Ofertas educativas públicas para mujeres indígenas jóvenes y adultas entre 15 y 30 años en Brasil, Colombia, Guatemala y Paraguay.
18 de junio de 2024El estudio Ofertas educativas públicas para mujeres indígenas jóvenes y adultas de entre 15 y 30 años en cuatro países de la región -Brasil, Colombia, Guatemala y Paraguay- busca identificar y analizar la oferta educativa pública existente para mujeres indígenas jóvenes y adultas en estos cuatro países; con el objetivo de brindar recomendaciones de políticas públicas que partan del reconocimiento de las particularidades encontradas para la plena realización de la educación intercultural bilingüe y transformadora de género de mujeres indígenas jóvenes y adultas. Además, el estudio busca contribuir al seguimiento de las recomendaciones del Marco de Acción de Marrakech y al trabajo de la Plataforma de Redes Regionales por la Educación de Personas Jóvenes y Adultas.
Entre los hallazgos encontramos que las políticas afirmativas y enfocadas a mujeres indígenas han estado limitadas a la alfabetización y concesión de becas, sin integrar un enfoque de género, no victimizante y decolonial, necesario para promover una educación transformadora y emancipadora más allá de la formación técnica profesional tradicional.
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CLADE promueve reflexión acerca de alcances y limitaciones del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en escuelas públicas
14 de junio de 2024“Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para garantizar el derecho a la educación en América Latina y el Caribe” fue el tema que la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación- CLADE presentó en el Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, realizado entre los días 12 y 15 de junio en Bogotá (Colombia).
La participación de la CLADE fue representada por Gabriela Arrunátegui, asesora de Programas del equipo regional, que presentó la investigación “Alcances y Limitaciones del uso de las TIC para garantizar el derecho a la educación en América Latina y el Caribe: una reflexión desde escuelas públicas primarias de Argentina, Bolivia y Guatemala”.
Sobre la investigación
Realizada por la CLADE en alianza con la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE), y el Colectivo por el Derecho a la Educación para Todas y Todos de Guatemala y contando con el respaldo y financiamiento de EDUCO España. La investigación se enfocó en analizar, desde la perspectiva de los territorios escolares, cómo se gestionó el uso de las TIC durante la pandemia con el fin de garantizar la continuidad educativa, así como las limitaciones y posibilidades que encontraron y que siguen encontrando actualmente.
Los hallazgos revelaron diferencias significativas en el acceso y uso de las TIC entre escuelas urbanas y periurbanas, destacando la importancia de la capacitación y el apoyo técnico para maximizar su potencial en la enseñanza. Sin embargo, persisten desafíos en cuanto a la protección de datos y privacidad, así como en la integración efectiva de las TIC en la pedagogía. Se subrayó la necesidad de un enfoque integral que considere aspectos socioeconómicos y culturales para aprovechar plenamente el potencial de las TIC en la educación en América Laina y el Caribe.
Entérate más: Alcances y Limitaciones del uso de las TIC para garantizar el derecho a la educación en América Latina y el Caribe: Una reflexión desde escuelas públicas primarias de Argentina, Bolivia y Guatemala
Hallazgos del estudio:
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Invertir en el futuro: Curso para una fiscalidad justa para una educación de calidad
26 de abril de 2024¿De dónde vienen los recursos para financiar la educación de niños, niñas, adolescentes, personas jóvenes y adultas de los países de América Latina y el Caribe? ¿Cómo ampliar los recursos públicos a la educación? Fue a partir de esas y otras cuestiones que la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en alianza con la Red para la Justicia Fiscal para América latina y el Caribe y la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (LATINDADD) realizó entre febrero y abril el curso virtual “Invertir en el futuro: fiscalidad justa para una educación de calidad”.
Prevista para una dedicación de 40 horas, la formación en línea fue ofertada de manera gratuita y contó con más de 100 personas inscriptas. El objetivo de la iniciativa fue acercar a los principales conceptos del derecho humano a la educación y la justicia fiscal de forma interrelacional.
