Especialistas y activistas discuten la realidad educativa de cinco países de América Latina y el Caribe
16 de mayo de 2019
En este segundo encuentro virtual sobre el derecho a la educación realizado por la CLADE en el marco de la SAME 2019, se destacaron temas como: Agenda de Educación 2030, acceso escolar, financiamiento educativo y cobertura de la red pública de educación
Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala y Haití fueron los países cuyas políticas, avances y desafíos en la educación se discutieron en el segundo panel sobre “El derecho a la educación en América Latina y el Caribe”, realizado por la CLADE, en el marco de la SAME 2019, que tiene como lema en la región: “Nuestra Educación, Nuestros Derechos”. El encuentro virtual reunió a miembros de la CLADE en estos cinco países y contó con la participación especial del experto uruguayo Roberto Bissio, de Social Watch.
Lee la noticia de balance sobre el primer encuentro:
Primer diálogo virtual sobre la educación en América Latina y el Caribe destaca temas como financiamiento, violencia escolar y formación docente
Siendo el segundo de una serie de cuatro encuentros virtuales organizados por la CLADE, este diálogo contó con la participación de Juan González, del Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile; Cecilia Gómez, de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación; William Thelusmond, de la Reagrupación Educación para Todos y Todas de Haití; Max Ayala, de la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación y Víctor Cristales, del Colectivo de Educación para Todas y Todos de Guatemala. El diálogo fue moderado por Mónica Novillo, de la Red de Educación Popular entre Mujeres de América Latina y el Caribe (REPEM).
Retomamos a continuación algunos puntos que se destacaron en cada presentación:
Roberto Bissio, de Social Watch
El experto presentó las metas internacionales para la garantía del derecho a la educación en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
“La Agenda 2030 es una declaración política que adoptaron los gobiernos en septiembre de 2015 después de varios años de discusión, y que en general ha sido considerada como un gran avance respecto a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)”, dijo.
Según Bissio, los temas relacionados a género tienen mucha preponderancia a lo largo de toda la Agenda de Desarrollo Sostenible. También se destacan, desde su punto de vista, los ODS 16 y 17 que se refieren a: acceso a la justicia, la paz (en el sentido de la convivencia pacífica), transparencia, gobernanza y lucha contra la corrupción, en el énfasis de que, para cumplir con todos los objetivos, es necesario contar con recursos públicos.
Para Bissio, el gran desafío para el cumplimiento de la Agenda 2030 está en su marco de indicadores. “El marco que debiera medir progresos es todavía muy débil. Por eso, gran parte de la lucha política se ha desplazado del texto de la Agenda al marco de indicadores”, explicó.
El experto llama la atención a la falta de indicadores consistentes para medir los avances en educación. “El objetivo de educación tiene 7 metas y 3 medios de implementación, pero de esas metas solo hay dos que tienen un indicador aprobado y no son las más importantes: meta relacionada a la enseñanza pre-escolar y la meta de aumento y apoyo al desarrollo de becas. Todos las otras metas, o no tienen datos apuntados, o ni siquiera metodología aprobada”, afirmó.
Juan González, del Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile
Si en algunos países de América Latina y el Caribe el gran desafío es garantizar el derecho a la educación para todas y todos con calidad, en Chile la lucha todavía es para que se reconozca a la educación como un derecho humano.
“El derecho a la educación en Chile no posee el respaldo constitucional que permita a los sujetos de derecho reclamar a la Justicia el derecho a la educación”, afirmó Juan González.
Según el activista, algunas de las consecuencias son la falta de libertad de enseñanza y el hecho de que estudiantes no puedan reivindicar su derecho a la educación.
Con miras a alcanzar una educación pública de calidad para todas y todos en Chile, también se lucha para poner fin al sistema de financiamiento educativo con base en el subsidio de la oferta, o sea, con la entrega de vouchers a estudiantes para que puedan elegir escuelas subvencionadas por el Estado y mantenidas por sostenedores privados. “Queremos acabar con la entrega de vouchers al menos en las escuelas estatales”, afirmó Juan González.
