Según la UNESCO, se necesitan 69 millones de docentes para cumplir los objetivos educativos de 2030 a nivel mundial, de la estimación casi 25 millones atienden a las infancias que cursan primaria y 44 millones la secundaria. En la proyección hacia 2030 también se necesitan 28 millones de docentes para sustituir a quienes dejan vacantes por su jubilación.
Con la pandemia, la labor docente y la situación de la enseñanza enfrentaron nuevas amenazas, provocadas desde la crisis sanitaria, por el apetito comercial de algunas corporaciones de la comunicación y la tecnología. Estos lamentables hechos contribuyeron a precarizar el trabajo docente y degradar la enseñanza, sometiéndola a mecanismos que eliminan los beneficios sociales del empleo educativo. Con ello, se extendieron prácticas transmisivas de la educación, modelos de explotación como el trabajo a destajo y la contratación por tiempo determinado, en muchos casos sin garantizar el salario mínimo ni el trabajo digno.
El marco de los derechos humanos contiene obligaciones jurídicamente vinculantes para los Estados, que incluyen los derechos a la educación, en la educación y a través de ella, en un contexto amplio que se complementa con los derechos laborales, económicos, sociales y culturales, que en conjunto exigen garantizar y proteger la dignidad de la profesión docente.
Desde CLADE proponemos:
Las medidas deben ir acompañadas de la movilización general para garantizar que los Estados proporcionen una educación de fácil acceso y contextualmente pertinente, que proteja la autonomía profesional y la libertad académica en todos los niveles, las modalidades y los contextos, incluidas las emergencias.
Ante el creciente debilitamiento de la labor docente y a la exclusión de docentes de la participación en la toma de decisiones se evidencia el efecto dramático en todos los procesos educativos, principalmente revela más que una crisis de aprendizaje, la crisis de desigualdades en la que las poblaciones de la primera infancia, jóvenes y personas adultas históricamente discriminadas, viven las consecuencias de las violencias estructurales.
Políticas educativas con perspectiva de género, inversiones financieras para garantizar una vida digna de docentes, acceso a la tecnología y formación pedagógica preparada para situaciones diversas y complejas, son algunas de las lagunas que los gobiernos deben abordar urgentemente para garantizar el derecho humano a la educación.
Las personas que ejercen labores docentes desempeñan un papel crucial en el desarrollo y el fomento de los valores democráticos. Como sociedad civil, manifestamos preocupación por el aumento del autoritarismo, que incluye no sólo el cierre de espacios de participación y la represión de la protesta social pacífica y legítima, como la criminalización de estudiantes y docentes que defienden el derecho humano a la educación.
También se suman alertas por las múltiples denuncias sobre la persecución y el asesinato de docentes en situaciones de conflicto, por ello, se demanda a los gobiernos que se desarrollen políticas integrales para proteger sus vidas y sus condiciones dignas de trabajo.