Autodirigido, el curso tuvo cuatro módulos que abordaron temas clave: (a) lo público y la educación, (b) justicia fiscal y su impacto en la educación, (c) financiamiento del Estado y reformas tributarias progresivas y (d) incidencia social e historias de cambio. A través de él, se actualizaron los marcos conceptuales, y el análisis estratégico del propio contexto identificando áreas de oportunidad que los Estados puedan asumir para garantizar el acceso pleno a educación pública de calidad.
Las organizaciones preveen la realización de más ediciones a partir del segundo semestre.
Justicia Fiscal para garantizar el derecho humano a la educación
El curso es resultado del Proyecto Justicia Fiscal y Educación, realizado entre 2022 y 2023 por la CLADE, Latinddad y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe e investigó la inversión en educación entre 2015 y 2022 en la región y en los países Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Según las organizaciones, el ejercicio investigativo sirvió para entender el origen de la “falta de recursos” para el sector educativo en los países participantes. “La mayoría de los sistemas fiscales de la región son altamente regresivos y cargan impuestos a toda la población sin diferenciar su nivel de ingreso, su riqueza y su capital. La búsqueda de sistemas fiscales progresivos es una lucha histórica que viene tomando fuerza; tanto así, que autoridades económicas se reunieron en julio de 2023 en Cartagena para discutir sobre la Convención Fiscal de Naciones Unidas, un espacio alterno a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que agrupa a los países ricos y responde a sus intereses”, afirman.
Lee más:
Justicia Fiscal para el Derecho Humano a la Educación – Una mirada regional desde América Latina
El sistema tributario en Argentina y el financiamiento en educación de 2015-2021
El sistema tributario y su impacto en la financiación de la educación en Colombia entre 2015 y 2021
El sistema tributario en Guatemala y el financiamiento de educación entre el 2015 y 2021
El sistema tributario en Paraguay y el financiamiento en educación entre el 2015 y 2021
El sistema tributario en Perú y el financiamiento de educación entre el 2015 y 2021
El sistema tributario en República Dominicana y el financiamiento de educación entre 2015 y 2021
Evolución de la inversión en Educación en Argentina entre 2015 y 2021
Evolución del Gasto en Educación en Colombia entre el 2015-2021
Evolución del Gasto en Educación en Guatemala entre el 2015-2021
Evolución del Gasto en Educación en Paraguay entre el 2015-2021
Evolución del gasto en Educación en el Perú 2015-2021
Evolución del Gasto en Educación en República Dominicana entre el 2015 y 2021
#SAME2024: organizaciones de la sociedad civil de América Latina y El Caribe se pronuncian por la defensa del derecho humano a la educación
24 de abril de 2024Entre el 22 y 26 de abril se desarrolla la Semana de Acción Mundial #SAME2024, la movilización demanda a los Estados la debida atención y priorización sobre una educación que genere transformaciones que profundicen la justicia social y el desarrollo sostenible, sin discriminaciones ni violencias de ningún tipo.
Con un nuevo llamado simbolizado con toques de tambores por el derecho humano a la educación, la SAME abraza el lema “la educación transformadora construye justicia social, paz y desarrollo sostenible”.
Diversas iniciativas lideradas por organizaciones sociales en defensa de la educación se han sentido en América Latina y El Caribe, tales como marchas, seminarios, charlas, exposiciones y pronunciamientos, entre otros.
Llamado urgente por más y mejor inversión educativa en Colombia
La Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación (CCDE) se suma a la movilización mundial de la #SAME2024, subrayando la exigencia del cumplimiento de los compromisos en materia educativa, así como la demanda urgente de mayores recursos y políticas efectivas que garanticen una educación inclusiva y equitativa para todas y todos a lo largo de la vida.
La CCDE expresa en su pronunciamiento que “unimos nuestras voces para hacer un llamado urgente a la inversión en educación pública y transformadora, la defensa de la justicia social y la igualdad de género, la implementación de las recomendaciones del Grupo de Alto Nivel sobre la Profesión Docente y la descolonización de la financiación educativa”.
Lee el pronunciamiento completo
Demanda por la inclusión transformadora en Guatemala
Como parte de la membresía de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación – (CLADE), el Colectivo de Educación para todas y todos de Guatemala, creado en 2003, funciona basado en los principios del trabajo colectivo, donde su principal componente es el compromiso con el derecho humano a la educación pública gratuita, laica y que garantice la dignidad para todas y todos.
