La Semana de Acción Mundial por la Educación en este año 2025 (SAME en español, GAWE por sus siglas en inglés) tiene por lema central “Proteger la educación en situación de emergencia”. Esta iniciativa es la mayor movilización mundial entorno a la defensa por el derecho humano a la educación, y suma la participación de millones de estudiantes, docentes, activistas, defensores y defensoras de derechos humanos, así como autoridades de más de cien países del mundo inspirados por la Campaña Mundial por la Educación (CME).
La SAME es una iniciativa global que moviliza a la sociedad civil en defensa del derecho humano a la educación. Desde su creación, ha servido como un espacio de incidencia política y sensibilización, reuniendo en torno a la exigencia de compromisos concretos para garantizar la educación.
La movilización principal se tiene prevista entre el 28 de abril y el 5 de mayo, sin embargo, la campaña sigue con acciones a lo largo del año. En esta ocasión, especialmente se moviliza la demanda a los Estados sobre la debida atención y priorización a una educación en situaciones de emergencias, que pueden ser diversas como conflictos armados, desalojos y desplazamientos territoriales, crimen organizado, fragilidad del Estado democrático, insuficiente prevención a consecuencias de cambio climático, entre otras.
En América Latina y el Caribe, la SAME cobra una relevancia especial, pues la región enfrenta múltiples desafíos que afectan el acceso y permanencia de las personas a lo largo de toda la vida en los diversos ámbitos y modalidades educativas. La crisis educativa, exacerbada por la pandemia y las desigualdades estructurales, requieren respuestas urgentes y sostenibles. Es por ello que esta movilización anual representa una oportunidad para poner en la agenda pública las demandas ante los Estados por el derecho humano a la educación, representando un espacio clave para la incidencia y el diálogo sobre los principales desafíos educativos en la región.
Emergencias que afectan a la educación
A pesar de algunos avances en materia educativa, millones de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas adultas y mayores en América Latina y el Caribe aún enfrentan barreras para acceder y permanecer en su trayectoria educativa. La falta de inversión suficiente, la brecha digital, la desigualdad de género y las condiciones socioeconómicas desfavorables continúan limitando el acceso y permanencia a la educación.
La región latinoamericana y caribeña sigue atravesando las consecuencias de la pandemia, ya que el COVID-19 exacerbó las desigualdades educativas en la región, dejando en evidencia la urgencia de fortalecer los sistemas educativos y dar respuesta para enfrentar futuras crisis. La educación a distancia – virtual, si bien fue una solución temporal, también profundizó la brecha de acceso a recursos tecnológicos y conectividad, así como otras complejidades vinculadas con los derechos digitales.
Uno de los principales retos es la garantía de una educación inclusiva y equitativa para grupos en situación de vulnerabilidad, como comunidades en contextos rurales, indígenas, personas con discapacidad, movilidad humana y desplazamiento, quienes siguen enfrentando obstáculos estructurales para su desarrollo educativo.
América Latina y El Caribe: crisis climática, género, movilidad y criminalidad
En la nota conceptual de la #SAME2025 (en español, portugués, francés e inglés), la Campaña Mundial por la Educación (CME) señala que “La educación en situaciones de emergencia proporciona una protección física, psicosocial y cognitiva que puede mantener y salvar vidas. Entre las situaciones de crisis más comunes en las que la educación en emergencias es esencial se encuentran los conflictos, las situaciones de violencia, los desplazamientos forzosos, las catástrofes y las emergencias de salud pública”.
El Informe Educación bajo Ataque (GCPEA, por sus siglas Coalición Global Proteger la Educación bajo Ataque) documentó un repunte de los ataques a la educación, “los ataques contra la educación y el uso militar aumentaron casi un 20% en 2022 y 2023 en comparación con los años anteriores”. La amenaza que se cierne sobre la educación debido a los desplazamientos y al impacto económico de la crisis climática actual e inminente es alarmante, según el Índice de Riesgo Climático para la Infancia (CCRI, por sus siglas en inglés) de UNICEF, “aproximadamente mil millones de niños y niñas en todo el mundo -casi la mitad de la infancia del mundo- viven en países considerados de riesgo extremadamente alto por los impactos de la crisis climática”.
Además, la desigualdad de género en la educación se agrava en tiempos de crisis, como lo señala la Iniciativa para la Educación de las Niñas de las Naciones Unidas (UNGEI, por sus siglas en inglés) a través de un kit llamado EiE-GenKit.
Por otra parte, como región latinoamericana y caribeña, la membresía CLADE quiere sumar esfuerzos a temáticas como movilidad y desplazamiento humano así como la criminalidad.
El compromiso para la educación: financiamiento como clave
La financiación es fundamental para garantizar una Educación en Emergencias transformadora de género. Sin embargo, la Red Interinstitucional para la Educación en Emergencias (INEE), en su informe Desafíos persistentes a la financiación, señaló que una “tendencia a largo plazo de aumentos anuales en la financiación humanitaria para la educación está en riesgo tras una disminución en 2023, la primera en más de una década”.
El financiamiento público para la educación sigue siendo una de las grandes preocupaciones que alertan a la región, ya que, sin recursos suficientes, los avances serán limitados. La inversión pública en educación debe aumentar y destinarse de manera eficiente para garantizar infraestructuras adecuadas, formación de docentes y procurar todas las condiciones de la enseñanza – aprendizaje.
Más allá del acceso a la educación, es fundamental promover diversas ofertas educativas que transformen las estructuras de desigualdad y fomenten el pensamiento crítico, la participación democrática y la construcción de sociedades más justas. Se destaca que la educación debe ser un espacio de emancipación y de garantía de derechos humanos, considerando que la justicia educativa es uno de los caminos para la justicia social.
La incidencia de la sociedad civil es fundamental para exigir a los gobiernos el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia educativa. Por ello insisten en impulsar estrategias de monitoreo y demanda de derechos para garantizar que las voces de las comunidades sean escuchadas y tomadas en cuenta en la formulación de políticas.
Movilización regional para priorizar acuerdos internacionales
Considerando esta nueva oportunidad para impulsar una agenda común regional, la CLADE recuerda al menos tres ámbitos de acción:
- Incidencia: reunión con autoridades, audiencias públicas, publicación de notas y posicionamientos;
- Formación: diálogos con estudiantes, docentes, seminarios con especialistas, talleres, producción e intercambio de materiales didácticos / educomunicativos;
- Movilización: actividades comunitarias, producción y difusión de materiales para la prensa, redes sociales, entre otros.
La SAME 2025 insta a los gobiernos a cumplir sus compromisos expresados en los siguientes instrumentos internacionales:
- Declaración sobre Escuelas Seguras.
- Cumbre para la Transformación de la Educación (TES, por sus siglas en inglés).
- Marco Integral de Seguridad Escolar 2022-2030.
- Convención de los Derechos del Niño (Artículo 38), el Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario (Reglamentos 7, 38 y 40), y la Convención de la Unión Africana para la Protección y Asistencia de los Desplazados Internos.
La red CLADE con participación de su membresía visibilizará el llamado de la SAME en el ámbito regional a través de un evento virtual sobre Educación en Emergencias (fecha por confirmar). De la misma manera se realizará en África, países árabes y Oriente Próximo y Asia Pacífico.
