En reciente reunión de la Junta Directiva de la Alianza Mundial por la Educación (GPE, por su acrónimo en inglés), realizada en Estocolmo, Suecia, del 11 al 13 de junio, se estipuló de manera clara que “los fondos de la GPE no pueden ser destinados a apoyar servicios de educación básica con fines de lucro”.
Esta referencia fue incluida en la Estrategia de Participación del Sector Privado en la Alianza Mundial por la Educación (PSES, por su acrónimo en inglés), que era uno de los temas discutidos en dicha reunión.
“Aunque las discusiones fueron difíciles, el hecho de que se logró llegar a un fuerte consenso en torno a no financiar a los proveedores de educación básica con fines de lucro, fue muy importante y una forma de proteger el derecho a la educación pública y gratuita”, afirmó sobre esta decisión Camilla Croso, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) y una de las representantes de la sociedad civil de países en desarrollo en la Junta Directiva de la GPE.
El hecho fue recibido como un precedente importante por el sector educativo a nivel mundial. “El tema de la participación del sector privado en la educación está entre los más cruciales para la sociedad civil, incluyendo su rol en la gobernanza y las estructuras de financiamiento de la GPE. En ese sentido, nos complace presenciar un resultado de política sólido, que se alinea claramente con nuestra responsabilidad colectiva de defender el derecho a una educación gratuita y de calidad”, afirmaron activistas de países en desarrollo, en carta enviada a representantes de los gobiernos en la Junta Directiva de la GPE, con el objetivo de felicitarles por la decisión.
Otros puntos destacados que se logró incluir en la PSES, gracias a la incidencia de la sociedad civil, fueron: la reafirmación de que la educación es un bien público y un derecho humano fundamental; una declaración clara del compromiso de la GPE en fortalecer la educación pública; y el reconocimiento del papel del Estado en la garantía de 12 años de educación gratuita, equitativa y de calidad financiada con fondos públicos.
A la vez, se logró eliminar de la estrategia una referencia a utilizar fondos de la GPE para el financiamiento de servicios de apoyo educativo, lo que incluiría bancos comerciales y fondos privados de inversión. Ahora el anexo que aborda este punto, expresa de manera clara que la GPE tendrá relaciones con actores de servicios de apoyo, pero no los financiará.
Para influenciar este proceso, miembros de la CLADE en los países que forman parte en la GPE – Nicaragua, Honduras y Haití – participaron en las reuniones virtuales previas, convocadas por la GPE, donde reforzaron su posición y estrategias para defender la educación pública. Así mismo, los miembros de la CLADE en Haití y Honduras enfatizaron este posicionamiento en reuniones con representantes de sus gobiernos en la GPE.
Sobre la GPE
La Alianza Mundial por la Educación es un partenariado y fondo multilateral que se dedica a apoyar el fortalecimiento de sistemas educativos en más de 65 países del mundo, incluso Nicaragua, Honduras y Haití en América Latina y el Caribe.