En el marco de la #SAME2024, el Colectivo expresó en un comunicado público “que abogamos por la inclusión de la educación transformadora como una agenda clave en la Cumbre del Futuro”, del mismo modo subrayó el rol de los Estados en este sentido, “responsabilizamos y llamamos al gobierno y a otros responsables de la toma de decisiones de la educación transformadora y de los compromisos con la Cumbre para la Transformación de la Educación (TES)”.
Marcha Federal Universitaria y #SAME2024 en Argentina
En un contexto de movilización sin precedentes, cientos de miles de personas se unieron ayer en toda Argentina para participar en la Marcha Federal Universitaria, en defensa de las universidades públicas y gratuitas del país. La histórica manifestación contó con el apoyo de gremios sindicales, docentes universitarios, estudiantes y familias, que salieron a las calles para exigir el financiamiento adecuado y la preservación del acceso irrestricto a la educación superior.
Desde la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), en el marco de la SAME 2024, se llevan a cabo diversas actividades en Buenos Aires. En el stand 1818 de la Feria del Libro, en el predio ferial de la Rural, junto con Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y Centro de Participación para la Paz y los Derechos Humanos (CePaDeHu), se disponen juegos y carteles en defensa del derecho a la educación.
La conjunción de estas dos importantes movilizaciones demuestra el compromiso de la sociedad argentina con la educación como motor de desarrollo y justicia social. La CADE invita a todos los ciudadanos a sumarse a estas actividades y a seguir luchando por un futuro con más y mejor educación para todos.
Evolución del gasto en educación y funcionamiento de los sistemas tributarios en el Guatemala: 2015 – 2022
2 de febrero de 2024El Ministerio de Educación necesita un presupuesto mucho más alto que el asignado hasta ahora, pero no solo necesita un incremento presupuestario, sino también una revisión profunda y una reorientación de la calidad del gasto. Ninguna duda cabe acerca de la necesidad de financiar el funcionamiento institucional, pero habrá que verificar si los resultados del gasto de funcionamiento contribuyen realmente al logro del gran objetivo de la educación como motor del desarrollo.
La estructura tributaria de Guatemala es injusta y regresiva, con un alto grado de ineficiencia y baja capacidad recaudatoria. El sistema no se basa en la capacidad La estructura tributaria de Guatemala es injusta y regresiva, con un alto grado de ineficiencia y baja capacidad recaudatoria. El sistema no se basa en la capacidad de pago de las personas; más bien se recarga a los contribuyentes en situación de dependencia. Esta situación queda en evidencia al examinar los datos de
los últimos cinco años.de pago de las personas; más bien se recarga a los contribuyentes en situación de dependencia. Esta situación queda en evidencia al examinar los datos de los últimos cinco años. En el mediano y largo plazo, la política fiscal puede jugar un papel redistributivo para mejorar las condiciones de vida de la población, reducir la pobreza y eliminar la desigualdad social. En el caso de Guatemala, la estrategia se basa en el crecimiento económico neoliberal, que implica proporcionar todas las facilidades a la iniciativa privada para que, al mejorar sus ingresos, este beneficio se derrame y genere un efecto cascada que impacte directamente en los sectores con menores recursos.
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Asia, África, América Latina y El Caribe: justicia fiscal es la respuesta para garantizar el financiamiento público educativo
15 de septiembre de 2023Las transferencias de riquezas al norte global mina nuestro derecho de tener un desarrollo sustentable. Fue lo que afirmaron especialistas de todo el mundo durante el Taller Regional-global “Justicia fiscal y derecho humano a la educación: experiencias y perspectivas para la incidencia”, realizado durante los días 8 y 9 de septiembre en Santiago de Chile. En la ocasión, se debatió la importancia de luchar contra la evasión y elusión fiscal para garantizar el derecho a la educación.
Chenai Mukumba, de la Red de Justicia Fiscal en África (TJNA) mencionó que los países africanos están dando el 3% del PIB (Producto Interno Bruto), en contraposición con el 6% que exigen los compromisos internacionales. “En Ghana, con 20% de lo que se pierde en incentivos fiscales, si se invirtiera en educación, asistirían 300 mil niños y niñas más a las escuelas. Se podrían contratar 10 mil profesores más. Y se podrían repartir 557 mil comidas para niños y niñas en los comedores de los centros educativos”, afirma.
