CLADE: articulación plural de organizaciones nacionales, regionales e internacionales por el derecho a la educación en América Latina y el Caribe
25 de septiembre de 2023Para Laura Gianecchinni, coordinadora programática de la CLADE, uno de los destaques de la iniciativa es su poder de articulación de organizaciones nacionales, regionales e internacionales que luchan por el derecho humano a la educación en América Latina y el Caribe.
“La Campaña es fundamental para multiplicar las voces de denúncias a violaciones del derecho a la educación a nivel regional e internacional”
21 de septiembre de 2023Alexander Reyes Guevara, joven nicaraguense, afirma que la CLADE, además de ser una importante plataforma para aumentar las voces de denúncias a instancias regionales y globales, se transforma en un actor social relevante para identificar soluciones que permitan dar salida a la emergencia educativa que actualmente vive Nicaragua y su estudiantado
Haití, REPT: Nadie tiene derecho a arrebatar el derecho humano a la educación
19 de abril de 2023“El derecho a vivir, el derecho a vivir en paz, el derecho a la educación para todas y todos es una cuestión de nuestra vida, es una cuestión de nuestro honor y dignidad. Debemos defenderlos. Debemos permanecer unidos para defenderlos”, afirma la Reagrupación Educación para Todos y Todas de Haití (REPT) como coalición de organizaciones y movimientos sociales que trabajan en pro del derecho a la educación pública, gratuita y de calidad en Haití y miembro de CLADE a través de un pronunciamiento público divulgado recientemente y que condena la muerte de un estudiante haitiano, y del contexto de la difícil coyuntura violenta que atraviesa el país, con las amenazas para los derechos humanos y especialmente para el derecho humanos a la educación.
Según la Reagrupación, “la situación de inseguridad en el país se ha deteriorado en los últimos tiempos, provocando que niñas, niños y jóvenes no puedan ir a la escuela y centros educativos, ya que muchas escuelas y universidades han tenido que cerrar sus puertas”.
Lee a continuación el documento completo:
Posicionamiento del REPT sobre los actos de violencia que tienen lugar en Haití y sus consecuencias en el sector de la educación
El derecho a la vida, el derecho a vivir en paz, el derecho a la educación para todas y todos son derechos fundamentales consagrados en las leyes haitianas y en los instrumentos internacionales. Nadie tiene derecho a arrebatar estos derechos. Nadie tiene derecho a ser cómplice de la supresión de estos derechos.
El Reagrupación Educación para Todos y Todas de Haití (REPT) constata con indignación y angustia cómo los actos de violencia afectan a la población en general y al sector de la educación en particular, y condena todos los actos de secuestro, asesinato y violencia que tienen lugar en varias regiones del país. Asimismo, aprovecha la ocasión, una vez más, para expresar su solidaridad con las víctimas, sus familias, sus amigos y todo el pueblo haitiano que sufre.
La situación de inseguridad en el país se ha deteriorado en los últimos tiempos, provocando que niñas, niños y jóvenes no puedan ir a la escuela y centros educativos, ya que muchas escuelas y universidades han tenido que cerrar sus puertas. La pérdida de varios días de clase empeoró la situación del estudiantado, cuyo derecho a la educación está siendo vulnerado.
Según UNICEF, la violencia de las bandas hace que medio millón de niños pierdan días de clases. Asimismo, el Ministerio de Educación Nacional y Formación Profesional afirma que 1.700 escuelas han sido cerradas en el área metropolitana.
Los grupos armados siembran la muerte y el desorden, bajo la mirada de las autoridades del Estado y de sus aliados del sector política que lucha por el poder y del sector privado, que aprovecha la situación para enriquecerse.
Los actos de secuestro que están teniendo lugar en las escuelas y sobre las personas que se dedican a la educación formal son parte de una campaña para reforzar el miedo entre la población, de manera que pueda justificarse una intervención militar en el país. Esto demuestra que la educación no es una prioridad para las autoridades, que no han hecho nada serio para detener estos actos deshonestos.
