Fotos y videos por: Foro por el Derecho a la Educación Pública
El año 2018 el Colegio de Profesores de Chile, a partir de la crisis estructural que ha denunciado en la educación y en el trabajo profesional docente, presentó al Ministerio de Educación (MINEDUC) un petitorio de 11 puntos medulares. Ello derivó en un largo proceso de conversaciones infructuosas entre docentes y el Ministerio de Educación, que sólo tuvo respuestas ambiguas y evasivas. En el último año se organizaron distintas manifestaciones y paros parciales para defender la calidad de la educación y demandar mejores condiciones de trabajo para el magisterio.
Este lunes 3 de junio millares de docentes de norte a sur iniciaron un paro indefinido, demandando respuesta satisfactoria al petitorio. El Colegio de Profesores, único sindicato docente que representa a todas y todos las/os docentes del país, impulsa el paro.
Las reivindicaciones del magisterio incluyen: la eliminación de la doble evaluación de docentes, la titularidad de las horas de extensión, el pago de mención a las educadoras de párvulo y diferenciales, el fin de la Ley Aula Segura y medidas para mejorar la educación pública. Se oponen también a los cambios curriculares para terceros y cuartos medios anunciados por el MINEDUC, que eliminarán a Historia y Educación Física de los ramos disciplinarios obligatorios, convirtiéndolos en asignaturas optativas en el currículum de dichos niveles.
Datos del MINEDUC apuntan a que un 22% de los colegios del país adhirieron a la paralización, pero el Magisterio calcula una cifra sobre el 80% de participación en el paro. En Santiago, cientos de establecimientos se plegaron a la paralización, abarcando 24 mil docentes. De no mediar una respuesta satisfactoria del gobierno a través del MINEDUC, se estima que la paralización docente irá incrementándose a lo largo del país, involucrando también a estudiantes, padres, madres, apoderadas y apoderados.
Las marchas y protestas siguen el día de hoy (6) en Santiago.
Violencia contra la protesta
Se reportaron casos de agresión a manifestantes que participaron en las protestas del lunes. El Foro por el Derecho a la Educación Pública, miembro de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en Chile, se sumó a la manifestación y relató: “Más de 200 personas, especialmente estudiantes de secundaria, llegaron a apoyar esta acción. Posteriormente, juntos marchamos al Instituto Nacional para apoyar a las y los profesoras/es que se encontraban en actividades relacionadas al Paro Docente Indefinido iniciado el 3 de junio. Apenas llegamos nos encontramos con la acción represiva de Carabineros, quienes sin mediar provocación alguna se llevaron detenidos a docentes y estudiantes que se manifestaban en defensa de la Educación Pública”.
El Foro forma parte en la Red Contra la Represión a Estudiantes y, como integrante del grupo, firmó una declaración en la que se rechaza la criminalización de la protesta estudiantil en el país, la cual se profundiza con la aprobación de la Ley Aula Segura. En el posicionamiento, demandan el restablecimiento de condiciones básicas para la construcción de acuerdos que resuelvan las necesidades planteadas por estudiantes, docentes, asistentes de la educación, apoderadas y apoderados. “Es necesario detener la persecución y fortalecer de forma urgente y en todos los ámbitos la educación pública”, afirman.
“Deuda histórica” con docentes de Chile
Desde el 2018, se venían realizando mesas de diálogo entre el Colegio de Profesores y el gobierno. En noviembre de aquel año, la Cámara de Diputados realizó una sesión especial para analizar la denominada “deuda histórica” del Estado con docentes del país.
En el 1974 se inició un proceso de sostenido deterioro a los salarios docentes. Según cifras del magisterio, si en el 1972 un docente percibía mensualmente $100, nueve años después, su salario se redujo a $28. Los fundamentos de lo que se denomina “deuda histórica” se remontan a 1981, en el marco del proceso de la municipalización de la educación nacional, cuando no se cumplió el Decreto Ley Nº 3.551 de 1981, que dispuso un reajuste del sueldo base al sector público.
Esta asignación debía ser cancelada entre los años 1981 y 1984. Sin embargo, nadie recibió íntegramente tal asignación, dado que su nuevo empleador, la municipalidad en vez del Estado, desconoció la aplicación de la medida de reparación. Según la diputada Camila Rojas, más de 60 mil personas siguen esperando la compensación, que bordearía los 14 mil millones de dólares.
En marzo de este año, funcionarias y funcionarios del Ministerio de Educación organizaron una conferencia de prensa para divulgar sus críticas a la gestión de la Ministra de Educación, Marcela Cubillos, y exigir su renuncia. En la ocasión, denunciaron la falta de participación de la sociedad civil en el debate y definición de las políticas educativas, y la poca claridad sobre cómo el Ministerio pretende avanzar en el mejoramiento del sistema educativo nacional.
Contra la doble evaluación de docentes
El magisterio movilizado en el país se opone también a la doble evaluación docente. “Por un lado, existe el portafolio aplicado cada 4 años y que clasifica a los evaluados en insatisfactorio, básico, competente, destacado. Y, por otro, existe el Sistema de Desarrollo Profesional Docente (Carrera Docente) que encasilla a los docentes en los tramos inicial, intermedio, avanzado, experto I y experto II, de acuerdo a la combinación de los factores antigüedad en el cargo y resultados en la Prueba de Conocimientos Específicos, más los resultados del Portafolio”, explica el Colegio de Profesores.
Estos procesos, según las y los manifestantes, conducen al agobio docente y llevan a que estas y estos profesionales tengan que dedicar parte importante de su tiempo a prepararse para ambos sistemas de evaluación, reforzando lógicas individualistas y competitivas en la educación.
Ley Aula Segura
La ley, que entró en vigor el lunes (3), obliga a las escuelas y liceos a incorporar a sus reglamentos internos una vía rápida para expulsar estudiantes por hechos de violencia.
En posicionamiento, el Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile señala que este tipo de medida es una agresión al derecho a la educación de todas las niñas, niños y jóvenes del país, y además busca criminalizar al movimiento estudiantil. Lamenta también que se vea en este tipo de iniciativa una solución a los problemas educativos.
“Rechazamos este tipo manipulaciones que, al decir atender un problema de las y los actores educativos, termina minando la democracia de las escuelas, abriendo más espacios a la mercantilización de la educación y criminalizando a los actores de los establecimientos públicos”, afirma el Foro.
Solidaridad internacional
Ayer (5) la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (FENAPES) de Uruguay, organización sindical que representa a más de 11.000 profesoras y profesores del país, expresó su solidaridad ante el paro docente en Chile, reclamando al gobierno chileno atender y resolver los reclamos del magisterio.
“Vuestra lucha en defensa de la educación pública de calidad, referenciada socialmente y contra la rebaja de las propuestas curriculares que atentan contra la integralidad en la formación de las futuras generaciones y por la mejora de las condiciones de trabajo, expresan el claro e histórico compromiso de los trabajadores de la educación chilena, y del continente, por la democracia, la justicia social, los derechos humanos y el desarrollo integral de nuestros pueblos”, afirma la presidencia de FENAPES, en carta enviada al Colegio de Profesores.
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