En ese sentido, Aida Jean Nacpil Manipon, de la Red de Justicia Fiscal en Asia, aseguró que “las transferencias de riquezas al norte global erosiona nuestra propia capacidad de tener un desarrollo sustentable”. La representante de Asia dijo ser necesario un llamado para mejorar los servicios públicos, con más inversión en educación y salud pública.
Desde América Latina y el Caribe, Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad), habló sobre la correlación del derecho humano a la educación y la justicia fiscal: a corto plazo, la justicia fiscal posibilita que la sociedad disponga de más recursos para servicios públicos – como la educación – y a largo plazo, la educación pública fortalece la justicia fiscal.
Desde una mirada regional, Amparo Naranjo, de Unesco, plantea afirma que “una inversión en educación produce retornos importantes no solo el individuo sino en el planeta.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 [que trata del derecho a la educación] es apalancador como otros objetivos. Hay que pasar de las palabras a la acción”.
Sobre el evento
El Taller Regional-global “Justicia fiscal y derecho humano a la educación: experiencias y perspectivas para la incidencia” es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.
Además de Adrián Falco, Chenai Mukumba, Amparo Naranjo y Aida Jean Nacpil Manipon, Vernor Muñoz, Mariana Huepe y Dereje Alemanyehu, el encuentro contó con la participación de Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE); Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por la Educación (CME), Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad); de Mariana Huepe, Dereje Alemanyehu y Seruwagi Jane Nalunga. También participaron las senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Sobre el proyecto
La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.
Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales.
El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC)
En cada país, la iniciativa cuenta con la alianza de dos organizaciones, son ellas: Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en Argentina; Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación – CCDE y Centro de Estudios del Trabajo (CEDETRABAJO) en Colombia; Colectivo para la Educación de Todas y Todos de Guatemala y Tzum Kim-Pop en Guatemala; Decidamos y Red por el Derecho a la Educación (RED) en Paraguay; Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) y el Grupo Nacional De Presupuesto Público en Perú, además del Centro Montalvo y Foro Socioeducativo (FSE) en República Dominicana.
¿Cuáles son los impactos de la fiscalidad en la educación mundial?
9 de septiembre de 2023En el marco del Taller Regional – Global “Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación”, realizado el 8 y 9 de septiembre en Santiago (Chile), se presentaron una serie de exposiciones que graficaron las experiencias sobre justicia fiscal y su relación con el derecho a la educación pública.
En el primer bloque titulado “Estado de la Situación Mundial sobre Fiscalidad e Impacto en la Educación”, intervinieron Dereje Alemayehu, de la Alianza Global por la Justicia Fiscal (GATJ), Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y Mariana Huepe, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
La primera intervención fue realizada por Dereje Alemayehu, quien puso énfasis en la necesidad de la repartición equitativa del presupuesto público: “Respecto a la asignación de presupuestos es bueno que ya exista una torta para poder repartirla, pero debe ser dividida de forma justa”, señaló.
Por su parte Vernor Muñoz describió la cruda realidad de la discriminación y exclusión que sufre la población indígena en el norte global y como no basta con aumentar la recaudación sin darle un enfoque de derechos humanos: “El caso de Finlandia que es famosa por sus conquistas educativas, según un informe de la Unión Europea muestra casos de discriminación y acoso racista. El incremento fiscal y la consecución de los ingresos de forma eficiente no aseguran necesariamente mayores recursos para combatir la desigualdad”, concluyó.
Finalmente intervino Mariana Huepe de la CEPAL quien destacó que: “En promedio América Latina cumple con los mínimos acordados en la Declaración de Incheon con relación a los porcentajes del PIB como porcentaje del gasto público total” pero a la vez puso énfasis en que “para aumentar la financiación nacional para la educación, se requiere: ampliar la base fiscal, prevenir la evasión fiscal, aumentar la proporción del presupuesto nacional asignado a educación, esto tiene que ir de la mano de instituciones fortalecidas para utilizar más equitativa y eficientemente los recursos existentes”, comentó.
