La educación es un derecho humano universal, tal como lo establece el derecho internacional de los derechos humanos con garantía de fondos públicos y como bien común, con garantía para todas las personas desde que nacen hasta que mueren. A pesar de la claridad de este principio se ha promovido una interpretación restrictiva del derecho humano a la educación, limitando las obligaciones estatales a las demandas de ciertas poblaciones y grupos de edad.

Desde el marco de las 4A, la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) se expresa en términos de disponibilidad, los Estados deben asegurar programas suficientes de alfabetización, educación básica, secundaria y formación continua con financiamiento público sostenido y presencia territorial. La accesibilidad implica eliminar barreras económicas, geográficas,
tecnológicas, lingüísticas, de género o discriminación. La aceptabilidad supone que la EPJA tenga calidad, pertinencia cultural, enfoque intercultural y de género, así como contenidos significativos para la vida y la participación social. La adaptabilidad exige trayectorias diversas y contextos específicos como ruralidad, movilidad humana, privación de libertad o discapacidad.

La EPJA se contextualiza y responde a las necesidades de los y las estudiantes en toda su diversidad, contribuyendo a la construcción de comunidades y sociedades más justas y equitativas. Si las personas adultas no cuentan con la garantía de los derechos humanos, incluida la educación, no podrán participar corresponsablemente en la protección de los derechos de las infancias y las juventudes.

Para potenciar la visibilidad e importancia de la EPJA refrendadas en políticas y programas nacionales y regionales, se debe priorizar:

• La afirmación de la EPJA como un derecho humano profundizando su sentido como horizonte de transformación estructural con la dignidad humana como centro. 
• La relevancia estratégica de la EPJA para la igualdad de género y para el conjunto de los derechos humanos. 
• Ampliar las oportunidades de alfabetización y aprendizaje a lo largo de la vida.
• Mejorar la capacitación y condiciones laborales del personal docente y personal de apoyo. 
• Un enfoque de inclusión y diversidad con las voces de los sujetos del derecho desde sus experiencias para una EPJA pertinente, contextualizada y transformadora que recupere la educación popular. 
• La importancia de contar con datos confiables y transparentes sobre la EPJA.
• Los contextos focalizados con acciones afirmativas para zonas rurales, poblaciones con discapacidad, en situación de movilidad humana, desplazamiento y migración, contextos de encierro y privación de libertad, o víctimas de violencia.
• La educación técnica y profesional (ETP) es uno de los componentes de la EPJA porque fortalece las capacidades de las personas para acceder al trabajo digno, mejorar sus condiciones de vida y el desarrollo socioeconómico. Más allá de la empleabilidad, la formación técnica profesional permite construir proyectos productivos.