Desde el comienzo de 2021, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) ha puesto en debate las luchas por la defensa del derecho a la educación durante la pandemia que, desde 2020, ha recrudecido las desigualdades y tensionado los problemas que alejan la garantía de la educación como un derecho. Ha abordado, así mismo, los desafíos que este contexto representa al futuro, en la postpandemia.
Desigualdades en la Educación, la falta de financiamiento y crecimiento de la privatización educativa, la intersección de la educación con otros derechos para procesos educativos con calidad, la infraestructura educativa en el contexto de pandemia y derechos digitales, la educación de personas jóvenes y adultas y su doble marginación y la violencia de género, trabajo infantil y represión contra las comunidades educativas fueron las principales cuestiones analizadas.
Para cerrar este debate de principios del año educativo de 2021, presentaremos en este especial los principales desafíos de estos primeros meses para la garantía del derecho a la educación en América Latina y el Caribe y, más que eso, destacaremos las acciones que nuestra red ha impulsado para seguir adelante.
Durante su participación en un diálogo virtual organizado por el Foro Venezolano por el Derecho a la Educación, en alianza con Otras Voces en Educación (OVE) y la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa, Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE, llamó la atención para algunos desafíos importantes que la región enfrenta con relación al derecho a la educación, tales como la “derechización” política y educativa, la criminalización contra comunidades educativas, el proceso de lucro y privatización en la educación y la narrativa predominante en defensa de la educación a distancia.
“Son situaciones y preocupaciones que estamos observando que son variantes de lo mismo, que nos preocupan y que nos tienen que preocupar porque vienen con fuerza en este tiempo de pandemia y van a ser una herencia en la postpandemia”, afirmó.
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Otra problemática enfrentada por docentes, estudiantes y profesionales de la educación es la presión por la reapertura de las escuelas y centros educativos sin que haya las condiciones necesarias de infraestructura y seguridad sanitaria.
Con respecto al tema, la Relatora sobre el Derecho a la Educación de Naciones Unidas, Koumbou Boly Barry, opina que será indispensable que los Estados coordinen las próximas medidas con todos los actores: sindicatos de profesoras/es, padres y madres, estudiantes, comunidad, administración de la escuela; y también con los otros ministerios que están a cargo, por ejemplo, del agua, de la salud, de la vivienda, etc. “Es con esa capacidad de tener un enfoque holístico en términos de derechos humanos, porque estos derechos son interdependientes y relacionados entre sí, que la coordinación debe realizarse a nivel nacional pero también de manera intrínseca al nivel de las municipalidades y de las escuelas… Sin este diálogo y sin esta coordinación, es peligroso abrir o reabrir las escuelas o instituciones académicas”.
Otro componente importante que se discute actualmente es la salud mental y el apoyo psicosocial, pues la COVID-19 provocó mucho estrés, agobio y miedo a las personas en general, pero especialmente a las comunidades educativas: docentes, estudiantes, trabajadoras/es y directivos de la educación, así como a las familias.
Para Marcela Browne, de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación, “una de las cosas interesantes que nos trajo la pandemia es que se ha instalado el tema de la educación en la agenda pública en general, o sea, los grandes temas de la pandemia fueron la salud y la educación. Todo el mundo habla de la educación a partir de las tensiones que hay alrededor de la presencialidad y las grandes preguntas que se han hecho a todo el tiempo sobre la educación tienen que ver con ‘¿dónde están estos chicos, chicas, jóvenes que no pudieron acceder a la educación en 2020?, ¿cómo hacemos para conectarlos?, ¿qué actividades diseñamos?”. Ella afirma que, en Argentina, el ministro de Educación habla de priorizar la presencialidad. “Todo el tema de la infraestructura sigue siendo un pendiente. Tenemos 1100 estudiantes entre primaria y secundaria que no han estado vinculados con el sistema escolar y hay una fuerte expectativa de revinculación”, explicó.
En Brasil, sin garantías de que la vacuna llegue a toda la población pronto, se demanda que la reapertura de las escuelas sea un proceso que garantice las condiciones necesarias. “El año pasado estuvimos mucho tiempo discutiendo cuándo reabrir las escuelas y muy poco construyendo condiciones para que hubiera la reapertura, no solo desde el punto de vista estructural, como desde la perspectiva de la seguridad de profesionales de educación y estudiantes. Es necesario profundizar este debate de cómo garantizar las condiciones, con diálogo muy fuerte con las comunidades educativas y con inversiones estructurales para el área. Es decir, de nada vale abrir las escuelas sin que ellas tengan ventanas, haya circulación de aire, mínimas condiciones de higiene, distanciamiento y que en un sistema híbrido no se garantice acceso a Internet”, comenta Andressa Pellanda, de la Campaña Brasileña.