Sobre el evento
El encuentro es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.
Además de Vernor Muñoz, Mariana Huepe y Dereje Alemanyehu, el encuentro cuenta con la participación de Además de Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE); Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad); de Chenai Mukumba, de TJNA; Seruwagi Jane Nalunga y Aida Jean Nacpil Manipon, además de senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Sobre el proyecto
La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.
Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales.
El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC)
En cada país, la iniciativa cuenta con la alianza de dos organizaciones, son ellas: Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en Argentina; Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación – CCDE y Centro de Estudios del Trabajo (CEDETRABAJO) en Colombia; Colectivo para la Educación de Todas y Todos de Guatemala y Tzum Kim-Pop en Guatemala; Decidamos y Red por el Derecho a la Educación (RED) en Paraguay; Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) y el Grupo Nacional De Presupuesto Público en Perú, además del Centro Montalvo y Foro Socioeducativo (FSE) en República Dominicana.
“La justicia fiscal no involucra solamente el sistema de recaudación, sino que implica invertirlo adecuadamente”
8 de septiembre de 2023
El segundo momento del primer día del Taller Regional – Global “Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación” se enfocó en las reflexiones sobre la situación mundial sobre fiscalidad e impacto en la educación.
“La justicia fiscal no involucra solamente el sistema de recaudación, sino que implica invertirlo adecuadamente”, afirmó Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por el Derecho a la Educación (CME). Según el representante de la Campaña Mundial por la Educación, incluso en países de altos ingresos, la educación universal y de calidad sigue siendo esquiva, ya que los fondos fiscales a menudo se desvían hacia sectores privados o se utilizan para pagar deudas públicas.
Para Vernor Muñoz, toda reforma tributaria debería responder a políticas de Estado basadas en derechos humanos. No es conveniente hablar de justicia fiscal, ni de ningún tipo de justicia, fuera del ecosistema de derechos humanos, pues es allí donde se definen los parámetros de distribución de la riqueza y de construcción de sociedades igualitarias y más precisamente donde se definen los fines de la educación y de su gobernanza. No interesa, por lo tanto, financiar cualquier educación, sino aquella en la que quepan todas las personas, en la que no se discrimine a nadie.
Dereje Alemanyehu, de la Alianza Global por Justicia Fiscal -GATJ, enfatizó la necesidad de aumentar los ingresos fiscales para garantizar la equidad en el acceso a la educación. Hizo hincapié en que la educación es la piedra angular para asegurar muchos otros derechos y desafió la percepción de que África depende de las contribuciones de otros países cuando, en realidad, África contribuye significativamente al mundo.
“Cobrar impuestos no es un fin en sí, sino recaudarlos para repartirlos, distribuirlos y garantizar que toda la población tenga acceso a servicios públicos como una #educación de calidad. Existen los recursos, pero hay que repartirlos”, afirma.
América Latina y el Caribe
Mariana Huepe, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) enfocó su presentación en la región latinoamericana y caribeña. En su intervención afirma que “en América Latina en las últimas décadas han hecho esfuerzos para aumentar su carga tributaria e invertir en educación, pero aún son insuficientes”.
La representante de CEPAL destaca la importancia del financiamiento educativo adecuado y el camino para su incremento. Invertir en educación es invertir en el activo más importante que tienen los países para alcanzar un desarrollo social e inclusivo sostenible: sus personas. La educación no es un gasto, es una inversión, una inversión que beneficios privados y públicos, para el mundo del trabajo y la ciudadanía. Para aumentar la financiación nacional para la educación, se requiere: ampliar la base fiscal, prevenir la evasión fiscal y aumentar la proporción del presupuesto nacional asignado a educación.
Para Mariana Huepe, “cobrar impuestos no es un fin en si, sino [es necesario] recaudarlos para repartirlos, distribuirlos y garantizar que toda la población tenga acceso a servicios públicos como una educación de calidad”.
Sobre el evento
El encuentro se realiza el 8 y 9 de septiembre en Santiago, Chile y es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.
Además de Vernor Muñoz y Dereje Alemanyehu, el encuentro cuenta con la participación de Además de Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE); Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad); Mariana Huepe, de CEPAL; de Chenai Mukumba, de TJNA; Seruwagi Jane Nalunga y Aida Jean Nacpil Manipon, además de senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Sobre el proyecto
La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.
Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales.
El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC)
En cada país, la iniciativa cuenta con la alianza de dos organizaciones, son ellas: Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en Argentina; Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación – CCDE y Centro de Estudios del Trabajo (CEDETRABAJO) en Colombia; Colectivo para la Educación de Todas y Todos de Guatemala y Tzum Kim-Pop en Guatemala; Decidamos y Red por el Derecho a la Educación (RED) en Paraguay; Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) y el Grupo Nacional De Presupuesto Público en Perú, además del Centro Montalvo y Foro Socioeducativo (FSE) en República Dominicana.
El derecho humano a la educación solo se garantiza con justicia fiscal
Concentración de la riqueza y mantenimiento de la pobreza. Para cambiar este escenario, que ha estado presente en América Latina y el Caribe en los últimos tiempos, hay que garantizar los derechos humanos, entre ellos la educación. Para eso, es fundamental asegurar un sistema tributario justo, afirman especialistas y autoridades presentes en el Taller Regional-Global “Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación”, que se realiza el 8 y 9 de septiembre en Santiago, Chile.
Nelsy Lizarazo: “En términos de ejercicio pleno del Derecho a la Educación, no basta con el acceso a la educación, es necesario invertir en calidad educativa”
El encuentro es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.
“Han sido dos años de aprendizaje súper interesante, no solamente en asuntos técnicos, sino también en construcción de posición política y también en términos humanos”, dice Nelsy Lizarazo, coordinadora de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) durante la apertura del taller.
Según ella, en términos de ejercicio pleno del Derecho a la Educación, no basta con el acceso a la educación, es necesario invertir en calidad educativa. “Son necesarios cuatro criterios para tener en cuenta: el primero, la proporción dedicada a la educación debe de ser suficiente; el segundo, que ese presupuesto debe de ser del tamaño adecuado, que responda a las necesidades educativas del país, a sus brechas, a sus desigualdades; el tercero, presupuesto ser sensible a los grupos históricamente excluidos; y el cuarto, que el presupuesto sea transparente, construido, evaluado de forma participativamente con la ciudadanía.
Adrián Falco: “Para superar la pobreza, la desigualdad, para dar y garantizar derechos a toda la población y dar acceso a servicios públicos de calidad a toda la ciudadanía, para eso promovemos la #JusticiaFiscal”
Para Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad), la región latinoamericana y caribeña, mantiene 30% de pobreza y 19% de indigencia y, sin embargo, se concentra cada vez más la riqueza y los gobiernos dan cada vez más concesiones a los ricos y al gran capital. “Para superar la pobreza, la desigualdad, para dar y garantizar derechos a toda la población y dar acceso a servicios públicos de calidad a toda la ciudadanía, para eso promovemos la #JusticiaFiscal”, afirma.
Además de Nelsy Lizararo y Adrián Falco, el encuentro cuenta con la participación de Dereje Alemanyehu, de la Alianza Global por Justicia Fiscal -GATJ; Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por la Educación; Mariana Huepe, de CEPAL; de Chenai Mukumba, de TJNA; Seruwagi Jane Nalunga y Aida Jean Nacpil Manipon, además de senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Sobre el proyecto
La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.
Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales.
El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC)
En cada país, la iniciativa cuenta con la alianza de dos organizaciones, son ellas: Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en Argentina; Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación – CCDE y Centro de Estudios del Trabajo (CEDETRABAJO) en Colombia; Colectivo para la Educación de Todas y Todos de Guatemala y Tzum Kim-Pop en Guatemala; Decidamos y Red por el Derecho a la Educación (RED) en Paraguay; Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) y el Grupo Nacional De Presupuesto Público en Perú, además del Centro Montalvo y Foro Socioeducativo (FSE) en República Dominicana.
Víctor Cristales, Colectivo de Educación para Todos y Todas de Guatemala: la inclusión, la interculturalidad y la justicia fiscal en la agenda educativa del contexto electoral
1 de junio de 2023El Colectivo de Educación para Todos y Todas de Guatemala fue creada en 2003, inspirado en el trabajo colaborativo en el compromiso de profundizar “el compromiso por el derecho humano a la educación pública, gratuita y laica, que garantice la dignidad para todas y todos en Guatemala” según señala el informe luz presentado al Foro Político de Alto Nivel en 2019.
