (más…)

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Zapatos de un niño, con sus cordones siendo atados por él
Alejandro Monje

México: “El derecho a la educación debe ser maximizado, no restringido”, afirma Suprema Corte

24 de Octubre de 2018

Una resolución de la Primera Sala de esta corte dispone que este centro educativo y sus autoridades se deben abstener de vulnerar la gratuidad de la educación superior

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Manos de un niño escribiendo en un cuaderno con un lapís rojo
Lourdes Nique

México: La exclusión de estudiantes con discapacidad del sistema educativo general es discriminatoria y, por tanto, inconstitucional

3 de Octubre de 2018

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de México determinó, en su sesión de hoy, que, de acuerdo con el derecho fundamental a la educación inclusiva, todos los niños, niñas y adolescentes con discapacidad pertenecen y deben integrarse al sistema educativo “general u ordinario”–sin reglas ni excepciones–, por lo que cualquier exclusión con base en esa condición resultará discriminatoria y, por ende, inconstitucional.

Al resolver el amparo en revisión 714/2017, los Ministros se pronunciaron respecto a la constitucionalidad de los artículos 33, fracción IV bis y 41, de la Ley General de Educación, así como el artículo 10, fracciones IX y X de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, que se refieren a la denominada “educación especial”, y sostuvieron que en el Estado mexicano no se puede concebir la existencia de dos sistemas educativos: uno regular, para todos los alumnos, y otro especial, para las personas con discapacidad.

Más bien debe entenderse que existe un sistema educativo regular que es complementado con “herramientas de apoyo para lograr la inclusión en el sistema educativo regular” –y no propiamente un sistema de educación especial–, que han sido creadas por el legislador, precisamente, para identificar, prevenir y eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad.

Por ello, resolvieron, que las políticas y los recursos encaminados a formular prácticas genuinamente inclusivas deben primar sobre aquellas prácticas que tiendan a la separación, sea temporal o definitiva, de los educandos, atendiendo, entre otras consideraciones, a la discapacidad; para lo cual, progresivamente y hasta el máximo de los recursos posibles, se deberán tomar ajustes razonables, como lo son, entre otros, capacitar a profesores, adaptar las aulas a diferentes necesidades de los educandos y elaborar un plan de estudio que tome en cuenta las diferencias de los alumnos.

Consideraron que la escuela ordinaria con orientación inclusiva es la medida más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades de acogida, construir una sociedad integradora y lograr la educación para todos, ya que los niños que se educan con sus pares tienen más probabilidades de convertirse en miembros productivos de la sociedad y de estar incluidos en su comunidad.

En consecuencia, se declaró inconstitucional la disposición legal que propicia la coexistencia de dos sistemas educativos, uno regular –para todos los alumnos- y otro especial –para las personas con discapacidad-.

Finalmente, la Sala destacó que si bien es optativo para el alumno emplear las herramientas de apoyo para lograr la inclusión en el sistema educativo regular –como lo son los Centros de Atención Múltiple (CAM) y Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER)–, lo cierto es que esa opcionalidad en forma alguna podrá ser pretextada para excluir a los alumnos con discapacidad del sistema educativo regular.

Fuente: Suprema Corte de Justicia de México

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Camilla Croso

Altos índices de violencia intimidan y expulsan estudiantes LGBT de las escuelas en América Latina y el Caribe

23 de Febrero de 2017

Una proporción importante de estudiantes es afectada por la violencia homofóbica o transfóbica en las escuelas y las posibilidades de sufrir ese tipo de violencia en el ambiente educativo son más altas que en casa o en la comunidad. (más…)

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Mesa de diálogos con Rafael Custodio, coordinador del programa de Justicia de la Organización Conectas Derechos Humanos, Brenda Fraga Gutiérrez, diputada del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo en México, y Allison Nicolle Rosales, estudiante de secundaria en Honduras, y Laura Giannecchini, Coordinadora de Desarrollo Institucional de la CLADE, como moderadora.

Encuentro Regional de Parlamentarias/os y Sociedad Civil defiende la participación y la actuación conjunta contra la criminalización de la protesta social

1 de Diciembre de 2015

Este debate, con énfasis en la lucha de la juventud por el derecho a la educación en América Latina y el Caribe, subrayó la necesidad de articular esfuerzos entre los niveles nacional, regional y mundial, así como entre varios sectores de lucha y poderes, para fortalecer la participación ciudadana y contener la criminalizacion de la protesta en la región (más…)

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