Con el objetivo de llamar la atención de la sociedad civil e instar los gobiernos, sobre la necesidad de hacer real y efectivo el compromiso por el derecho a la educación, especialmente debatiendo sobre las relaciones de financiamiento y cooperación, destacando la importancia de garantizar un sistema de financiamiento que tenga como eje fundamental la decolonialidad. Organizaciones y movimientos, estudiantes, docentes tuvieron al realizar la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME)al realizar, entre mayo y junio, la más grande y amplia movilización educativa del mundo.
En las vísperas de la realización de la Semana de Acción Mundial por la Educación en Brasil, entre el 19 al 26 de junio, Andressa Pellanda, coordinadora general de la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación conversó con la CLADE, habla sobre cómo es el contexto de financiamiento educativo y los ejes centrales de la gran movilización por el derecho a la educación en su país.
“El primer desafío [para la garantía del derecho humano a la educación] se refiere a la exigencia de una política económica desde la problematización de cómo decolonizarla y garantizar la financiación absoluta de todas las políticas sociales. Para este año de 2023, especialmente, estamos entrando en el último año de implementación del Plan Nacional de Educación en Brasil, que es un plan de diez años, que expira en junio de 2024”.
Lee a continuación la entrevista completa.
El compromiso con el derecho desde el plan y el sistema de educación
¿Cómo es posible reflejar procesos de decolonización en el financiamiento educativo?
Andressa Pellanda- En Brasil tenemos un enorme desafío con relación a la decolonización de la financiación de la educación ya que estamos bajo una política económica de austeridad muy fuerte desde el año 2016. Esta política puso un “techo”, es decir, un límite a la financiación de todas las inversiones sociales, incluida la educación.
Actualmente nuestro reto es derrumbar esta política de austeridad que se debate en el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados/as y el Senado Federal, lo que se traduce en una nueva política de marco fiscal para Brasil.
Como Campaña, estamos promoviendo la inclusión en esta política para establecer un renovado fondo que garantice el Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica (FUNDEB) y de valoración de profesionales de la educación, que son los principales fondos de financiamiento para toda la educación básica en Brasil. También hemos denunciado la necesidad de retomar lo que estaba antes de la implementación de la política de austeridad, que significó un retroceso inmenso y sería un enorme revés si llegara a mantenerse en el futuro.
Valoramos que apenas se ha cubierto un 85% de lo previsto en el Plan Nacional de Educación, poniendo en riesgo la financiación en varias etapas y modalidades, como la educación escolar indígena, quilombola, afrodescendiente, rurales y ribereñas que son las poblaciones que ocupan el territorio y habitaron mucho antes que se diera la llegada de la conquista portuguesa.
Andressa Pellanda, Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación
El primer desafío [para garantizar el derecho humano a la educación] se refiere a la exigencia de una política económica desde la problematización de cómo decolonizarla y garantizar la financiación absoluta de todas las políticas sociales. Para este año de 2023, especialmente, estamos entrando en el último año de implementación del Plan Nacional de Educación en Brasil, que es un plan de diez años, que expira en junio de 2024.
En junio de 2023 estaremos en el último año de ejecución del plan y, a pesar que se han cumplido nueve años, ninguno de sus 20 objetivos se han cumplido completamente. De hecho [como campaña] valoramos que apenas se ha cubierto un 85% de lo previsto en el Plan Nacional de Educación, poniendo en riesgo la financiación en varias etapas y modalidades, como la educación escolar indígena, quilombola, afrodescendiente, rurales y ribereñas que son las poblaciones que ocupan el territorio y habitaron mucho antes que se diera la llegada de la conquista portuguesa.
La colonización también se evidencia cuando la educación de estos grupos no es adecuadamente financiada. Resaltamos que el plan nacional de educación es la columna vertebral de la principal política educativa brasileña y por ello debería ser el motor que enfrente las desigualdades sociales y regionales étnico-raciales en Brasil.
Construir un nuevo plan nacional de educación para el futuro deseamos que en su proyección no retroceda en relación a las metas actuales, incluyendo el financiamiento, y que no profundice la desigualdad, procurando políticas afirmativas con presupuesto a fin de enfrentar estructuralmente el sistema.
El primer desafío [para garantizar el derecho humano a la educación] se refiere a la exigencia de una política económica desde la problematización de cómo decolonizarla y garantizar la financiación absoluta de todas las políticas sociales. Para este año de 2023, especialmente, estamos entrando en el último año de implementación del Plan Nacional de Educación en Brasil, que es un plan de diez años, que expira en junio de 2024.
Andressa Pellanda, Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación
También tenemos el desafío de aprobar un Sistema Nacional de Educación. El Plan Nacional de Educación prevé este sistema, recordando que Brasil es un país federativo, entonces tenemos unidades federativas de gestión y gobierno federal con responsabilidades específicas sobre las etapas y modalidades de educación.
