La Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación integrante de CLADE sostiene el Custo Aluno-Qualidade (CAQ, Costo Estudiante – Calidad) como una propuesta sólida y transformadora de financiamiento público para la educación básica y que va más allá de debates puntuales o cifras aisladas: se trata de establecer un parámetro técnico y jurídico claro que responda a una pregunta fundante del derecho a la educación ¿Cuánto debe invertir el Estado por estudiante para asegurar condiciones mínimas de calidad? y de traducir esa respuesta en valores que puedan orientar la planificación, ejecución y evaluación del gasto educativo en todos los niveles de la educación pública.
El CAQ supera la demanda del estándar mínimo, ya que considera la naturaleza dinámica del concepto de Costo por Estudiante y también la capacidad económica de Brasil, la sexta economía más grande del mundo. Es propuesta como un estándar de calidad que se aproxima a los costos de los países más desarrollados en términos educativos.
La propuesta constituye un modelo de política pública con potencial de referencia global, al proponer un mecanismo transparente y medible que incorpora insumos esenciales —desde la adecuada relación docente-estudiante y salarios dignos hasta infraestructura pedagógica y materiales didácticos— como base para garantizar el derecho a una educación de calidad socialmente pertinente.
Aunque la presentación de este modelo en instancias como la Organización de las Naciones Unidas haya ocurrido con anterioridad, el debate que plantea el CAQ es crucial y se mantiene vigente para las agendas educativas contemporáneas: apunta a consolidar estándares que permitan a los Estados evaluar, exigir y fiscalizar de manera objetiva sus compromisos con la educación pública gratuita, además de ofrecer herramientas que empoderen a la sociedad civil para monitorear políticas públicas y promover mayor justicia y equidad educativa en contextos nacionales e internacionales.
Compartimos la nota informativa:
El Custo Aluno-Qualidade (CAQ) se presenta en la ONU como un modelo innovador de financiación pública para la educación.
La Campaña Brasileña, que también representa a la Campaña Latinoamericana, aboga por un mecanismo consagrado en la Constitución brasileña para referenciar el Protocolo Facultativo para Garantizar la Educación Básica Pública de Calidad a la Convención sobre los Derechos del Niño.
El Custo Aluno-Qualidade (CAQ) es un modelo innovador de financiamiento público que podría servir de referencia para un protocolo sobre los derechos de la infancia que crearía el Comité de los Derechos del Niño (CDN) de las Naciones Unidas (ONU).
Esto es lo que defendieron la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) y la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación en Ginebra (septiembre).
Las organizaciones participan presencialmente en el Consejo de Derechos Humanos, en diálogos durante la primera sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. El objetivo de las discusiones es la creación de un protocolo facultativo de la Convención relativo a los derechos a la educación de la primera infancia, la educación preescolar gratuita y la educación secundaria gratuita.
El CAQ –mecanismo de financiamiento ideado por la Campaña Brasileña y consagrado en la Enmienda Constitucional 108/2020 del nuevo y permanente Fundeb– fue presentado en el debate sobre “mecanismos financieros innovadores y sostenibles para apoyar la implementación plena y efectiva de la educación preescolar y secundaria pública gratuita para todos los niños”.
La coordinadora general de la Campaña Brasileña, Andressa Pellanda –quien representa a las organizaciones en Ginebra, junto a Giovanna Modé, asesora de políticas e incidencia de la Campaña Mundial por la Educación (CME) intervino en el mencionado debate, destacando que el CAQ responde a una pregunta simple pero revolucionaria: “¿Cuál es la inversión pública necesaria por alumno para garantizar una educación de calidad?”.
“[El CAQ] es un parámetro legalmente definido que calcula el costo mínimo para la dignidad, abarcando desde salarios docentes adecuados e infraestructura hasta materiales didácticos y desarrollo profesional. Pero una de sus características más transformadoras es su poder de transparencia y rendición de cuentas. El CAQ crea un estándar claro, objetivo y medible con el que se puede evaluar todo el gasto público en educación. Para los administradores, proporciona una base técnica clara para la planificación y la ejecución presupuestaria, transformando las decisiones de caprichos políticos en necesidades objetivas. Para los fiscales y los organismos de control, esta es precisamente la razón por la que se encuentran entre sus más firmes defensores. El CAQ les proporciona un parámetro legal y técnico concreto para auditar las cuentas gubernamentales, exigir explicaciones y, de ser necesario, emprender acciones legales para garantizar que se asignen los fondos necesarios. Transforma el derecho a la educación en una exigencia auditable. Para la sociedad civil, empodera a la ciudadanía para supervisar y exigir el cumplimiento de la obligación del Estado”, argumentó Pellanda.