En tal sentido, el REPT condena la muerte por asesinato de Tchadensky Jean Baptiste, estudiante de la Escuela Normal Superior (ENS). El REPT está de acuerdo con la declaración de la dirección de la escuela, que afirma: “Todo esto es una continuación del clima de terror instalado, tolerado, incluso banalizado, una forma de mantenernos de rodillas. No podemos tolerarlo y no podemos vivir con esta situación. Es una cuestión de honor y dignidad”.
El REPT insta al Estado a que tome las medidas necesarias para restablecer un clima de seguridad en el país, que permita a la población vivir en paz. También que asuma su responsabilidad para que se respeten y protejan los derechos de niñas, niños, jóvenes y de la población en general a beneficiarse de una educación de calidad.
El derecho a vivir, el derecho a vivir en paz, el derecho a la educación para todas y todos es una cuestión de nuestra vida, es una cuestión de nuestro honor y dignidad. Debemos defenderlos. Debemos permanecer unidos para defenderlos.
Puerto Príncipe, 24 de marzo de 2023
Colombia: una mirada creativa del paro nacional
8 de febrero de 2023El 28 de abril de 2021 se iniciaron movilizaciones populares, juveniles y estudiantiles en muchos puntos clave del territorio colombiano, muchas de ellas se sostuvieron por más de 2 meses en demanda de una agenda gubernamental que considerara las garantías de los derechos humanos.
Las reformas tributarias, de salud, así como el régimen de contratación laboral y de pensiones fueron los puntos iniciales que despertaron las movilizaciones sociales sostenidas entre abril y junio del año 2021 en Colombia.
Esta movilización popular pacífica es considerada la más grande de la historia reciente de Colombia, tanto a nivel nacional, como local y regional, agruparon el cansancio a las problemáticas acumuladas de precarización económica y desigualdades que la pandemia y su manejo mostró y amplificó. Durante el paro nacional se efectuaron a nivel nacional 7.415 concentraciones, 3.415 bloqueos de vías, 2.475 marchas, 678 movilizaciones y 40 asambleas populares.
La política de ajuste neoliberal impuesta por el entonces presidente Iván Duque, afectaba la subsistencia de las mayorías populares. Las movilizaciones sumaron demandas sobre la renta básica, equivalente a 1 salario mínimo mensual, la matrícula cero para el ingreso a universidades, la revisión de los tratados de libre comercio y el cumplimiento de acuerdos (suscritos con estudiantes universitarios, comunidades campesinas e indígenas), y un llamado a los Acuerdos de Paz para su verdadero cumplimiento y la no fumigación de cultivos ilícitos.
En las visitas de la CIDH se constataron las denuncias de graves violaciones a derechos humanos, el desconocimiento del uso progresivo de la fuerza, la infiltración de grupos civiles armados, la estigmatización y criminalización de líderes sociales, además de la falta de seguridad para la integridad de quienes hacen labores de monitoreo y acompañamiento de DDHH. Esta situación acentuó la demanda social de desmantelamiento de la principal instancia responsable, el Escuadrón Móvil Antidisturbios conocido como ESMAD.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de Colombia reveló en su informe que entre el 28 de abril y el 15 de julio de 2021, durante el paro nacional se registraron 83 homicidios, se denuncia que presuntamente 44 de ellos fueron cometidos por la fuerza pública, especialmente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), incluyendo dos por inhalación de gases lacrimógenos y uno por atropellamiento de tanqueta. También se denunciaron 96 víctimas de violencia ocular y 35 de violencia sexual. Las observaciones y recomendaciones de organismos internacionales sobre la garantía de los derechos humanos llevaron a negociaciones que permitieron el acuerdo de desmovilización del paro nacional, con el compromiso del Estado de velar por los acuerdos de las mesas de diálogo.
