Todos los Estados son responsables de garantizar el derecho a una educación digna para todos y todas y, al hacerlo, deben proporcionar una financiación pública adecuada y sostenible para la educación. Esta obligación clave está consagrada en varios instrumentos vinculantes de derechos humanos y subrayada por la Agenda de Educación 2030, que incluye el llamamiento a todos los gobiernos para que asignen el máximo de recursos disponibles a la educación. Hacer que los gobiernos rindan cuentas por el extremo superior de los puntos de referencia de financiación esbozados por el derecho internacional y los marcos políticos requiere una incidencia política continua para así garantizar que la educación siga siendo una prioridad presupuestaria y que los presupuestos educativos se alinean con el marco de las 4S: la partida, el tamaño, la sensibilidad y el escrutinio.
La financiación de la educación ha sido una prioridad de la CLADE desde su fundación. Seguimos trabajando con una variedad organizaciones en nuestra región para avanzar en el logro de esta obligación fundamental del Estado. Nuestras investigaciones sobre la financiación de la educación han contribuido a fundamentar el plan estratégico, así como el pensamiento mundial y nacional sobre la financiación y la transformación de la educación. La actividad estratégica incluye temas cruciales, como el seguimiento presupuestario, el pago de la deuda externa para financiar la educación, la movilización de recursos, la justicia fiscal y otras soluciones dirigidas públicamente, además de rendición de cuentas de las inversiones en educación y la ayuda y la privatización.
Desde la CLADE proponemos:
En la última década, el gasto público en educación ha sido más equitativo en el 60% de los países de los que se dispone de datos. Sin embargo, casi el 30% de los países destinan menos del 15% de los recursos de la educación pública a los alumnos de los hogares más pobres. Entre los países de renta baja, este porcentaje es alarmantemente alto, llegando al 80% de los países. Además, en uno en cada diez países, los y las estudiantes de los hogares más ricos reciben cuatro veces o más fondos del gasto público en educación, en comparación con los y las estudiantes de los hogares más pobres.
Los gobiernos financian los servicios públicos y por tanto, los sistemas de educación pública a través de sus fuentes de ingresos. Una de ellas, muy importante, son los impuestos que pagan las personas naturales y jurídicas registradas legalmente en el país. En América Latina y el Caribe, la recaudación es baja; en 2019, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe estimó que la evasión y elusión fiscal de la región equivalen al 6.7% del PIB regional.
Los sistemas de recaudación en América Latina y el Caribe son altamente regresivos: la mayoría de su recaudación proviene de los impuestos indirectos y en menor proporción de los impuestos directos. Los impuestos indirectos son exigibles a toda la población sin tomar en cuenta la capacidad contributiva de quien los paga. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado (IVA), que pagan todas las personas, independientemente de su ingreso o actividad económica.
Los impuestos directos, en cambio, son aquellos que gravan la “riqueza” de las personas y corporaciones. Por ejemplo, el impuesto a la renta, a los patrimonios, a las súper ganancias, a las herencias. En un sistema progresivo, priman los impuestos directos. Por ejemplo, en los países europeos, los impuestos directos representan el 60% de la recaudación, mientras que el 32% proviene de los impuestos indirectos. (según datos OECD, 2022). En América Latina y el Caribe, los impuestos directos representan el 43% de la recaudación mientras el 50% de la recaudación proviene de los impuestos indirectos.
Para obtener un financiamiento público capaz de garantizar el derecho humano a la educación, la CLADE defiende la existencia de la justicia fiscal, que consiste en promover una recaudación tributaria progresiva, equitativa, y transparente. Esto significa que los países transformen sus sistemas tributarios (de regresivos a progresivos), fortalezcan sus administraciones tributarias, consigan información de sus contribuyentes y ofrezcan información transparente a la ciudadanía.
