La educación para la paz y la no violencia activa ha estado históricamente vinculada a la búsqueda de soluciones estructurales a los conflictos, ya fueran sociales, políticos, militares o incluso interpersonales. La creación de la Organización de las Naciones Unidas y la Carta Internacional de Derechos Humanos marcaron un hito clave por los derechos humanos y el derecho humanitario, que fue implicando progresivamente al ámbito y prácticas educativas. Estas iniciativas encuentran un apoyo trascendental en el Consejo de Derechos Humanos, la Universidad para la Paz de la ONU y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En América Latina y El Caribe persisten los conflictos, la creciente militarización, la fragilización de la democracia y el surgimiento de regímenes de facto que han derivado en dictaduras, autoritarismos y estados de excepción. A pesar que han variado sus modalidades en el tiempo permanecen en cuanto a serias amenazas a la cultura de paz.
Las dolorosas lecciones aprendidas de genocidios, torturas, personas desaparecidas han contribuido a la valoración de la memoria histórica, reparación y no repetición, ganando un espacio en la inclusión pedagógica de los marcos de derechos como la igualdad, la justicia, la dignidad y la libertad a través de la educación. También otras conquistas han contribuido a la construcción de la justicia social por la paz, como la emancipación de las mujeres y de las personas LGBTIQ+.
La escalada de conflictos socioambientales, geopolíticos, militares-nucleares es de gran envergadura y parece que la búsqueda de la paz no es el tema principal de la agenda de resolución de conflictos. En consecuencia, se siguen perdiendo dramática e impunemente vidas sin lograr avances significativos, o lo que es peor aún, con retrocesos, en la búsqueda de una paz duradera. Detrás de muchos de estos conflictos persisten desacuerdos geopolíticos, pero en la mayoría de los casos, la guerra también se ve avivada por el racismo, la intolerancia y muchas otras formas violentas y sutiles de discriminación.
La CLADE está convencida de que no se alcanzará una paz duradera sin justicia social. En consecuencia los sistemas educativos deben promover una ciudadanía global que reconozca, proteja la dignidad, la igualdad intrínseca de los seres humanos y el derecho inalienable de las personas a la autodeterminación.
La CLADE comparte su preocupación regional por las múltiples amenazas a la democracia a través de diversas estrategias como la obstaculización de la participación ciudadana, represiones a movilizaciones sociales, criminalización de protestas pacíficas, incluso desmovilización de estudiantes y docentes.
La CLADE como parte de la sociedad civil exige a los gobiernos y responsables de la toma de decisiones en todos los niveles que:
A fin de emprender una pedagogía transformadora para la consolidación de la paz debe fortalecerse la comunidad educativa para integrar los conocimientos, las habilidades y el compromiso en la resolución de conflictos así como la exploración de prácticas críticas creativas para encaminar escenarios de justicia social.
La educación debe convertirse en espacios de encuentro y superación de discriminaciones derivadas de las fronteras étnicas, religiosas, de género y clase social, que sean apoyadas desde la voluntad estatal con presupuesto adecuado y la decisión política para gestiones transformadoras, que abarquen todo el sistema educativo y más allá.
La educación para la paz construye ambientes de igualdad, respeto y armonía, lo que no quiere decir docilidad y sumisión, ello requiere la formación de identidades, culturas y pedagogías de resistencia a las violencias, la explotación y el odio. La resistencia exige contrarrestar e incluso denunciar los mecanismos de dominación social que producen las violencias. Esto implica que la cultura de paz inspira espacios de diálogo y desarrollo de propuestas constructivas para la convivencia y el cambio positivo.
La educación para la paz debe incluir estrategias específicas para prevenir el reclutamiento, fortalecer proyectos de vida alternativos y garantizar la permanencia escolar, lo cual supone reconocer que la violencia no sólo interrumpe la escolaridad, sino que transforma imaginarios, aspiraciones y vínculos comunitarios.
La garantía de entornos escolares seguros debe superar la aplicación securitista, punitiva y criminalizadora, en su lugar debe priorizar la protección a estudiantes y docentes, al tiempo de restituir derechos en territorios afectados por las violencias. Reforzar el potencial de la educación por un lado para reducir vulnerabilidades frente a dinámicas del crimen organizado, así como por otro lado crear estrategias de prevención y de protección puede fortalecer capacidades de resolución comunitaria y alternativas de vida no violentas.