En Colombia, a pesar de las insistencias del Ministerio de Educación, no se pudieron abrir las escuelas debido a la agresividad de la COVID-19 y a la insuficiencia del sistema de salud. “En este momento, todos los hospitales están completamente colapsados, las familias, empobrecidas y pasando hambre, y además se ha decretado cuarentena a lo largo y ancho del país como única posibilidad de proteger la vida. La perspectiva es continuar con la educación virtual, hasta que se inicie el proceso de vacunación de la población, que está bastante retrasado con respecto a otros países”, cuenta Blanca Cecilia Gómez, de la Coalición Colombiana.
Zochil Colomer, del Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua (FEDH-IPN), afirma que en Nicaragua se continuará demandando a las y los tomadoras/es de decisiones contar con las medidas básicas y necesarias para la prevención de la COVID-19, y para garantizar agua potable en todas las escuelas, en especial aquellas ubicadas en sectores periféricos al centro urbano y escuelas rurales, así como el distanciamiento físico mínimo requerido, entre otras medidas indicadas por UNESCO y Organización Mundial de Salud (OMS). “El Ministerio de Educación debe de presentar un plan real y adecuado para abordar la emergencia por COVID-19 en las escuelas de manera oportuna que reduzca la exposición al contagio de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, además de asegurar el fortalecimiento de los aprendizajes del año educativo 2020 y contar con planes alternos para la educación remota para aquellos niños, niñas, adolescentes y jóvenes que prefieran quedarse en casa y aquellos en mayor riesgo de contagio por condiciones previas como enfermedades crónicas, discapacidades, etc”, explica.
Para que el derecho humano a la educación sea garantizado en el contexto de pandemia, la CLADE lanzó la “Guía Protección del Derecho Humano a la Educación: Recomendaciones hacia la reapertura de centros educativos y reinicio de ciclos 2021”.
El presente documento contiene 32 recomendaciones y orientaciones para la atención educativa y la garantía del derecho a la educación en el contexto de pandemia y la adopción de medidas específicas, oportunas y adecuadas ante el inicio (reapertura) de los ciclos educativos, instando a que las mismas sean adoptadas de conformidad con el pleno respeto a los derechos humanos, así como con la obligación de brindar un acceso efectivo cualquiera sea la modalidad que se adopte: presencial, semipresencial, remota, combinada, a distancia.
Para el proceso de formulación de las recomendaciones, han sido consultados los siguientes documentos: la Guía de las Guías COVID-19, de la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación; la publicación ¿Cómo garantizar el acceso al derecho a la educación para niñas, niños y adolescentes durante la pandemia de COVID-19?, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); los Protocolos y orientaciones para la reapertura de escuelas en países de América Latina y el Caribe, de Unicef; y el informe Reabrir las escuelas en América Latina y el Caribe: claves, desafíos y dilemas para planificar el retorno seguro a las clases presenciales, de Unesco.
“Ante el inicio de un nuevo ciclo educativo en la región, con el presente documento de recomendaciones, la CLADE se propone abogar y contribuir a un retorno seguro y gradual”, se afirma en el documento.
Durante el peor momento de la pandemia COVID-19, se calcula que unos 1500 millones de estudiantes tuvieron su derecho a la educación detenido o interrumpido en todo el mundo. Los sistemas educativos continúan enfrentándose a una crisis devastadora, los retos que rodean la financiación pública y la siempre creciente presión sobre los recursos para los bienes públicos tienen como resultado una menor prioridad de la educación. La pandemia COVID-19 ha profundizado la exclusión digital de muchas comunidades especialmente vulnerables, incluyendo personas con discapacidades.
En este contexto, en América Latina y el Caribe, las organizaciones, colectivos, redes y activistas que forman parte de la CLADE se suman a la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) 2021.
En consonancia con el marco político de la campaña Mil Millones de Voces por la Educación, la SAME de este año se centrará en acciones para reivindicar que haya el aumento de la financiación pública para garantizar una educación pública y gratuita de calidad, inclusiva y equitativa, promoviendo oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todes.
En nuestra región, serán realizados eventos, acciones de comunicación y sensibilización, diálogos virtuales, lanzamientos de estudios y otras actividades alrededor del tema.
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Marcela Browne, de la Campaña Argentina , afirma que seguirán luchando para que todas y todos tengan garantizado su derecho a la educación.
“Lo que vamos a hacer y hacemos siempre es trabajar acompañando las políticas que tienen que ver con la garantía del derecho a la educación”.
