Las tecnologías digitales de la información y la comunicación (TDIC) han penetrado prácticamente en todos los ámbitos de la vida social, incluida la educación. Entre 2005 y 2025, el número de usuarios de internet en el mundo creció del 16% al 74%. En 2024, 40% de las escuelas primarias, 50% de las escuelas de secundaria baja y 65% de las escuelas de secundaria alta tenían acceso a internet, aunque persisten numerosas desigualdades entre los países y dentro de ellos.
Es innegable que el uso de las TDIC en la educación ha generado nuevas dinámicas de enseñanza y aprendizaje. También ha producido cambios en los procesos de gestión, evaluación y control de las comunidades educativas. Sin embargo, estas mismas tecnologías no pueden disociarse de las estructuras y ordenamientos sociales presentes en las sociedades contemporáneas. Así, si bien promovieron cambios, también fomentan continuidades en procesos complejos y estructurales, exacerbando desigualdades históricas.
Según el Informe GEM 2023, aún hay poca evidencia científica sobre los impactos de las nuevas tecnologías en los procesos educativos. La mayoría de los estudios disponibles presentan sesgos, ya que han sido elaborados sin revisión entre pares, y por corporaciones tecnológicas interesadas en vender sus productos. La constatación del Informe GEM permanece relevante en tiempos actuales, en que especialistas en estudios críticos de la IA constatan la dificultad en superar barreras políticas e ideológicas establecidas por la industria y por personas alineadas con el discurso de las corporaciones privadas.
La CLADE es consciente de que las tecnologías digitales no pueden considerarse ‘la’ solución para todos los desafíos educativos, ni pueden desvincularse de los procesos ya identificados como claves para la realización del derecho humano a la educación, destacados en otras cartas temáticas. El acceso a estas tecnologías debe estar basado en derechos, con una conectividad significativa y con garantía de la soberanía digital. Su uso en procesos educativos debe ser orientado a una alfabetización digital crítica y hacia una apropiación verdadera de las tecnologías, para que estudiantes y docentes operen las tecnologías como ciudadanos, no como consumidores.
El camino a seguir también exigen consideraciones sobre las 5 áreas ya mencionadas:
1. Digitalización de la infraestructura escolar: buscar la independencia de las tecnologías digitales privadas, invirtiendo en sistemas públicos abiertos y centrados en el bien común, avanzando hacia la soberanía digital de los entornos educativos como responsabilidad del Estado. Eso se debe traducir en el fortalecimiento de la educación universitaria pública, generando conocimientos para la soberanía digital sostenible;
2. Seguridad digital en las escuelas: incluir debates sobre el funcionamiento de las tecnologías digitales en los procesos educativos y en la formación docente, estimulando la reflexión sobre el colonialismo digital y la extracción no consentida de datos;
3. Implicaciones en los procesos pedagógicos: preservar la convivencia en la diversidad como un pilar fundamental de la educación, rechazando modelos basados en la interacción individual entre humano y máquina y protegiendo la presencialidad. Educar no solo con las tecnologías, pero también sobre las tecnologías, construyendo una ciudadanía digital crítica. Considerar las adaptaciones necesarias a poblaciones diversas y fomentar su uso por parte de mujeres, personas con discapacidad y grupos marginalizados;
4. Gestión digital de la educación: proteger la profesión docente y de profesionales de la educación, así como sus derechos laborales y de libertad académica y de enseñanza. Asegurar que el uso de tecnologías digitales no implique en una difusión de evaluaciones estandarizadas de desempeño docente y tampoco en mecanismos de vigilancia;
5. Formación docente y de estudiantes: la formación docente debe ser reflexiva y crítica, para que puedan promocionar una ciudadanía digital crítica a sus estudiantes, con miras a transformar las realidades para alcanzar la justicia social, económica y ambiental. Habilitar a docentes y estudiantes para que puedan participar activa y críticamente de la comunidad educativa en el desarrollo e implementación de tecnologías digitales, empoderando especialmente a niñas y mujeres.
