En el periodo pos-retorno de la democracia chilena, la educación pasó progresivamente a un lugar más destacado en el proyecto político-social del país, expresado también en su relevancia presupuestaria. Las iniciativas educativas impulsadas en democracia demandaron una gran inversión fiscal ante el deterioro histórico de los indicadores educativos y sociales más relevantes del sistema. Desde entonces el gasto público del sector se ha triplicado en términos efectivos en las primeras dos décadas de democracia y más aún a partir del año 2014, producto de la implementación de leyes con gran impacto financiero que aumentaron las exigencias presupuestarias.
En este marco, el trabajo de Sebastián Donoso-Díaz, Daniel Reyes y Óscar Arias analiza la evolución del presupuesto público de educación en el país entre los años 1999 al 2018, identificando las principales tendencias en este campo. Además, se consideran las orientaciones privatizadoras y des-privatizadoras en la educación pública chilena, siendo que en el país se presenta un marcado y agresivo proceso de privatización educativa instalado desde los 80’. En Chile, los intentos por sacar al mercado de la educación fueron iniciados con gran sistematicidad en el año 2007 y fueron reiterados en el 2014.
Antecedentes
Las políticas educativas chilenas de 1990 al 2009 estuvieron sustentadas en una alianza política de centroizquierda socialdemócrata (Concertación), y posteriormente, del 2014 al 2017 por la misma coalición más la incorporación del Partido Comunista (Nueva Mayoría), en cuyo contexto se inclinó el hacer del Gobierno hacia la visión de la educación como un derecho social garantizado por el Estado.
A partir del año 1990 y hasta fines de 2020, el Estado en forma regular enfrenta en el campo educacional un conjunto de exigencias “de arrastre”, producto de la reducción significativa del gasto público en educación en la década de los 80’, la precarización salarial y laboral de las y los docentes, así como el deterioro de su formación profesional, impactando severamente la calidad de la educación. Todo esto, producto del evidente estímulo estatal a la privatización de la oferta educativa en todo nivel impulsada desde el 1981, que pauperizó la educación pública.
Cambios Presupuestarios
En materia de políticas educativas, el ciclo democrático inicial (1990-2006) realizó adecuaciones al sistema imperante, que significaron dictar el Estatuto Docente (1991), subir el valor de los subsidios escolares, impulsar la Reforma Curricular de 1995 en adelante. El ciclo político siguiente (2006-2011), marcó el avance del desgaste de las propuestas educativas de los gobiernos, alineadas con las manifestaciones sociales de las tensiones más significativas de la educación pública: la búsqueda de soluciones, y la persistencia de los efectos educativos negativos, a saber: su baja incidencia en reversar las grandes desigualdades educacionales de la sociedad, la alta segmentación socio-territorial y los problemas históricos de recursos financieros y calidad de la enseñanza. En el ciclo siguiente (2012-2018), se destaca la agudización de los conflictos públicos del sistema escolar; esencialmente transitando hacia el marco de derechos sociales de la educación, expresados en las políticas de inclusión en todas sus acepciones, de des-municipalización escolar y la gratuidad de la educación superior. Este fenómeno ha revitalizado el debate entre incremento presupuestario, rol del Estado, derecho a la educación y privatización de la enseñanza, marco en el que se desarrolla el texto.
En las décadas en estudio (1999 -2018), el presupuesto del Ministerio de Educación (MINEDUC) en términos efectivos se cuadruplicó, teniendo un crecimiento promedio anual de 7,8% para estas décadas, acorde con las políticas de universalización de la educación escolar y también por el acceso a la educación superior de grupos sociales medios. El gasto en educación se amplió en forma importante, y si bien el aumento en subvención escolar ha sido en menor proporción, corresponde a un ítem muy alto, que sigue creciendo a una tasa inferior. Por otro lado, en este periodo, el contexto chileno ha visto la implementación de otras políticas, como la gratuidad de la educación superior, que requiere muchos recursos. Mientras que en 1999 el gasto en subvención escolar era dos tercios del gasto total ministerial, el 2018 se registró un bajón al 49%, tomando en cuenta dos puntos de inflexión importantes el 2007 – periodo post-manifestaciones estudiantiles de 2006 – y el 2015 – inicio de mayor gasto en educación superior.
A partir de 1999 el presupuesto para la educación superior (ES) crece 7 veces en términos reales, destinándose principalmente al financiamiento de créditos y becas estudiantiles, vinculados a la expansión de la matrícula. Por otro lado, el gasto total en Gestión y Administración ha aumentado 5,7 veces desde 1999, mientras que el gasto en personal lo ha hecho 3,5 veces. Los programas de alimentación escolar en estos años corresponden al 6% del total del gasto del Ministerio En el 2018, el 84% del gasto principal en este ítem eran los programas netamente enfocados en la alimentación, representando un 5,6% del total de gasto del MINEDUC.
El presupuesto nacional de educación creció en el periodo 1999-2018 del 3,4% al 5,9% del PIB, ratificando la importancia política y social de la educación. Los datos sostienen que esto es un elemento decisivo para el sistema educativo nacional, incluso frente al aporte municipal que es menor (2% aproximadamente). Este incremento presupuestario no implica que se haya dado pleno cumplimiento a las demandas sociales. Los sucesos de la década que finaliza exponen que, en varias de estas exigencias, sigue una insatisfacción profunda con las reformas impulsadas por los diversos gobiernos en el periodo.
En el periodo estudiado por los autores, se notan esfuerzos para “sacar a la educación del mercado” mediante un diseño muy progresivo de transformaciones que requieren el fortalecimiento del sector público. Sin embargo, aún existen procesos de privatización encubierta, por medio de la externalización de la alimentación escolar, la gestión de becas y créditos en educación superior, el diseño y aplicación de pruebas escolares nacionales e internacionales, y otras, reduciendo la visibilidad de las inversiones y el rol del sector público. El caso de Chile ocurre en un entorno lleno de tensiones políticas internas en las tres décadas de democracia, donde las políticas de educación han transitado desde un marco pro-privatización desregulado – herencia de la dictadura– hacia una regulación gradual del mercado.
Para saber más y conocer la expansión presupuestaria en Chile, puedes acceder al artículo aquí: El Presupuesto Público de Educación Chileno en el Siglo XXI y la Política de Expansión Inclusiva del Sistema Educativo.