Escucha su testimonio:
Para Andressa Pellanda, de la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación, “este año tenemos prioridades estructurales, ya que en 2020 logramos aprobar el nuevo y permanente Fundeb [Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y Valoración de los Profesionales de Educación] y para que él pueda ser implementado de manera integral es necesario que el Sistema Nacional de Educación y el CAQ (Custo Aluno Qualidade) sean reglamentados. El CAQ, creado por la Campaña Brasileña hace 20 años, es un indicador que estima cuánto debe ser invertido al año a cada estudiante en cada etapa y modalidad de educación básica, para asegurar este derecho para todas y todos, con calidad.
La Campaña Brasileña actuó por una legislación para la reglamentación del Fundeb y seguirá incidiendo para que se reglamente también el Sinaeb (Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Básica), a través del cual serán destinados recursos del Fundeb.
“Además de las luchas estructurales, tenemos las coyunturales, que tratan de la agenda de exclusión escolar y de la necesidad de integración e inclusión de estudiantes, así como la reapertura de las escuelas de manera segura en el contexto de pandemia. También seguiremos en el enfrentamiento a los retrocesos que vienen desde el gobierno federal no solo relativos a las políticas económicas, sino que también contra las agendas ultraconservadoras y retrógradas que el gobierno ha construido. Son ejemplos: la desmantelación de la política de la educación inclusiva y del combate a las discriminaciones de género, por identidad de género y orientación sexual, y también la militarización de las escuelas que ha aumentado en Brasil, no solo por los líderes del gobierno federal, como también desde los gobiernos estaduales y municipales”.
En medio de un proceso constituyente y de alta represión y criminalización de movimientos sociales, una pandemia que no cesa y el despliegue de un Estado policial y autoritario, el Foro por el Derecho a la Educación Pública ha creado estrategias para fortalecer los vínculos con las organizaciones de Chile, planteando propuestas para disputar el sentido común de los pueblos que habitan el país y desde las bases sociales incidir en el proceso constituyente.
Una de las estrategias fue la organización del II Encuentro Nacional de Educación “Organizadxs para transformar la educación como un derecho social. Comunidades Educativas y del territorio en resistencia ante la radicalización del modelo mercantil”, realizado el 20 de marzo y que reunió 80 organizaciones de seis regiones de Chile. Durante el encuentro, integrantes del Foro chileno utilizaron materiales educomunicativos para alimentar el debate. Además del encuentro, el Foro está desarrollando un trabajo junto a otras organizaciones del país para que la iniciativa se proyecte más a los territorios de Chile.
Así mismo, desde noviembre de 2019, la Mesa de Seguimiento a las vulneraciones al Derecho a la Educación durante la revuelta popular y la pandemia se convocó en el país por las organizaciones que integran la Red contra la Represión a Estudiantes y el Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile. La Mesa está formada por actores educativos organizados y se ha creado con el objetivo de realizar un seguimiento de las vulneraciones de los derechos humanos en la educación. “Las organizaciones de derechos humanos se encuentran precarizadas y no logran dar cuenta de lo que está ocurriendo en nuestras escuelas y liceos, por eso ‘surge la necesidad de constituir un espacio que pueda visibilizar este fenómeno e interpretarlo desde la perspectiva de las/los actores educativos organizados'”, señala Diego Parra, del Foro por el Derecho a la Educación Pública.
>> Informe sobre la situación de los derechos humanos y la educación en Chile
Blanca Cecilia Gómez, de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, afirma que la apuesta en 2021 estará en el fortalecimiento de la educación de personas jóvenes y adultas (EPJA) y de la educación y del cuidado en la primera infancia.
Escucha su testimonio:
Según Victor Cristales, del Colectivo de Educación para Todas y Todos de Guatemala, se impulsarán acciones por un mayor y mejor financiamiento educativo y para la garantía del derecho a la educación en la primera infancia. Otra lucha importante será para que “los jóvenes y adultos tengan competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo y a un trabajo decente”.
Escucha su testimonio:
Zochil Colomer, del FEDH-IPN, afirma que darán continuidad a la campaña nacional #EducaciónSi, en la que el Foro visibiliza los retos asociados a la garantía y al pleno goce del Derecho Humano a la Educación (DHE) en grupos históricamente vulnerados como las mujeres y niñas, personas con discapacidad, población LGBITQ+, poblaciones indígenas y afrodescendientes.
“También seguiremos con la concertación de espacios de análisis, reflexión y diálogos entre comunidad educativa, académicos e investigadores sociales, sobre el estado del DHE en el país, a fin de identificar desafíos, brindar recomendaciones y propuestas desde sociedad civil a los tomadores de decisiones para el mejoramiento de la calidad educativa”, dice.
