Se realizó el último sábado, 19 de octubre, en Bogotá (Colombia), el Encuentro de Estudiantes de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA), con la participación de 95 personas, entre estudiantes, docentes y autoridades de diferentes regiones de Colombia, incluyendo indígenas, personas campesinas, jóvenes y mayores. El evento fue convocado por la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación (CCDE), el Frente Amplio por la Educación, los Derechos y la Paz (FAXE), el Colectivo Voces y Colores, la Asociación Distrital de Trabajadores/as de la Educación (ADE) y la Universidad Pedagógica Nacional, en alianza con la CLADE.
“Es una educación importada, que no lee el contexto, las situaciones colombianas y latinoamericanas, y está desactualizada de los conocimientos actuales”
El 70% de la asistencia al encuentro fue de estudiantes de la EPJA, y en el diálogo se abordaron asuntos sensibles relacionados con esta modalidad educativa, entre ellos su implementación en los territorios y comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas. “En las discusiones se percibió que la EPJA está muy separada de la realidad y de lo que viven las personas jóvenes y adultas. Es una educación importada, que no lee el contexto, las situaciones colombianas y latinoamericanas, y está desactualizada de los conocimientos actuales”, afirmó Blanca Cecilia Gómez, de la CCDE.
En el debate también se subrayaron retos para la garantía de la EPJA como un derecho humano, por ejemplo: la necesidad de superar desde la educación la discriminación y estigmatización de que son víctimas las y los estudiantes de la EPJA. Se enfatizó también que las mujeres jóvenes y adultas, las personas adultas mayores, migrantes, con discapacidad, LGBTI, indígenas, privadas de libertad y en conflicto con la ley, así como aquellas que viven en las zonas rurales, son quienes más sufren por enfrentarse a desventajas y obstáculos para acceder a su derecho a la educación y a oportunidades de desarrollo social y personal. Se reforzó que la EPJA en las cárceles es una farsa disfrazada de “resocialización”, siendo aún más descuidada en el caso de las mujeres reclusas.
“La educación de jóvenes excluidas/os es un apartheid. Estas personas son aisladas y se identifican como un problema social, en el caso de jóvenes en drogadicción, pequeña delincuencia o extrema pobreza, a los cuales no se ofrecen posibilidades reales de acceder a la educación”, subrayó Gómez.
Se destacó también el malo estado de los colegios que ofrecen clases de EPJA, en muchos de los cuales los laboratorios, bibliotecas y hasta los baños, son cerrados a llave, negándose su acceso a estudiantes de las jornadas nocturnas.
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Para enfrentar este escenario, se enfatizó que es urgente darle visibilidad a estas problemáticas y fortalecer tanto las políticas públicas universales de EPJA, así como la generación de políticas afirmativas para reparar dichas discriminaciones históricas y estructurales. Se señaló, además, que es imprescindible contar con currículos y procesos pedagógicos que reconozcan la especificidad de la EPJA, propicien el intercambio de experiencias y se encuentren basados en el diálogo, la participación, las vivencias, trayectorias y el contexto de los sujetos de esta modalidad educativa.
Al final del encuentro, las y los participantes acordaron la realización de una nueva reunión a fines de noviembre, para avanzar en la elaboración de un plan de incidencia, a partir de las memorias del encuentro. “También queremos organizar para el segundo semestre del próximo año, una audiencia pública en el Congreso de la República, convocando a autoridades educativas, para presentarles el plan de incidencia”, informó Blanca Cecilia Gómez.
Durante todo el evento, se reforzó también que es urgente valorar y visibilizar a los sujetos de la EPJA, así como promover una toma de consciencia sobre sus derechos, incluyendo el derecho a la educación, y haciendo que los procesos de participación e incidencia en este campo específico se construyan desde las y los estudiantes.