Con frecuencia las poblaciones no cuentan con un sistema que coordine de forma cooperativa en su propio Estado y municipio, lo que hace que tengamos enormes desigualdades regionales. Se ven Estados y municipios más pobres justamente los que tienen mayor concentración de población negra, indígena, quilombola y rural.
El sistema nacional de educación debe ser decolonizado en su financiamiento así como en la propia educación. Dentro de esta disputa nos enfrentamos, por supuesto, al sector privado y a la privatización de la educación en Brasil, ya que ésta ha aumentado en los últimos años.
Hemos pasado de un modelo de privatización incremental a un modelo de privatización estructural, con reformas neoliberales que reducen el papel del Estado en la educación. Dentro de eso, observamos la regulación de las acciones del sector privado, para asegurar que la oferta que se haga por parte de estos grupos sea de calidad y que, a su vez, las decisiones sobre políticas públicas consideren las voces de los sectores de la sociedad civil, los movimientos sociales, las entidades representativas de los profesionales, los sindicatos, las agrupaciones de estudiantes para que al debatir sea una decisión con fines públicos para la educación pública.
De esta manera, tenemos enormes desafíos en términos de financiación que toca todas las etapas y modalidades, pero con atención particular a los grupos que sufren desde la colonización y actualmente también con las estructuras neocoloniales en Brasil.
La evaluación amerita decolonizarse
¿Cuáles son las propuestas de medición para abrir la mirada decolonizada del financiamiento?
Andressa Pellanda.- Un tema central en nuestra lucha ha sido desde el escenario mundial, con la aprobación del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 [relativo a la educación], tuvimos avances y victorias de sectores progresistas y defensores de la educación a nivel global. Pero vemos que al diseñar las métricas, la perspectiva de derecho se había reducido, ya que es una mirada neocolonial.
No deja de suceder en Brasil, incluso en el propio plan nacional, que el sistema de evaluación de la calidad que se ofrece resulta muy restringido, limitado al IDEB (Índice de Desarrollo de la Educación Básica), que es una prueba de evaluación de competencia a gran escala, de portugués y matemáticas.
Si esto sucede es porque las políticas de reducción del Estado no promueven mejoras de la profesión docente. Este tipo de evaluación es muy restringido y no garantiza la valoración de la educación. Actualmente existe una propuesta dentro del Sistema Nacional de Educación que se previó en la enmienda constitucional del Fondo Básico (FUNDEB) que se llama el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Básica (Sinaeb), cuya propuesta amplía la evaluación de la educación para considerar otros indicadores, tales como el porcentaje de población afrodescendiente e indígena, evaluación de la infraestructura de las escuelas, a través del CAQ.
El CAQ es un mecanismo construido por la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación y ahora está presente en la Constitución Federal por el FUNDEB, pero todavía no ha sido reglamentado para que garantice la financiación de calidad y para que también sirva como mecanismo de evaluación de la política educativa, valorando la transferencia de los recursos, su tratamiento, inversión en infraestructura, la valoración de profesionales docentes, la proporción de estudiantes por clase, lo que integra un factor importante para la calidad de la educación, entre otros.
Nuestra propuesta fue diseñada en 2015 y se hizo una política junto al Ministerio de Educación, pero esta fue una de las primeras políticas suspendidas cuando se ejecutó el golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff, y el entonces ministro de educación del gobierno de Michel Temer suspendió todo lo referido al sistema nacional de evaluación de educación básica. Desde entonces tenemos una resistencia, frente al modelo de los grupos neoliberales que también fueron cómplices del golpe a la presidenta constitucionalmente electa Dilma Rousseff.
Así que tenemos este reto de ampliar su evaluación a través de la regulación del sistema que está dentro de la reglamentación del Sistema Nacional de Educación en su conjunto.
La medición decolonial de la calidad
El CAQi es el estándar mínimo de calidad, razón por la cual recibe la “i” inicial. El CAQ avanza en relación al estándar mínimo porque considera el carácter dinámico del concepto de coste por estudiante y también la capacidad económica de Brasil, posicionado como la sexta economía del mundo. (CNDE)
¿Cómo aporta el estándar mínimo de calidad (CAQi) y el Costo Alumno Calidad (CAQ) a la defensa de un financiamiento decolonial?