Compartimos el poema escrito por el profesor Camilo E. Jiménez Camargo, de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, a propósito de la cercanía del segundo aniversario del paro nacional.
Mayo colombiano 2021
Criminalización y violación a los derechos humanos de estudiantes en América Latina y el Caribe.
En los últimos años, la CLADE viene expresando su preocupación ante la respuesta negativa de muchos Estados a los reclamos y demandas de estudiantes y docentes por mayor participación en el debate público y en la toma de decisiones sobre las políticas educativas. Existe un progresivo cierre del diálogo entre el Estado y los sujetos de la comunidad educativa en diversos países y, más que eso, una creciente criminalización de esos sujetos en contextos de protestas sociales.
Es en este escenario CLADE presentó en 2018 un Informe Regional: Criminalización y violación a los derechos humanos de estudiantes en América Latina y el Caribe. Reflexiones a partir de los casos de estudiantes secundarios y universitarios en Chile, Colombia, Nicaragua y Honduras, dedicado a la situación de las y los estudiantes en América Latina y el Caribe como protagonistas de la defensa del derecho a la educación y de otros derechos humanos.
La preocupación por la situación de las personas que defienden los derechos humanos en Colombia ha sido reiteradamente expresada por la CIDH, que se ha manifestado sobre la falta de protección y medidas de seguridad, así como por la impunidad existente en relación con los actos perpetrados contra las personas que ejercen la defensa de los derechos humanos: defensoras y defensores, líderes sociales y comunales, estudiantes, periodistas. Se destaca, por ejemplo, la admisión en el año 2016 del caso de un estudiante asesinado en el marco de una manifestación universitaria y más recientemente, en noviembre de 2019, el fallecimiento de otro estudiante como resultado del uso desmedido de la fuerza por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional en el marco de una protesta. También CIDH ha reafirmado la importancia de su labor para la consolidación del Estado de Derecho y la transición hacia la paz en Colombia, y ha lamentado que la situación de la violencia siga en aumento sostenido desde la implementación del último Acuerdo de Paz.
Perú: contexto político inestable amenaza el derecho humano a la educación
30 de enero de 2023La educación peruana sufrió hoy temprano (viernes 27 de enero) otro golpe de parte del Ministerio de Educación. Por Decreto Supremo DS 002-2023 se disolvió el Consejo Nacional de Educación (CNE), órgano especializado, consultivo y autónomo, creado hace 22 años, adscrito al Ministerio de Educación (MINEDU).
El CNE ha sido el responsable por la elaboración, concertación, seguimiento y evaluación de los Proyectos Educativos Nacionales (PEN). El último PEN al 2036 fue producto de una amplia consulta nacional, se sustenta en el derecho humano a la educación y los principios de inclusión, equidad, calidad y afianza el derecho a la educación a lo largo de la vida.
¿Por qué se disuelve el CNE?
Según la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE), los dos últimos pronunciamientos del Consejo, que respondieron a un contexto extremadamente complejo para el país, no fueron del agrado del actual ministro que considera que ese órgano no puede expresar su discrepancia con políticas y acciones que vulneran los principios antes señalados. Esta reacción, plasmada en el DS 002-2023, es totalmente inusual y solo se explica por el carácter autoritario que está imperando de parte del Ejecutivo en el país, en consonancia con el legislativo.
“En diversos momentos, el CNE ha manifestado su opinión frente a las políticas educativas emanadas del congreso o del MINEDU, ya sea para aprobarlas u observarlas si, de alguna manera, limitaban o vulneraban el derecho a una educación de calidad con inclusión y equidad”, afirma la CPDE.
La Campaña explica que las numerosas gestiones por las que ha pasado el sector Educación, incluyendo los últimos cinco ministros de la gestión de Pedro Castillo, respetaron la autonomía del CNE al pronunciarse a favor del enfoque de género, de la regulación de la educación superior, en contra del retroceso en medidas necesarias a la educación bilingüe intercultural, entre varias otras, que no eran de su agrado, demostrando el comportamiento democrático que se espera de representantes de gobiernos que declaran serlo.