El CAQ traduce en valores monetarios cuánto necesita Brasil invertir por alumno por año, en cada etapa y modalidad de la educación básica pública, para garantizar un estándar de calidad de la educación.
Asegura tamaños de clase adecuados, formación inicial y continua de docentes, salarios y trayectorias profesionales acordes a las responsabilidades de los profesionales de la educación, instalaciones, equipos e infraestructura adecuados, como laboratorios, bibliotecas, canchas deportivas cubiertas, material didáctico, entre otros.
La idea central del CAQ es que garantizar recursos adecuados es una condición necesaria –aunque no suficiente– para el cumplimiento del derecho humano a la educación y para la calidad de la enseñanza.
“Por lo tanto, mientras se delibera sobre un protocolo facultativo, presento el CAQ como modelo. Demuestra que la verdadera financiación innovadora es pública, transparente y se basa en el cálculo inequívoco del derecho a la calidad. Es una herramienta que transforma una promesa constitucional en una partida presupuestaria tangible y responsable. Seamos audaces. Defendamos mecanismos financieros tan sólidos y garantizados como los derechos que fueron diseñados para proteger”, dijo Pellanda en su discurso.
¿Por qué un protocolo?
En una declaración conjunta , las entidades detallan el impulso a la elaboración de un Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, centrado en el derecho a la educación en la primera infancia, la educación preescolar gratuita y la educación secundaria gratuita. La declaración se dirigió a la primera sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Las organizaciones consideran que la creación de un protocolo facultativo es el enfoque más adecuado y estratégico , ya que refuerza la importancia y fortalece un tratado fundamental ya existente: la Convención sobre los Derechos del Niño. Introduce un nuevo tema, ampliando un derecho ya establecido que carece de concreción y profundidad. Otra razón es que el documento brinda a los Estados una oportunidad única para debatir internamente y, posteriormente, adherirse internacionalmente a nuevos compromisos de forma más específica y vinculante.
Aunque opcional, este protocolo suele ser muy eficaz. Si un Estado participa activamente en su
elaboración, lo firma y lo ratifica, demuestra un interés genuino en cumplirlo. Para los Estados que inicialmente no lo ratifiquen, el protocolo servirá como una importante herramienta de derecho indicativo: una guía normativa a seguir y un instrumento crucial para que las organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales, aboguen y presionen a sus gobiernos para su implementación y, eventualmente, su ratificación, declaró Pellanda, en representación de la Campaña Brasileña y la CLADE.
Para ellos, el protocolo creará un nuevo procedimiento que permitirá a individuos o grupos presentar peticiones a la CDN de la ONU en casos de violaciones de estos derechos por parte de los Estados firmantes, fortaleciendo significativamente los mecanismos de protección y rendición de cuentas.
En su discurso oficial en representación de las organizaciones, Pellanda enfatizó que la Convención sobre los Derechos del Niño garantiza la educación primaria gratuita, pero no menciona la educación de la primera infancia, incluida la educación preescolar. Señala que, en el caso de la educación secundaria, existe una disposición para su implementación progresiva y accesibilidad, pero no se establece un derecho claro y exigible a la educación secundaria pública gratuita para todos los niños. “Mientras no cerremos esta brecha legal, millones de niños seguirán excluidos del aprendizaje”, afirma.
“El protocolo aclararía y actualizaría las obligaciones de los Estados bajo el derecho internacional, estableciendo un estándar global claro y llevando a los gobiernos a reexaminar sus leyes, políticas y presupuestos, alineándolos con una visión universal de educación gratuita desde la primera infancia hasta la educación secundaria”, explica.
Las organizaciones destacan que el protocolo estaría sujeto a una revisión independiente por parte del Comité de los Derechos del Niño, promoviendo la rendición de cuentas. Pellanda señala que el desarrollo de protocolos facultativos es un proceso eficiente y consolidado para impulsar la protección jurídica internacional. Con la voluntad política y la dedicación de los Estados miembros presentes en Ginebra, afirmó, podríamos ver mejoras tangibles en tan solo unos años, cambiando la vida de millones de personas. “La educación no puede esperar. Cada año de retraso niega a millones no solo la educación, sino también la dignidad, las oportunidades y la esperanza”, afirma.
Acceda a la Declaración Conjunta.
>> Nota original (portugués): El Custo Aluno-Qualidade (CAQ) se presenta en la ONU como un modelo innovador de financiación pública para la educación.
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