Andressa Pellanda.- Desde el año 2002, lanzamos el primer libro sobre el Costo Alumno Calidad (CAQ), con la propuesta de calidad social y educación, que promueve las condiciones para que el proceso de enseñanza-aprendizaje suceda con la calidad, es decir, con condiciones adecuadas y equitativas en todas las instituciones educativas, con agua potable, saneamiento básico, infraestructura, internet, canchas deportivas, laboratorios de ciencias así como temas relacionados con la valoración de profesionales docentes, sus condiciones laborales, planes de carrera, escala salarial, también infraestructura inclusiva, gestión democrática, financiamiento para espacios para realización de asamblea, de encuentro de gremios, buen funcionamiento del Consejo Escolar, integración de los espacios de participación. La visión de conjunto significa contemplar condiciones de aprendizaje e intercambio que garantice autonomía, que considere los contextos y sea territorializada, para favorecer un diálogo conjunto del conocimiento.
La propuesta inicial del Costo Alumno Calidad se fue mejorando a lo largo de los años, a partir de los congresos de educación, cuando se sumó la participación de todos los sectores, entidades y movimientos de educación para llegar al congreso nacional de educación básica de 2008. Se han repetido los congresos nacionales de educación en 2010, 2014 y 2018, mientras que el congreso nacional popular de educación en 2018 y 2022.
A partir de la sistematización de participaciones en las conferencias, hicimos una interlocución con el Consejo Nacional de Educación y la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación, haciendo una resolución normativa indicando el segmento de estudiante y calidad. Lamentablemente esta resolución nunca fue homologada por el Ministerio de Educación, es decir, no fue puesta en práctica.
Por otro lado, logramos incidencia política en el Conferencias Nacional junto con toda la sociedad para demandar que el índice de CAQ fuera considerado el parámetro para el cálculo del financiamiento de la educación. Fue a través del costo por estudiante que calculamos el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación en el plan nacional de educación.
Sin embargo, este plan fue dejado de lado por las políticas de austeridad y la gestión de los últimos gobiernos autoritarios que no siguieron la legislación educativa.
Han pasado 11 años de lucha y hemos llegado a la Constitución Federal, que fue el primer mecanismo extenso en Brasil totalmente construido por la sociedad, pero todavía tenemos mucha lucha por delante, para pensar temas como los mecanismos de financiación, la evaluación de la calidad y el control social de la educación en Brasil.
Andressa Pellanda, Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación
La aprobación en la Constitución Federal como el principal parámetro para el fondo para la educación básica en Brasil consideramos una conquista del proceso social. Nuestra propuesta era tomarlo como parámetro para el cálculo de la calidad del valor por estudiante, así como en el Plan Nacional de Educación.
La regulación del parámetro es un reto, porque hay un debate sobre lo que sería este costo – estudiante con el criterio de calidad, que implica llegar al consenso sobre el sentido de la calidad y sus parámetros de medición, a lo que sigue su regulación y el seguimiento a su aplicación.
Han pasado 11 años de lucha y hemos llegado a la Constitución Federal, que fue el primer mecanismo extenso en Brasil totalmente construido por la sociedad, pero todavía tenemos mucha lucha por delante, para pensar temas como los mecanismos de financiación, la evaluación de la calidad y el control social de la educación en Brasil.
Los aprendizajes deben transformar las desigualdades
¿Cuáles son las prioridades para lograr un financiamiento decolonial en la región latinoamericana y caribeña?
Andressa Pellanda.- El primer punto es que la educación debe ser entendida como un derecho y no como un servicio, mucho menos aquella dirigida a la formación precaria de una mano de obra que no desafía el status quo en América Latina. El status quo es elitista, racista, colonial que se vive en todas las estructuras sociales y culturales.
Tenemos que dar un giro hacia una visión de la educación de los territorios, para que la política educativa y de financiamiento contemple las diversas necesidades, las demandas y diversidades de todo tipo, también culturales presentes en nuestros países. Considerar a los pueblos indígenas, los pueblos tradicionales originarios, los pueblos quilombolas, los pueblos rurales y las propias diversidades que existen incluso dentro de estos pueblos.
Sólo si construimos un sistema de gestión democrática veremos una transformación de la legislación, institucional y de la calidad de la educación. Por supuesto, sabemos que la educación no salva el mundo, pero no salvaremos el mundo sin la educación, así que tendremos que asegurarnos de que nuestras poblaciones puedan verse a sí mismas y formar parte de estas políticas educativas, que significan mejorar el financiamiento con las diversidades y territorialidades, especialmente considerando las desigualdades históricas.
Invitación al cierre desde la tierra de Paulo Freire, nuestro maestro popular mundial
Andressa Pellanda.- Paulo Freire es nuestro gran maestro educador que dijo que la educación por sí sola no transforma el mundo, pero la educación si transforma a las personas que van a transformar el mundo. Así que tenemos que poner a las personas en el centro de nuestra agenda para la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) para garantizar que este mundo se transforme y que en el siglo veintiuno, podamos finalmente superar la estructura colonial que todavía existe a nivel global y dentro de nuestros países.
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