Cecilia Gómez, de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación
En Colombia, Cecilia Gómez explica que el derecho a la educación está reconocido en la legislación. “La Constitución reconoce a la educación como derecho fundamental y que su realización es de responsabilidad del Estado, la sociedad y la familia”.
Aún así, ella explica que es necesario incrementar el presupuesto educativo a 7.5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, para que este derecho pueda cumplirse en la práctica. “En un país donde el 70% de los trabajadores están entre la informalidad y el desempleo, y que ha pasado por un deterioro desde el proceso de implementación de los acuerdos de paz con las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia], necesita un sistema educativo cuyos contenidos y pedagogías aborden los conflictos de manera no violenta”, afirmó.
William Thelusmond, de la Reagrupación Educación para Todos y Todas de Haití
“Hay una baja calidad de la educación en Haití. Podemos decir que hasta ahora hay 32% de los niños y niñas de 3 a 5 años de edad que no tienen acceso a la escuela”, así empezó su presentación Willian Thelusmond.
El activista cuenta que, además de la falta de acceso a la educación en el país, hay otros desafíos, como el analfabetismo, la exclusión y la falta de oferta de escuelas públicas.
“Aunque el problema de acceso sea menor que 20 años atrás, tenemos el 30% de las personas jóvenes y adultas analfabetas y el índice de la falta de acceso [y analfabetismo] es más elevado en sectores pobres de la población, lo que caracteriza una gran exclusión. Otro problema es que las escuelas públicas representan apenas el 15% de la totalidad de escuelas”, afirmó.
Max Ayala, de la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación
La lucha de la sociedad civil por el derecho humano a la educación en El Salvador demanda que se invierta el 6% del PIB para el campo educativo. “Nuestra propuesta es que el aumento de inversión sea gradual, de 0,5% por cada año, hasta alcanzar el 6% del PIB”, explicó.
Max Ayala también llamó la atención hacia los desafíos en la garantía de la educación como un derecho desde la primera infancia. “Sólo el 8% de los niños y niñas de 0 a 3 años tienen acceso a la educación en el país”, afirmó.
Victor Cristales, del Colectivo de Educación para Todas y Todos de Guatemala
Guatemala es otro país de la región cuya demanda de educadores, educadoras y estudiantes mira la necesidad de mejorar el financiamiento educativo. “Nuestra lucha está relacionada con la demanda por más presupuesto a la educación y por justicia tributaria. Guatemala es de los países que menos impuestos recauda en el mundo”, afirmó Víctor Cristales.
Según el activista, la poca recaudación de impuestos, la complejidad para votar el presupuesto anual del país y el avance de la educación privada son algunos de los desafíos de la educación en Guatemala.
Próximos diálogos
El tercer encuentro de la serie se realiza hoy, 16 de mayo, de 16:00 a 17:30 (GMT-3), y contará con la participación del invitado especial Juan Cruz Perusia, del Instituto de Estadísticas de UNESCO, así como de representantes de: Contrato Social por la Educación de Ecuador; Agenda Ciudadana por la Educación en Costa Rica; Campaña Argentina por el Derecho a la Educación; Foro por el Derecho a la Educación de Paraguay; Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación; Campaña por el Derecho a la Educación en México.
En esta ocasión, se compartirán reflexiones y análisis sobre los avances, oportunidades, retos y riesgos para la garantía del derecho a la educación en la región.
El diálogo será moderado por Nelsy Lizarazo, de Pressenza, y será abierto al público.
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SAME 2019
La Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) es una movilización internacional que cuenta con la participación de activistas y comunidades educativas de más de 100 países de todo el mundo. En América Latina y el Caribe, se impulsan en este contexto actividades y diálogos para analizar y discutir el estado del derecho a la educación en un momento clave: en julio de este año, se enfocará la revisión del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4, referido a la educación, en Naciones Unidas.
