El contexto político, económico, social y ambiental de Centroamérica ha originado altos niveles de violencia, desapariciones forzadas y condiciones de empobrecimiento, derivadas del cambio climático, trayendo como consecuencia desplazamientos internos, migración y movilidad humana en situaciones de alto riesgo.
Los riesgos que entrañan las rutas migratorias son extremadamente difíciles y amenazan de forma permanente la seguridad y la dignidad humana. Se estima que alrededor del 50% de niños, niñas y jóvenes migrantes son retornados y retornadas a sus países por las autoridades migratorias. Mientras están en tránsito – ya sea en contexto de llegada o de regreso a sus países de origen- el derecho a la educación es frecuentemente vulnerado, ya que no existen protocolos para su (re)integración en los sistemas públicos de educación.
Nicaragua, Honduras y Guatemala han experimentado un aumento en la movilidad de personas, especialmente niños, niñas y jóvenes, que se ven obligadas a desplazarse a otros países, principalmente a Estados Unidos y a México, con la expectativa de mejorar sus condiciones de vida.
La región desde 2008 ha vivenciado las Caravanas de migrantes que, de forma espontánea y organizada, van agrupando a cientos de personas que se movilizan entre los países. Con la pandemia, las condiciones de vulnerabilidad de la mayoría de la población se fueron agudizando, lo que a su vez afectó también las dinámicas de los flujos migratorios desde el año 2020.
Una Agenda para responder a las demandas educativas
En el marco del proyecto Educación en Voz Alta de la Alianza Mundial por la Educación (AME), las Coaliciones Nacionales de Educación (CNE) de Nicaragua, Honduras, Guatemala y recientemente El Salvador, miembros de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) proponen una respuesta multinacional y coordinada que responda a este complejo y desafiante contexto.
La agenda aborda la problemática de la educación pública de los países involucrados, desde el análisis y mirada de políticas públicas en la región.
La Agenda Trinacional Conjunta de Nicaragua, Honduras y Guatemala adopta un enfoque intersectorial, buscando hacer realidad el derecho a la educación de los grupos vulnerables que siguen enfrentando las mayores barreras para acceder a la educación y permanecer en las escuelas.
Entre las acciones estratégicas se plantea la creación de centros tecnológicos en las instituciones de acogida de migrantes, donde niñas, niños y jóvenes puedan conectarse a un centro educativo en su país de origen, reintegrándose automáticamente en el sistema nacional a su retorno. Y así, en caso de que llegase al país de destino deseado, podría obtener la convalidación de sus certificados educativos para continuar la trayectoria educativa.
La construcción de la Agenda Trinacional es un aporte que aspira incidir en los poderes públicos y en las políticas educativas a nivel nacional de Centroamérica y en el ámbito regional. Las acciones previstas exponen que, en diálogo con el Consejo de Ministros de Educación de la Región, el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), los países desarrollen un protocolo conjunto sobre educación en movilidad para asegurar el derecho a la educación (DHE) de niñas, niños y jóvenes migrantes.
El proceso de la agenda trinacional pretende la incidencia en la política pública educativa, viendo más allá de nuestros contextos nacionales y particulares que permita como región “garantizar educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente” e incidir en los tomadores regionales de decisiones sobre la educación en la región Centroamericana.
Enfoques diversos se integran en la agenda
La agenda expone los contextos socioeconómicos de cada país involucrado en la iniciativa, sitúa la educación y los nudos críticos que del conjunto se derivan. Por ello, en la agenda se muestra que hay altas tasas de repetición, abandono escolar, además de insuficiente información docente en todos los ámbitos educativos, agudizado en zonas rurales.
La agenda tiene un enfoque intersectorial, pretende abordar a grupos vulnerados. Las personas con discapacidad, pueblos indígenas, mujeres y niñas, personas de la población LGBTIQ, y migrantes que históricamente enfrentan mayores barreras para acceder a la educación.
Igualmente se subraya el insuficiente presupuesto destinado a educación y la falta de voluntad política para priorizar la agenda educativa y garantizar este derecho desde un enfoque integral e intersectorial desde políticas públicas nacionales y regionales contextualizadas.
Las demandas prioritarias consensuadas en la Agenda son las siguientes: financiación adecuada de la educación pública, mapeo de las desigualdades en la educación para mujeres y niñas, personas con discapacidad, pueblos indígenas, personas LGBTIQ y migrantes.
Por otro lado, en la iniciativa se insta a los Estados a crear políticas y planes sensibles al género para eliminar la discriminación y la violencia de género en los centros educativos de modo que se logre una educación inclusiva a nivel regional, garantizando la dignidad en toda su amplitud.
La estrategia sustenta la adaptabilidad de las políticas educativas públicas que pasa por articular políticas públicas nacionales y regionales concebidas en la garantía de los derechos humanos.
Finalmente, la propuesta aboga por la profundización de acciones afirmativas para garantizar el acceso, la cobertura y la permanencia educativa de infancias y juventudes migrantes en la educación, habilitando aulas en las fronteras que garanticen la continuidad durante las condiciones del tránsito migratorio, para lo cual los planes de estudio y la profesionalización docente debe considerar las diversidades e innovaciones necesarias.
