El aprendizaje a lo largo y ancho de la vida es uno de los principios pedagógicos que refleja el pleno significado del derecho a la educación, abarcando todo el continuo del aprendizaje a lo largo del ciclo vital y en todos los aspectos que contribuyen a su desarrollo integral.
Aunque la educación de la primera infancia ha sido reconocida como parte del derecho a la educación, los tratados internacionales de derechos humanos no obligan a que sea proporcionada de manera gratuita. Esta omisión es incompatible con los derechos de niñas y niños y debe corregirse mediante un nuevo marco jurídico que haga efectivo el derecho a la educación gratuita desde el comienzo de la vida.
Tal y como expone el informe GEM 2022, la falta de un marco basado en los derechos ha provocado que la financiación, organización y prestación de la Atención y Educación de la Primera Infancia (AEPI) recaiga predominantemente en el sector privado. Los agentes no estatales dominan la educación de niñas y niños de 0 a 3 años, lo que refuerza las desigualdades de acceso relacionadas con la situación económica y social de cada familia, e imposibilita una educación inclusiva para todas y todos.
Desde la CLADE proponemos:
La CLADE se compromete a apoyar la definición y la aplicación de políticas públicas integrales y eficaces dirigidas al pleno cumplimiento del derecho a la educación. Participa activamente en el proceso de seguimiento y monitoreo del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con el aprendizaje y la educación de la primera infancia, articulando recursos, coordinando iniciativas globales y locales, y promoviendo sinergias.
Los Estados son los principales responsables de implementar, fortalecer y ampliar las políticas públicas, planes y estrategias que garanticen el desarrollo integral, el bienestar y la dignidad de todas las personas desde su nacimiento, apoyando la adopción y la puesta en marcha de la Década para la Educación de la Primera Infancia de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
La CLADE acompaña e insiste en el seguimiento de los compromisos de la Cumbre de Tashkent, que recoge prioridades centrales para garantizar el derecho a la educación y el cuidado de la primera infancia.