La región invierte un 6,3% del presupuesto nacional y un 3,9% del Producto Interno Bruto (PIB) en la educación, pero las brechas entre países son grandes. La sociedad civil refuerza su proceso de exigibilidad.
Por mencionar una de las referencias más importantes, durante la reunión de ministros y ministras de Educación realizada en Lima (2014), los países de América Latina y el Caribe se han comprometido a asignar por lo menos un 6% del PIB y por lo menos un 20% de los presupuestos públicos para la educación hasta el 2030.
Tras poco más de una década desde la adopción de este compromiso y con el plazo de cumplimiento cada vez más cercano, las cifras encienden una señal de alerta, ya que los países de la región destinan actualmente, en promedio, apenas el 16,3% de sus presupuestos nacionales y el 3,9% del PIB a la educación, de acuerdo al estudio publicado en 2026 por la CLADE titulado Financiamiento de la Educación en América Latina y el Caribe: un desafío pendiente de cara a la Agenda 2030.
Los datos promedios esconden brechas entre países de la región, mientras Haití invierte el 1,2% y Bermudas el 1,9% del PIB en la educación, Costa Rica invierte el 6,25%, Bolivia el 8,32% y Brasil el 5,5% del PIB en la educación. Por otro lado, la inversión per cápita en educación aumentó significativamente en las últimas tres décadas, pasó de un promedio de 818 dólares en 1990 a 3,851 dólares en 2021, casi cinco veces más.
El país de la región que más invertía en 1990 era Chile, con 4.181,74 dólares, y el que menos asignaba fondos para la educación era Guatemala, con 463 dólares por persona.
Comparando con los recursos invertidos en promedio por los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la inversión por persona en edad escolar en América Latina y el Caribe representa un 18% de lo que invierten los países ricos, lo que evidentemente tiene implicaciones en la calidad de la educación de cada estudiante.
Desafíos persistentes, políticas insuficientes
En este contexto, los compromisos presentados por los Estados de Bolivia, Guatemala y Honduras durante la campaña de reposición de fondos de la Alianza Mundial por la Educación (AME), Multiplicar Posibilidades, plantearon la necesidad de seguir ampliando los recursos para la educación hasta el 2030, dicha acción tuvo buena acogida en la campaña. Estos fondos deberán ser monitoreados de cerca por la ciudadanía para que se concreten, y la proyección estima que ayudará a romper las profundas desigualdades territoriales, así como la falta de sensibilidad de género en las partidas presupuestarias y las severas limitaciones de espacio fiscal derivadas del pago de intereses de deuda.
Reflexionando sobre el resultado de la campaña de recaudación de fondos de la AME, Nelsy Lizarazo, coordinadora general de CLADE, señaló que “Es muy importante que comprendamos que los recursos no son escasos. Son suficientes. Las preguntas centrales son políticas y claras: ¿En qué se están invirtiendo? ¿En manos de quiénes están concentrados? ¿En qué paraísos fiscales se encuentran? Las respuestas a estas preguntas abrirían caminos para el financiamiento sostenible de la educación pública“.
La distribución del presupuesto educativo es el principal desafío del Estado boliviano que, durante la campaña de la AME, prometió invertir el 8,6% de su PIB en la educación entre 2026 y 2028, subiendo para 8,7% a partir del 2030. Las cifras representan un crecimiento de 0,4% comparado a los datos de 2023 presentados en el estudio de CLADE.
Guatemala, uno de los países con más baja inversión en educación de la región, presentó un compromiso de invertir entre 2,59% y 2,85% de su PIB en la educación entre 2026 y 2030. Eso representa una caída de 0,4% comparado a lo que se invirtió en 2023, según el mismo informe de la CLADE. Según el Ministerio de Educación, la promesa se basa en el Plan Estratégico Institucional 2025-2029 y buscará mejorar la eficiencia de la inversión pública educativa. El Plan tiene el objetivo de garantizar la educación inclusiva, equitativa y de calidad, fortaleciendo la educación intercultural bilingüe y atendiendo a poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Por su parte, el Gobierno de Honduras se comprometió a destinar el 4,52% de su PIB a la educación en 2026, con un incremento gradual hasta alcanzar el 6,29% en 2030. Esta proyección representa un aumento de 2,29 puntos porcentuales respecto al 4% registrado en 2023, según los datos recopilados por CLADE. Sin embargo, aunque la meta supera el mínimo del 6% del PIB establecido como referencia internacional, todavía se encuentra por debajo del compromiso de destinar al menos el 20% del presupuesto nacional a educación, ya que para 2030 se prevé alcanzar el 12,22%. Estas cifras muestran que persisten diversos desafíos para concretar dar prioridad a la educación pública.
>> Lee las notas:
La CLADE se suma al llamado global de Abuja sobre el financiamiento educativo
