El derecho a la educación en situaciones de emergencia está sólidamente respaldado por el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Marco de Sendai establecen la obligación de los Estados de garantizar la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad de la educación, incluso en contextos de crisis. Las crisis actuales son cada vez más prolongadas, complejas y superpuestas.

Conflictos, violencia, desplazamientos forzados, desastres ambientales y crisis económicas afectan hoy a más de 234 millones de niñas, niños y adolescentes en el mundo. En Centroamérica, particularmente en El Salvador, Guatemala y Honduras, esta realidad adquiere dimensiones alarmantes: la violencia estructural, la pobreza, la debilidad institucional y la alta vulnerabilidad frente a fenómenos climáticos han convertido la movilidad humana en una condición recurrente para miles de adolescentes y sus familias. Cerca del 14% de las personas que integran los flujos migratorios en la región son niñas, niños y adolescentes, quienes enfrentan interrupciones escolares, discriminación, violencia y múltiples barreras para acceder y permanecer en la educación secundaria.

En este contexto, la educación en emergencias no es opcional, sino una obligación jurídica y una condición clave para la protección, la recuperación y la construcción de paz. Sin embargo, sigue subfinanciada y desigualmente atendida en la respuesta humanitaria global.

La CLADE sostiene que la educación es un derecho humano fundamental que debe ser garantizado en todo momento, incluyendo situaciones de emergencia. Defiende una educación:

• Pública, gratuita, laica, inclusiva y de calidad.
• Basada en un enfoque de derechos humanos.
• Vinculada a la justicia climática y socioambiental.
• Orientada a la transformación social y a la reducción de desigualdades.

• Integrar la educación ambiental transformadora de forma transversal.
• Fomentar el pensamiento crítico, la innovación sostenible y la revisión de los modelos de desarrollo.
• Incorporar saberes tradicionales y cosmovisiones indígenas.
• Garantizar infraestructuras educativas seguras, resilientes y sostenibles.
• Fortalecer la educación socioemocional y abordar impactos como la ansiedad climática.