“La actual gestión afirma día a día su poder rechazando drásticamente, castigando cualquier posición tan solo discrepante, eliminando de un plumazo su esperado comportamiento democrático, pilar de la formación ciudadana que el PEN al 2036 propugna por convicción”, afirma la CPDE.
El CNE disuelto tenía vigencia hasta el 2026; según el decreto supremo mencionado, en 12 días ya se debe haber conformado el nuevo consejo, que reduce su número de 25 a 12 líderes educativos, en el que ya no cabe la pluralidad en su conformación que tenía el disuelto.
Según la Campaña, la apuesta es que el Consejo tenga como nuevos integrantes personas que den luz verde en silencio o con halagos a lo que pueda seguir haciendo esta gestión que gobierna por intereses particulares, cero ideología o posición política, cero EJE Personas de la Agenda 2030 que el Estado peruano suscribió.
Entrevista con Madeleine Zúñiga C.: coyuntura política y el derecho a la educación en Perú
En diálogo con CLADE, Madeleine Zúñiga C., coordinadora nacional de la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación manifestó su preocupación por la compleja y difícil situación que atraviesa Perú, a su juicio es un contexto multidimensional que genera mucha incertidumbre.
Mira el video:
Según ella, la inestabilidad de las instituciones democráticas que vive Perú desde inicios de diciembre han generado para la profesora razones justificadas para las protestas, sin embargo debe reconocerse el acumulado histórico nacional sobre el centralismo, la discriminación y las denuncias de corrupción que ha atravesado a representantes gubernamentales.
Las calles se han sumado al llamado “que se vayan todos” lo cual ha sido ampliamente difundido por los medios de comunicación. El mayor detonante para la coordinadora nacional de la campaña peruana ha sido el intento de golpe de Estado, con el anuncio del cierre del congreso, del tribunal constitucional.
“Si bien Pedro Castillo construyó su liderazgo desde la lucha magisterial y gremialista docente, le faltaron condiciones para sostener la gobernabilidad, demostrando dificultades operativas ante los continuos ataques de las fuerzas conservadoras y de derecha que defendían sus propios intereses. Inicialmente el proceso de elecciones que le dio ganador a Pedro Castillo estaba cargado de mucha expectativa de cambio, lo cual con el paso del tiempo desembocó en reducción de muchas de las simpatías iniciales” dice Madeleine Zúñiga.
Amenazas contra el derecho humano a la educación
Para la coordinadora, el derecho humano más afectado ha sido la educación, así como el de salud que desde la pandemia venía con mucho debilitamiento.
Ha habido varios retrocesos en los últimos meses, en el recuento que realiza la coordinadora por un lado se deja en manos de propietarios de las universidades particulares las directivas de la instancia estatal encargada de acreditar y certificar la calidad. Por otro, al enfoque de género, se aprueba la ley número 31.498 fuertemente cuestionada, ya que atenta contra los derechos adquiridos y otorga a los padres de familia la potestad de aprobación o no de los contenidos y textos escolares, este espacio está liderado por el grupo “con mis hijos no te metas”.
Madeleine Zúñiga expresa su alerta con la censura del enfoque crítico en historia, así como el recorte de la capacitación docente de la educación intercultural bilingüe, a lo que se sumó la flexibilización de criterios de selección docente y el proceso de nombramiento que le apareja.
Criminalización y amedrentamiento de las movilizaciones
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos ubicada en Lima fue utilizada como sitio de acogida de personas que se movilizaron a la capital. Madeleine Zúñiga comparte su inquietud por las múltiples grabaciones de estudiantes que demostraban el ingreso de una tanqueta que dañó la puerta del recinto universitario, pudiendo hacerlo sin uso de la violencia, lo cual para la docente era una muestra de amedrentamiento, abuso y humillación de varias decenas de personas que fueron detenidas arbitrariamente. “No hay estado de emergencia que justifique la humillación (…) la gente se siente impotente, porque la gente ha hecho marchas por la paz, pero parece que no tiene ninguna fuerza”, afirmó.
