La justicia educativa es un principio orientado a garantizar el derecho humano a la educación en condiciones de igualdad, dignidad y no discriminación para todas las personas a lo largo de la vida. Implica reconocer que las desigualdades sociales, económicas, culturales, territoriales, lingüísticas, étnicas, de género, de discapacidad y de situación migratoria, entre otras, generan brechas diferenciadas para el acceso y permanencia. La justicia educativa requiere acciones que transformen las condiciones estructurales que producen exclusión y vulneración de derechos.
La justicia educativa supone construir sistemas educativos públicos, gratuitos, inclusivos, interculturales, laicos y de calidad, capaces de responder a las diversidades de los contextos y experiencias. Demanda la participación de la sociedad civil en la incidencia de políticas que promuevan la igualdad sustantiva. En este sentido, la justicia educativa trasciende el ámbito escolar y se vincula con la construcción de sociedades más democráticas, solidarias y comprometidas con la realización plena de todos los derechos humanos.