El contexto socioeconómico y político en Guatemala no ha cambiado mucho desde que se presentó dicho informe en 2019, a pesar que la pandemia recrudeció las condiciones de vulnerabilidad de la mayoría de la población en situación de pobreza sistémica, desigualdad, discriminación, exclusión y altos niveles de impunidad.
Sigue vigente lo referido en esa ocasión, sobre el argumento de que el contexto “es desfavorable, ya que se han descubierto grandes evasiones al fisco por parte de grandes empresas y estas lo han aceptado, siendo Guatemala uno de los países con más bajos niveles de recaudación fiscal. Debido a diversas formas de evasión de impuestos”.
Víctor Cristales expresa su preocupación por sumar esfuerzos en la incidencia en favor del derecho humano a la educación con una perspectiva de justicia fiscal, pertinente en el contexto electoral que enfrenta Guatemala en las próximas semanas. Considera que la sociedad civil puede demandar acciones afirmativas de inclusión e interculturalidad.
La inclusión educativa intercultural y de las diversidades
Para el coordinador del Colectivo de Educación para Todos y Todas de Guatemala, un balance positivo que recuerda la trayectoria institucional es la defensa del carácter gratuito de la educación para la población maya, xinca, garífuna y ladina, en sus palabras señala que “también se ha logrado incrementar un poco el presupuesto en materia de acceso a los alimentos de los niños y niñas en muchas escuelas primarias”.
Demandas pendientes por un presupuesto educativo justo
La mayor preocupación actual es la demanda por el incremento del presupuesto e inversión en educación, ya que aún no alcanza a cubrir el 7 % que plantea la Ley Nacional de Educación, afirma Víctor Cristales.
La mayor preocupación actual es la demanda por el incremento del presupuesto e inversión en educación, ya que aún no alcanza a cubrir el 7 % que plantea la Ley Nacional de Educación, afirma Víctor Cristales.
Aunque se ha implementado un bono de juventud como ayuda económica para esta población. A juicio del docente “hay sectores muy desatendidos, como el sector de jóvenes en educación básica y la educación diversificada, prácticamente han quedado muy a merced de la iniciativa privada que son los que más ofertan. El Estado todavía no llega a cubrir estos dos ciclos”.
Desigualdad en los bienes públicos deriva en exclusión educativa
Muchas comunidades indígenas tienen dificultades de acceso a libros de texto y conectividad, esto se agravó durante la pandemia en Guatemala, ya que la brecha digital significaba también exclusión educativa.
Existen actualmente comunidades indígenas y rurales que no tienen acceso a la energía eléctrica, y por otro lado, el personal docente y estudiantil tienen obstáculos para tener acceso a la telefonía que son atendidas única y precariamente por empresas privadas, señaló Víctor Cristales, siendo limitado a las familias que puedan pagar dichos servicios.
Incidencia política por la educación en contexto electoral
El Colectivo de Educación para Todos y Todas de Guatemala ha preparado dos informes, la evolución del gasto en educación en Guatemala entre el 2015-2021 y el sistema tributario en Guatemala y el financiamiento de educación entre el 2015 y 2021, que abordan la situación educativa, las políticas públicas que las sustentan y sus deficiencias, especialmente en cuanto a cobertura, financiamiento y calidad educativa, vinculado a un sistema tributario regresivo e injusto, que no permite avanzar por la falta de recursos suficientes para afrontar la problemática existente en el marco del proyecto conjunto con la CLADE, la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC)
Estos informes son materiales de trabajo que son presentados a las candidaturas presidenciales para que lo consideren en sus planes de gobierno, a fin de buscar una vez hecha la juramentación en los cargos, mayor compromiso con la inversión en educación, para aumentar la recaudación fiscal y evitar la elusión fiscal, que es una de las fuentes que potencialmente garantizan un presupuesto justo para educación
Para la despedida, Víctor Cristales hace un llamado desde Guatemala a sumar voces para una educación incluyente que cuente con más y mejor presupuesto que garantice la equidad.
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