El informe Desmitificando las Alianzas Público-Privadas en Educación. La educación antes que el lucro elaborado por el Consorcio para la Privatización de la Educación y los Derechos Humanos (PEHRC) y respaldado por la CLADE, así como la Campaña por la Educación Mundial (CME) arroja luz sobre las complejidades de las Alianzas Público – Privadas (APP) en el sector educativo, cuestionando la creciente tendencia a promover la participación del sector privado en los sistemas educativos como solución a los desafíos contemporáneos.
El informe subraya la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la implementación de las Alianzas Público – Privadas, destacando la necesidad de establecer mecanismos claros de monitoreo, supervisión y evaluación para garantizar que se cumplan los objetivos educativos desde una perspectiva de derechos humanos, esto pone foco en el rol del Estado y el involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos de docentes y las comunidades educativas en la toma de decisiones.
“Las Alianzas Público – Privadas son acuerdos contractuales a largo plazo en los que el sector privado proporciona infraestructura, activos y/o servicios que tradicionalmente eran financiados y gestionados directamente por los gobiernos. A menudo incluyen algún tipo de reparto de riesgos entre los sectores público y privado” señala el informe.
El documento proporciona informaciones e intenta profundizar en el tema para que quienes tienen la responsabilidad política de garantizar el derecho humano a la educación puedan usarlas. Por ello, se esquematizan tres escenarios en el documento: el primer escenario hace referencia a cuando es un hecho la participación en la Alianza Público – Privada en educación; el segundo, ofrece estrategias para mitigar los daños ante alianzas educativas problemáticas; y en un último escenario se exploran alternativas a las Alianzas, relevantes para ambos grupos de responsables políticos.
¿Por qué las Alianzas Público – Privadas no son la respuesta?
El informe destaca que las Alianzas Público – Privadas pueden parecer atractivas en un primer momento para abordar las limitaciones presupuestarias y así mejorar la educación, sin embargo, a menudo conllevan costos ocultos. Adicionalmente el sector privado prioriza las ganancias, mientras que el sector público se enfoca en brindar una educación como parte de la garantía de derechos. Dichas Alianzas pueden aumentar las desigualdades, ya que favorecen a estudiantes con mayores privilegios, excluyendo comunidades con mayores demandas educativas.
Las organizaciones de la sociedad civil manifiestan su preocupación por la creciente privatización de la educación porque se traducen en condiciones de exclusión y desigualdades, pues las fronteras entre la educación pública y privada son cada vez más difusas, y resulta insuficiente la supervisión de los servicios de los proveedores y por lo tanto su impacto.
El informe reitera la defensa por las inversiones públicas en la educación pública, lo que colabora a enfrentar retrocesos en derechos humanos. Entre algunos de los retos vinculados a las Alianzas Público – Privadas presentadas en el informe se consideran los costes ocultos y riesgos financieros, ya que suelen incurrir en gastos imprevistos socavando la sostenibilidad financiera a largo plazo; también el conflicto de intereses, puesto que el afán de lucro de las entidades privadas puede entrar en disputa con el bien público, priorizando las ganancias a corto plazo sobre los resultados educativos.
En tal sentido, este documento político aporta en la desmitificación de conceptos y prácticas erróneas en torno a dichas Alianzas Público – Privadas, sirve como herramienta de promoción de la educación gratuita, accesible y equitativa. Además, ayuda a la incidencia en tanto defensa de lo público como provisión de ofertas educativas en las que se necesitan mayores mecanismos de control para lograr una educación universal garantizada para todas las personas.
El derecho humano a la educación amerita financiamiento público
En lugar de depender de las Alianzas, el informe sugiere que los gobiernos deben fortalecer y empoderar a las instancias e instituciones educativas públicas, procurando que la inversión en educación pública sea equitativa y transformadora. Pone en relieve la importancia de garantizar una financiación pública y adecuada para las escuelas públicas, así como la inversión en la formación, apoyo de docentes, personal directivo y comunidad educativa en general.
Impulsando los Principios de Abiyan, priorizar la educación pública es un medio para garantizar una educación de calidad para todos y todas, por ello se enfatiza en la necesidad de una evaluación crítica de las Alianzas Público – Privadas, instando a quienes ejercen funciones y responsabilidad en la toma de decisiones de ámbito político a considerar alternativas que promuevan la equidad y la inclusión en la educación.
Un llamado a invertir en la educación pública
El Consorcio sobre Privatización en Educación y Derechos Humanos (PEHRC, por su nombre en inglés, Privatisation in Education and Human Rights Consortium) hace un llamado a priorizar el apoyo a los sistemas de educación pública en lugar de a los marcos de Alianzas Público – Privadas, porque según el informe conducen a un nivel de calidad cuestionable, la equidad reducida y prácticas insostenibles.
Alzar la voz para sumar esfuerzos en la defensa mundial de la educación pública es un hito que busca la atención de quienes tienen responsabilidad política y quienes implementan las gestiones de los Estados. El rechazo de los modelos homogeneizadores de las Alianzas Público – Privadas impulsadas por el mercado puede garantizar que la educación siga siendo un derecho humano, accesible a todas las personas, independientemente de su estatus socioeconómico.
Sobre el Consorcio sobre Privatización en Educación y Derechos Humanos (PEHRC)
El Consorcio sobre Privatización en Educación y Derechos Humanos (PEHRC) es una red informal de organizaciones e individuos nacionales, regionales y globales que colaboran para analizar y responder a los desafíos que plantea el rápido crecimiento de los actores privados en la educación desde una perspectiva de derechos humanos y proponer alternativas. La CLADE participa de este consorcio como red global y transversal junto a más de 105 organizaciones en más de 40 países.
El Consorcio acordó como parte de su misión “revertir la tendencia hacia la privatización de la educación y garantizar que existan servicios públicos capaces de hacer realidad los derechos económicos, sociales y culturales”. También en sus valores menciona la defensa y promoción de los derechos humanos, en particular el derecho a la educación, tal como se define en el derecho nacional e internacional; la promoción del carácter humanístico de la educación como medio para lograr la realización personal y colectiva; y la provisión de educación pública gratuita de calidad para todos sin discriminación ni segregación de ningún tipo; la protección de los derechos laborales, en particular los derechos de los docentes, tal como se definen a nivel internacional y nacional, así como la promoción de la justicia social y la cohesión en y a través de la educación.
Ver más:
- Informe Desmitificando las Alianzas Público-Privadas en Educación. La educación antes que el lucro (español, inglés y francés).
- Documento síntesis de la Campaña Mundial por la Educación.
Mira el evento (en inglés):
