El derecho a la educación es un derecho humano universal. Por esta razón, considerar la educación únicamente en términos de derecho social o cultural, es negar toda su dimensión. La educación tiene por objeto potenciar el pleno desarrollo de las personas y dar un sentido integral a la vida en comunidad, convirtiéndose así en un punto de referencia para la construcción social y política.
La educación debe enfrentarse a duros desafíos por parte de fuerzas que siguen concibiéndola como un instrumento disciplinario del mercado y, en consecuencia, como una forma de servicio (no un derecho) que se subordina a los intereses de la economía y no a la humanidad. Estas fuerzas se enmarcan en estructuras patriarcales que vinculan prácticamente todas las relaciones que con frecuencia se constituyen como grandes barreras para el cumplimiento de los derechos humanos. Dicho marco ha establecido una concepción del Estado como organización estratificada y piramidal, que con el tiempo se ha convertido en terreno fértil para las exclusiones que dificultan el diálogo recíproco e igualitario entre las personas.
La voluntad de quienes toman las decisiones en los diversos espacios nacionales, regionales e internacionales, también se ven como reflejo de sus propios lenguajes, conceptos y modelos educativos, con frecuencia validando y reproduciendo estereotipos, prejuicios e inequidades que se expresas muchas veces en formas de discriminación y violencia institucionalizada. En contraste, también se puede brindar como una oportunidad de incidencia e influencia en favor de los derechos que impulse diálogos, movilizaciones, posicionamientos, declaraciones, acciones públicas u otras.
En este marco de asimetrías que se han cultivado y que se multiplica en los escenarios globales, la noción de liderazgo se ha entendido tradicionalmente como una función de mando, en la que se asume que una persona o un grupo reducido de personas están destinadas a liderar al resto. Los sistemas educativos deben cuestionar esta propuesta de liderazgo mecánica y autoritaria, proponiendo en su lugar la defensa desde la perspectiva de los derechos humanos, deliberativa, democrática y participativa.
La visión alternativa del liderazgo supone desarrollar capacidades colectivas en todas las personas para promover entornos democráticos en los que las decisiones se tomen de manera informada, en consenso, y con acciones afirmativas para grupos minoritarios.
Desde la CLADE proponemos:
Las acciones reformulan las relaciones entre los mecanismos de la toma de decisiones y el derecho de las personas a participar en las decisiones:
La educación puede ser tanto el mecanismo que reproduce las asimetrías como el vehículo para superarlas. Por ello, es fundamental recordar que la lucha por el derecho a la educación es esencialmente política.
El liderazgo colectivo ofrece mejores opciones para la transformación educativa, si incluye a grupos históricamente discriminados, como las juventudes, las mujeres, las niñas, las personas LGBTQI+, las personas con discapacidad, así como las minorías étnicas y culturales, entre otros.
En tal sentido, resulta indispensable, profundizar los debates desde la perspectiva de derechos humanos en los diversos sistemas institucionales alimentados históricamente por la concentración de poder, la suplantación de voluntades y la imposición de narrativas hegemónicas.
También se destaca la importancia de desarrollar iniciativas transversales para abordar nuevas formas de liderazgo colectivo en todas sus acciones y en sus prioridades de incidencia nacional, regional e internacional. Estas iniciativas deberían incluir el desarrollo de directrices, cajas de herramientas, resúmenes de políticas, recopilación de prácticas inspiradoras y, especialmente, basadas en proyectos y experiencias de forma participativa en la construcción de entornos democráticos, igualitarios y sensibles a la diversidad.
