La Constitución política vigente promulgada en 1980 en dictadura (7 años después del golpe donde la elite toma el poder) tiene dos aspectos estructurales que permiten que el sistema educativo se haya puesto al servicio del proyecto político –económico neoliberal. El primero, relega al Estado a un rol subsidiario respecto los privados. El Estado pierde su iniciativa educativa y sólo acude como apoyo y ayuda a otros agentes sociales que son los que impulsan la labor educativa en nuestro territorio: en consecuencia el Estado no garantiza el Derecho a la Educación a las personas.
Lo segundo, instala una determinada concepción de lo que se ha llamado históricamente en Chile la “libertad de enseñanza”. Así se consagra en la Constitución “el derecho de los padres a escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos” y también “el derecho a cualquier ciudadana/o de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales”. Este doble principio sí está garantizado por el Estado, no así el derecho la educación, que no está garantizado. [1]
Esta “libertad” tiene larga data en Chile, desde finales del siglo XIX. En esos tiempos, la elite terrateniente conservadora y latifundista (quien aliada a la iglesia católica mantenía el control del país) no quería que las escuelas católicas – en ese entonces el 70% de la matrícula aproximadamente – fuera supervisada por el Estado durante los primeros estertores del estado docente en Chile. Tal principio perduró en la siguiente Constitución de 1925 y permitió a la elite cierta autonomía a su labor educativa: de esta forma, el proyecto educativo de la elite seguía disputando conciencias, incluso con fondos del Estado. Sin embargo, como en casi toda Latinoamérica, el sistema educativo público se fortaleció, ya hacia el año 1970 el Estado sostenía directamente aproximadamente el 70% de la matrícula aproximadamente… en crecimiento.[2]
Antes de la Reforma Neoliberal, la educación pública en Chile venía consolidándose, no sólo a través de la gestión del Estado, también a través de las propuestas que las organizaciones sociales (principalmente docentes) que venían construyendo a través de sus luchas. La historia social en Chile muestra como durante el siglo XX sucesivos movimientos de docentes, de estudiantes y trabajadores fueron amalgamando un proyecto educativo popular. Un proyecto pedagógico laico, democrático, comunitario que fue en gran parte recogido por el proyecto de la Escuela Nacional Unificada, reforma educativa que el gobierno de la Unidad Popular presentaría, junto a un proyecto de reforma constitucional, en un fatídico día de septiembre, cuando una oleada de sangre cayó sobre nuestro país. [3]
Con la Constitución del 80 la fórmula quedó a la medida del proyecto educativo religioso – empresarial. Combinó el Estado subsidiario con la libertad de elegir y ofertar, constituyéndose el mercado como patrón de funcionamiento para el sistema educativo chileno.
Sobre la base de la retracción de la iniciativa educativa estatal y la liberalización de una oferta subsidiada se diluyó la educación pública hasta borrar incluso su significado histórico. En 30 años la matrícula de la educación obligatoria pasó al control de los privados. De un 22 % en 1982 a un 42% en 1990 a casi un 70 % (quizás más) en la actualidad. Durante los gobiernos democráticos el sistema subsidios a la oferta se extendió a la educación superior, la cual está en un 85 % controlada por los privados. Similar proceso se espera ocurra con la creciente cobertura de la educación parvularia.[4]
¿Qué es hoy la educación pública con estos porcentajes de matrícula? ¿Qué sentido de construcción social puede tener? El sentido de la educación, tema tan relevante para pensar la educación que queremos quedó, hace años, en manos de los privados ¿Qué privados son? ¿Representan lo público? No son organizaciones comunitarias, sociales, menos populares las que gestionan las escuelas en Chile. En los años ochenta muchas de estas escuelas comenzaron a ser gestionadas por pequeños comerciantes que vieron en el “mercado educativo” una oportunidad de negocio. Un mal negocio, que sin recursos, sin alianzas y lo peor de todo sin proyecto, tenía un costo social y humano que muchos ya no quieren sostener.
¿Quién se hace cargo? No ha sido el Estado. La Constitución no lo promueve, ni lo permite. Se “ha hecho cargo” en gran parte, el empresariado, que a través de fundaciones, corporaciones, agencias, programas, donaciones, subsidios y un complejo entramado de alianzas público-privadas ha imprimido el sello mercantil al sistema educativo en Chile. Tras la retórica de la calidad han manipulado el sentido común de las personas, incluso de los mismos profesores, haciendo que la educación sea desde su propio origen una mercancía más en el proyecto político y económico empresarial. En este proyecto competimos por la educación, requerimos libertad de elección, porque si la educación no se traduce en un mejor empleo, no tiene ya ningún sentido.
El proyecto educativo neoliberal pasó de la pinochetista Constitución al sentido común nacional. Las sistematizaciones existentes sobre las discusiones constituyentes hechas en los últimos años muestran una realidad compleja. Si bien la educación sigue siendo una amplia demanda ciudadana, la calidad y su gratuidad son la principal demanda mencionada por las asambleas y cabildos sistematizados hasta la fecha. Educación cívica y no sexista aparecen en forma muy secundaria. Otros temas como la inclusión, la participación, el sentido de la educación, o lo comunitario prácticamente no aparecen. [5]
¿Qué cambio constitucional podría revertir esto? O mejor dicho, ¿es posible pensar una constitución sin un proyecto educativo que se oponga al proyecto de la elite? No podemos repetir recetas anteriores y debemos apropiarnos del contexto. Para esto es importante cuestionar el norte educativo del proyecto educativo de la elite. La lucha por la educación debe tener un nuevo Sur.
