La II Reunión Regional de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe se realizó en Cochabamba, Bolivia, los días 25 y 26 de julio, con el objetivo de construir una Hoja de Ruta para la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS4), referido a la educación, y la Agenda de Educación 2030 (E2030) en América Latina y el Caribe.
La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) participó en el evento, con una delegación compuesta por Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE; David Aruquipa, director ejecutivo de la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación; Madeleine Zúñiga, coordinadora de la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación; Marcela Browne, integrante de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación y punto focal de educación, empleo e inclusión del C20, grupo de participación de la sociedad civil en el G20; así como Mauricio Chiluisa, representante del movimiento estudiantil de Ecuador. Igualmente estuvieron presentes integrantes de las redes hermanas CEAAL, ICAE, OMEP Latinoamérica y REPEM.
En su intervención durante la Reunión de Ministras/os, Croso planteó el trabajo de monitoreo del cumplimiento del ODS4 que realiza la CLADE, y cómo este se viene desarrollando a partir de articulaciones de la sociedad civil Sur-Sur, especialmente en el marco de la participación de la ciudadanía en los procesos de elaboración de Informes Nacionales Voluntarios que son presentados por los Estados ante el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas (FPAN), plataforma oficial de seguimiento y revisión de los ODS a nivel internacional. Señaló también que participar en el proceso de revisión del FPAN permite no solo el diálogo entre redes y actores de sociedad civil de los distintos continentes, sino que también posibilita evaluar los retos pendientes y avances en la realización del derecho humano a la educación a nivel mundial.
Entre los desafíos que se identifican, Croso subrayó que el financiamiento educativo es un nudo crítico para la implementación del ODS4, y que preocupa a nivel regional el crecimiento de tendencias de privatización y mercantilización de la educación, que ponen el lucro por encima del cumplimiento del derecho. “Para garantizar un financiamiento adecuado para la educación pública y gratuita, es necesario luchar por justicia fiscal. Son necesarios sistemas tributarios nacionales justos, progresivos y equitativos, así como mecanismos para contrarrestar la elusión y evasión fiscales, garantizándose así mayor presupuesto público para la educación”, afirmó.
También destacó que la igualdad de género es una condición necesaria para avanzar en la realización de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la educación. “Sin embargo, observamos graves retrocesos en materia de igualdad de género en distintas partes del mundo”, enfatizó. Señaló, además, la importancia de garantizar una educación pública, laica, emancipadora y garante de derechos, así como la relevancia de la educación sexual integral en los currículos, como formas de enfrentar y superar la violencia y discriminación por razón de género en y desde los espacios educativos.
Por fin, instó por el reconocimiento del derecho a la participación de estudiantes en procesos de toma de decisión sobre las políticas educativas, desde el ámbito local y la escuela, hasta los planes nacional, regional e internacional.