La población se ve afectada en diversos sentidos, entre ellos las dificultades de transporte público y los cierres de vías que a su vez evidencian la escasez de alimentos e intercambios entre las regiones para bienes de subsistencia. El sector del turismo también ha mermado considerablemente, afectando las economías locales.
Fuerte incertidumbre para el inicio de clases
Existe una gran interrogante sobre las verdaderas condiciones de inicio de clase en Perú, previsto para el 13 de febrero. Además de lo que significa la organización operativa, se deben enfrentar dos desafíos indispensables. Madeleine Zúñiga señaló que existe “una gran desigualdad, injusticia e inequidad educativa, se hace presente en el acceso a la educación y en el acceso a los aprendizajes.”
Por un lado el esfuerzo especial por la reintegración de la población escolar que durante la pandemia dejaron de estudiar bien por no poder pagar las matrículas de centros particulares o tener la necesidad de trabajar para apoyar la economía familiar, al reingresar presencialmente las clases, una buena parte del estudiantado migró a la educación pública que se mostró insuficiente para garantizar la cobertura.
Por otro lado, la adaptación curricular que se debe considerar luego que el período de pandemia forzosamente hiciera mediación tecnológica de algunos contenidos, afectando para la docente los procesos de aprendizaje acordados para las respectivas etapas educativas.
El viernes 27 se dio a conocer un comunicado suscrito por consejeros/as y exconsejeros/as del Consejo Nacional de Educación, en el que expresan que estas disposiciones no sólo minan la razón de ser del Consejo, sino que contribuyen a debilitar aún más la vida democrática e institucional en Perú.
CLADE rechaza la cancelación del Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua y también la de otras 24 organizaciones más del país
4 de mayo de 2022“Repudiamos la reciente solicitud de cancelación arbitraria de la personería jurídica de al menos 25 organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción de actividades para garantizar derechos humanos como el de la educación, entre otros, por parte del gobierno de Nicaragua y su Asamblea Nacional. Rechazamos, de manera particular, la cancelación del Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua – FEDH-IPN, miembro histórico de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación y de cuyo trabajo comprometido por el derecho humano a la educación hemos sido testigos y acompañantes”, afirma la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en nota publicada hoy (4/5) y firmada por varias organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales.
Según la nota, la cancelación solicitada por el gobierno de Nicaragua y su Asamblea Nacional implica un ataque a los mecanismos sociales de defensa y promoción del derecho por parte de la ciudadanía en un contexto evidente de persecución política.
“Señalamos que estas acciones afectan directamente la integridad ciudadana y el ejercicio de la ciudadanía dejando a los habitantes de Nicaragua en indefensión y a merced de un Estado totalitario. Responsabilizamos al gobierno de Nicaragua por cualquier situación que vulnere la integridad física de los compañeros y compañeras a quienes se les ha violado el derecho a asociarse y a ejercer su ciudadanía”, afirma la CLADE en nota.
A continuación, lee el documento completo:
NOTA PÚBLICA
América Latina y el Caribe, 3 de mayo de 2022
La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación en atención a los principios fundamentales de libertad de asociación, libertad de expresión, igualdad de trato, justicia, bien común y dignidad humana declara lo siguiente:
- Repudiamos la reciente solicitud de cancelación arbitraria de la personería jurídica de al menos 25 organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción de actividades para garantizar derechos humanos como el de la educación, entre otros, por parte del gobierno de Nicaragua y su Asamblea Nacional.