El “pacto por la paz” que dio origen a este cambio constitucional no tomó en cuenta los tiempos que requiere este proceso. Peor aún, no consideraron el tremendo error que puede significar lanzarse a legitimar un entramado constitucional sin haber avanzado conjuntamente en un proyecto popular anti neoliberal. En el caso de la Educación. el proyecto educativo popular neoliberal debe apostar a sacar a los empresarios y la Iglesia del control de la educación, pero para eso debe poner sobre la mesa un proyecto educativo que vaya más allá de la calidad y la gratuidad, que portan en si la reproducción de la competencia como un virus endémico del sistema escolar.
Este proyecto educativo popular para el siglo XXI debe basarse en las luchas de los movimientos sociales, tal como lo hizo el casi triunfante proyecto educativo popular que se fraguó en las luchas del siglo XX. Son las organizaciones de actores educativos, las que no firmaron ningún acuerdo son las que deben dar continuidad a este proceso. ¿Educación y poder constituyente? El poder constituyente en educación comenzó con el siglo. El 2001 los estudiantes secundarios protagonizaron el mochilazo, el 2006 el pingüinazo[6] y el 2011 abrió un nuevo período de luchas intersectoriales que sacudieron el sentido común neoliberal con la revuelta popular en Octubre del 2019. Este período nos dejó una serie de propuestas[7] sobre las cuales las organizaciones debemos trabajar, difundir y formar (nos) para que, en un lapso más largo que los tiempos que da el pacto convencional, podamos conquistar el sentido común nacional.
Propuestas que hablan de una educación pública garantizada por el Estado, por supuesto que gratuita y de calidad, pero con un proyecto educativo popular, más allá del mercado, con sentido democrático y comunitario. Que permita a las comunidades repensar y construir los sentidos de la educación ante los desafíos del siglo XXI. Solo así podremos ejercer auténticamente poder constituyente, poner freno al desarrollo proyecto educativo de la elite y por fin realmente escribir la historia a nuestra manera.
[1] Más en detalle Folleto N° 1 “LA EDUCACIÓN ANTE EL MOMENTO CONSTITUYENTE -Foro por el Derecho a la Educación Pública ¿Qué dice la actual constitución?
[2] Entre el año 1925 y el año 1973 la Educación Pública aumentó de 500.000 a más de 3 millones de matriculados (Manuel Riesco). Riesco, M. (2007). La necesidad de reconstruir el sistema nacional de educación público desmantelado por la dictadura y la LOCE. Revista Pensamiento Educativo, PUC, 40, 243-261.
[3] Algunos significados asociados a la Libertad de Enseñanza en la reforma constitucional propuesta por la Unidad Popular el año 1973: “La educación que se imparta a través del sistema nacional será democrática y pluralista, y no tendrá orientación partidaria oficial. Su modificación se realizará también en forma democrática, (…) Los organismos técnicos competentes harán la selección de los textos de estudio sobre la base de concursos a los cuales tendrán acceso todos los educadores idóneos, cualquiera que sea su ideología. Habrá facilidades equitativas para editar y difundir esos textos escolares, y los establecimientos tendrán libertad para elegir los que prefieran. (….)El ingreso y promoción de profesores e investigadores a la carrera académica se hará tomando en cuenta su capacidad y aptitudes. El personal académico es libre para desarrollar las enseñanzas conforme a sus ideas, dentro del deber de ofrecer a sus alumnos la información necesaria sobre las doctrinas y principios diversos y discrepantes. Los estudiantes universitarios tienen derecho a expresar sus propias ideas y a escoger, en cuanto sea posible, la enseñanza y tuición de los profesores que prefieran.
[4] A pesar de la tenaz oposición de las funcionarías de la Junta Nacional de Jardines infantiles, este sistema de subsidios se aprobó pase recientemente en el parlamento para aumentar la cobertura en la educación parvularia.
[5] Unidad Social, Universidad de Chile, Universidad Católica del Norte, Universidad de Tarapacá, Universidad de Tarapacá, Universidad Arturo Prat, Universidad de Santiago, Universidad Tecnológica Metropolitana, Universidad de Valparaíso, Universidad de Concepción, Universidad de La Frontera, Universidad de Los Lagos y Universidad Austral de Chile. (2021). Demandas prioritarias y propuestas para un Chile diferente: sistematización de 1.233 cabildos ciudadanos .disponible en https://doi.org/10.34720/wk9d-dp94 . ver también las sistematizaciones hechas a los encuentros locales autoconvocados realizados en todo Chile el 2016. Un buen artículo sobre el tema es Ihnen, C., Millaleo, S., & Soto, F. (2020). El debate constitucional sobre el derecho a la educación y su impacto en la ciudadanía. Revista de ciencia política (Santiago), 40(3), 699-728.
[6] Pingüinos se les llama en Chile a lxs estudiantes secundarixs.
[7] Para revisar algunas de ellas en la web del Foro por el Derecho a la Educación Pública. Libro: Una década de luchas y propuestas por el derecho a la educación. Revisar Además documentos de sistematización. Encuentro Nacionales de Actores Educativos 2020-2021 y Folletos para el debate constituyente en la misma web.
