La mayoría de los Estados en América Latina y el Caribe son, desde hace varios años, signatarios de instrumentos jurídicos internacionales vinculantes, a través de los cuales se comprometen a trabajar por la superación de las desigualdades de género. Asimismo, firmaron importantes acuerdos políticos, como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Agenda de Educación 20304 y el Marco de Acción de Incheon, que presentan distintos compromisos en temas de género. Sin embargo, en la región se observa un progreso muy lento para la eliminación de las desigualdades de género.
Los presupuestos son documentos políticos, que expresan la prioridad dada por los Estados a cada política y programa, a través del ejercicio del gasto público. Lo que no está en el presupuesto, por lo tanto, no es prioridad y no se concreta en la práctica de los Estados y sus comunidades. Este protocolo busca facilitar el análisis de los presupuestos nacionales y educativos desde la perspectiva de género, y orientar de forma práctica y concreta la acción de incidencia por un financiamiento adecuado del derecho a la educación sensible al género.