- Rechazamos, de manera particular, la cancelación del Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua – FEDH-IPN, miembro histórico de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación y de cuyo trabajo comprometido por el derecho humano a la educación hemos sido testigos y acompañantes.
- Denunciamos la precaria argumentación jurídica en la que se fundamenta la medida y la catalogamos como política y violadora de derechos; hacemos responsable de este atentado a la democracia a los Ortega- Murillo. Es un acto contra los principios elementales de los derechos humanos.
- Implica además un ataque a los mecanismos sociales de defensa y promoción del derecho por parte de la ciudadanía en un contexto evidente de persecución política.
- Señalamos que estas acciones afectan directamente la integridad ciudadana y el ejercicio de la ciudadanía dejando a los habitantes de Nicaragua en indefensión y a merced de un Estado totalitario.
- Responsabilizamos al gobierno de Nicaragua por cualquier situación que vulnere la integridad física de los compañeros y compañeras a quienes se les ha violado el derecho a asociarse y a ejercer su ciudadanía.
- Reivindicamos la importancia de la democracia para garantizar el respeto a los derechos humanos y la libre determinación de sus gobiernos por parte de la elección ciudadana.
- Reconocemos en el pueblo nicaragüense su esfuerzo para buscar una salida pacífica y llamamos a la cooperación de las organizaciones de la sociedad civil de nuestra región a que apoyen a las recién debilitadas jurídicamente ONG’s nicaragüenses.
- Llamamos a los operadores del derecho internacional a que identifiquen mecanismos de apoyo a organizaciones sociales sin fines de lucro que trabajan por la reivindicación de los derechos humanos y que son perseguidos por los Estados.
- La CLADE se ofrece para ayudar a buscar las salidas más conducentes que busquen restablecer estas condiciones propias del estado de derecho y que garanticen la integridad de los y las ciudadanas involucradas.
En solidaridad con nuestros compañeros y compañeras del FEDH-IPN, firmamos:
Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)
Agenda Ciudadana por la Educación de Costa Rica
Alternatives
Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER)
Campaña Argentina por el Derecho a la Educación
Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación
Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación
Campaña Peruana por el Derecho a la Educación
Campaña por el Derecho a la Educación de México
Centro Cultural Poveda – República Dominicana
Centro Internacional de Investigación Otras Voces en Educación
Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación
Contrato Social por la Educación en el Ecuador
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – FLACSO – República Dominicana
Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER)
Federación Internacional Fe y Alegría
Federación Internacional Fe y Alegría – República Dominicana
Foro Dakar Honduras
Foro Socioeducativo
Foro Venezolano por el Derecho a la Educación
Fundación Sur Futuro – República Dominicana
Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda – República Dominicana
Marcha Global contra el Trabajo Infantil – Sudamérica
Misión Educativa Lasallista – República Dominicana
Organización Mundial de Educación Preescolar – Región América Latina (OMEP-Latinoamérica)
Pressenza
Radio Seybo – República Dominicana
Reagrupación Educación para Todos y Todas (REPT) Haití
Red de Comunicadoras Indígenas de Guatemala
Red de Educación de Personas Jóvenes y Adultas en Colombia
Red de Educación Popular entre Mujeres de AL y el Caribe (REPEM)
Red Estrado Nodo Colombia
Red Global/Glocal por la Calidad Educativa
Red por el Derecho a la Educación de Paraguay
Red Sin Fronteras
Unión de Emisoras Católicas de República Dominicana (UDECA)
Word Vision – República Dominicana
El Derecho a la Educación en Pandemia: Deserción Escolar
13 de diciembre de 2021Año de publicación: 2020
Publicado por: Foro por el Derecho a la Educación Pública y la Red Contra la Represión a Estudiantes
Este informe investiga la evasión escolar en el primer semestre de 2020 en Chile. Con las clases en línea, muchas personas que viven en regiones más vulnerables no pudieron seguir con sus estudios de forma remota. Este documento busca retratar esta situación y sus consecuencias en el país.
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