Jesús Juárez, de la Campaña por el Derecho a la Educación en México (CADEM) afirma que tienen como prioridad la potencialización del trabajo por el derecho humano a la educación desde las bases, especialmente con mayor participación de jóvenes, docentes y en el campo de la EPJA.
“También vamos a promover la participación de nuevas redes en el país que fortalezcan el proyecto de ‘Financiemos lo justo para la educación’, acrecentar las organizaciones que participen activamente en la CADEM y divulgar, promover y propiciar el diálogo y los espacios de intercambio, trueque de saberes y capacitación”, afirma.
Según Diógenes Sánchez Pérez, de la Coalición Panameña por el Derecho a la Educación, las principales líneas de acción de la coalición, junto con otros sectores importantes del movimiento magisterial panameño, como la Asociación de Profesores de la República de Panamá (ASOPROF), es exigir el cumplimiento de lo que establece la ley orgánica de educación de dotar el 6% del PIB [Producto Interno Bruto] para el sistema educativo y acabar de una vez por todas con las escuelas ranchos que existen aún, a pesar de tener Panamá una economía por más de 20 años en crecimiento económico.
“Paralelamente, vamos a exigir la gratuidad en la conectividad y gratuidad de dispositivos tecnológicos que permitan disminuir la brecha digital y no seguir profundizando las desigualdades socioeconómicas de por sí tan elevadas en ‘épocas de normalidad’”, afirmó.
Según Pedro Acevedo, del Foro Socioeducativo, en 2021 la prioridad será incidir para poner en contexto la realidad de las zonas más vulnerables del país donde la educación casi no se está impartiendo por la falta de acceso.
“Además, vamos a seguir promoviendo la reflexión sobre el derecho a la educación de calidad para todas y todos y seguir apelando a la carrera docente, con procedimientos organizados de manera transparente para la selección y continuidad de las y los profesionales de la educación en la estructura del Estado”, explica.
Rose Mary Hernández Román, del Foro Venezolano por el Derecho a la Educación (FOVEDE), explica que, para 2021, el foro se propone abrir espacios de debate y reflexión sobre el impacto de la pandemia en la educación y las posibilidades de generar alternativas que garanticen la continuidad y expansión del derecho a la educación en las materias de formación docente, programas de estudio, infraestructura escolar, salarios y remuneraciones de docentes, educación científica y laica en las escuelas, nuevas profesiones en un mundo cambiante, sistemas de postgrados, entre otros temas.
“En esta etapa de pandemia, realizaremos en alianza con otras instituciones, foros virtuales y conferencias en línea, que se presentan a través del canal de YouTube de Otras Voces en Educación. Todo este conglomerado es entendido como dinámicas propositivas que cumplirán su trabajo, convocando a un panel plural que responda tres interrogantes que permitan generar propuestas para fortalecer las cosas que estén bien hechas, corregir aquellas que han tenido una definición y aplicación equivocada, así como lanzar al vuelo nuevas ideas”, afirma.
“Espero que se confíe en las innovaciones docentes y en la búsqueda de soluciones locales no homogéneas, para que la educación deje de ser basada en contenidos y vuelva a ser construida desde el encuentro que propicie la capacidad crítica-reflexiva sobre los tiempos que vivimos”, afirma Jesús Juárez, de la Campaña por el Derecho a la Educación en México (CADEM).
Para él, es necesario aprovechar la desescolarización forzada para actuar en otros espacios abiertos y cotidianos de nuestros contextos para los procesos educativos; y fortalecer los lazos de cooperaciones entre escuela, madres y padres de familia, estudiantes y comunidad.
“Que los objetivos de aprendizaje cambien en función de las necesidades originadas por la pandemia.
Que la burocracia escolar sea vencida por la vacuna de la confianza.
Que la participación ciudadana se potencie ante la tendencia centralista de los gobiernos.
Que haya las políticas públicas necesarias para que se concreten las disposiciones y cuidados sanitarios entre niñas/os y jóvenes
Una estrategia nacional de nivelación remedial del estudiantado Que haya financiamientos justos para personas en situación de vulnerabilidad y exclusión
Abrir escenarios mucho más flexibles en donde los espacios físicos, los horarios, las evaluaciones, los currículos, las estrategias, las indicaciones superiores y los materiales sean adaptados a la realidad que se vive”(texto de Jesús Juárez)
| Texto: | Thais Iervolino |
| Edición: | Fabíola Munhoz |
| Revisión: | Carolina Osorio |
| Ilustración: | Nayani Real |
