La última semana fue de importantes logros para la igualdad de género en el Perú. Por una parte, el gobierno del país publicó el Decreto Supremo N° 008-2019, que aprueba la Política Nacional de Igualdad de Género. Por otro lado, la Corte Suprema de Perú declaró, en última instancia, que una demanda de acción popular que había sido interpuesta por grupos conservadores, contra el enfoque de género en el currículo nacional de educación básica, es “infundada en todos sus extremos”.
Desde la aprobación del Currículo Nacional para la Educación Básica (CNEB), en junio de 2016, el Ministerio de Educación peruano venía siendo cuestionado por grupos conservadores que demandaban la abolición del plan de estudios y el cese de su implementación. El 16 de febrero de 2017, uno de estos grupos presentó al Poder Judicial una demanda de acción popular constitucional, que tenía por objeto detener la implementación del CNEB y eliminar la palabra “género” del currículo. Más de dos años después, finalmente la Corte Suprema decidió en última instancia que esta acción popular es infundada, y que el nuevo currículo deberá ser implementado.
“Es una medida sumamente importante, primero porque nos devuelve la seguridad jurídica que grupos opositores habían puesto en duda. El mensaje de la Corte es sumamente positivo. Lo que queda al Ministerio de Educación es superar los embates del retraso de compromisos que tienen que ver con la publicación de libros, pero también con lo que significa devolver la certeza a los profesores de que no está en discusión el enfoque de género en la educación”, afirma Susana Chávez, directora de Promsex, ONG feminista dedicada a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en Perú.
A su vez, Liliam Hidalgo Collazos, presidenta de Tarea – Asociación de Publicaciones Educativas – e integrante del Colectivo Educación e Igualdad de Perú, considera que la sentencia de la Corte ha dejado asentada la potestad del Ministerio de Educación en la rectoría de las políticas públicas educativas. De acuerdo con ella, el fallo abre también la posibilidad de trabajar, con todo el respaldo de la ley, el enfoque de género de manera transversal en todo el sistema educativo. “Es decir, en la formación docente, en los materiales, en la gestión escolar, en la normativa, etc. Pero, sobre todo, va a permitir experiencias educativas donde las oportunidades sean iguales para hombres y mujeres, en condiciones para que las niñas y mujeres puedan ejercer sus derechos cuando exista una situación de desigualdad, y con respeto a las personas sin importar su procedencia, lengua, género u orientación sexual”, añadió.
Ricardo Cuenca, Investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), considera que el fallo de la Corte coloca al país en el camino correcto para lograr ser una mejor sociedad, en la que se garantice el derecho a la educación de todas y todos, sin discriminación. “Ningún interés particular puede estar por encima de los intereses públicos, colectivos. Con este fallo, el poder judicial confirma que quien decide lo que se enseña en las escuelas no son grupos particulares, sino el Estado buscando el mayor bienestar posible para todos en el país, y el desarrollo de una educación basada en derechos, con calidad y justicia social”, afirmó.
Nueva Política Nacional de Igualdad de Género
Según dicho decreto publicado la semana pasada, se trata de una política nacional multisectorial que se propone atacar tanto los factores causales, como los efectos de la discriminación estructural contra las mujeres. Su rectoría, seguimiento y evaluación se encuentra a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y su aplicación será inmediata para todas las entidades de la administración pública.
Sus seis objetivos prioritarios son: reducir la violencia hacia las mujeres; garantizar el ejercicio de los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres; garantizar el acceso y participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones; garantizar el ejercicio de los derechos económicos y sociales de las mujeres; reducir las barreras institucionales que obstaculizan la igualdad en los ámbitos público y privado entre hombres y mujeres; y reducir la incidencia de los patrones socioculturales discriminatorios en la población.
En lo que se refiere a la educación, la política plantea la promoción de una convivencia escolar democrática y la prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en las instituciones educativas; la orientación e información en educación sexual integral (ESI), con pertinencia cultural, dirigida a niñas y niños, adolescentes, padres y madres, tutores/as y cuidadores/as, al igual que formación en EIS a estudiantes de educación básica.
Asimismo, tiene como objetivos: la formación de mujeres en carreras tradicionalmente masculinizadas y/o mejor remuneradas, con enfoque de género, que fomente el acceso, permanencia y titulación; y el desarrollo de programas para la igualdad de género en la educación básica, de manera adaptable y con enfoque intercultural, así como programas de formación inicial y continua a docentes con enfoque de igualdad de género.
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“Este logro nos genera posibilidades de seguir fortaleciendo la política pública. Esto también da cuenta de la profunda debilidad de quienes se oponen, pues los argumentos para rechazar el enfoque de género en la educación han sido sumamente débiles, muchos de ellos basados en seudociencias y descuidados de la interpretación de los datos, negando aquellos que tienen implicancias muy graves en temas de violencia, feminicidios, violaciones sexuales y acoso laboral”, dice Susana.
A su vez, Liliam destaca que esta política es un precedente importante y debe suponer el empoderamiento de las niñas, adolescentes y mujeres que, por haber participado en experiencias educativas de respeto, valoración y generación de pensamiento crítico, podrán ejercer una ciudadanía plena.
“Me gustaría subrayar la relación del enfoque de género con la formación de pensamiento crítico, dado que supone un ejercicio constante de cuestionamiento de lo que es dado. Otra implicancia es la posibilidad de articulación intersectorial con las políticas que vienen de otros sectores, en especial con aquellas que van en defensa de la mujer, de manera que el enfoque integral permita que la salud, la justicia y la educación intervengan en la efectiva erradicación de los patrones sociales que permiten hasta hoy estas desigualdades, y cuyas raíces son multisectoriales”, afirma la presidenta de Tarea.
Según Ricardo Cuenca, la política abre la posibilidad de que, como en el caso del sector educación, otros sectores sociales puedan colocar claramente el enfoque de género en sus propios ámbitos, por ejemplo en salud, justicia, protección social y sectores productivos, como agricultura, pesca, transportes, etc. “Si bien las leyes no modifican, al menos en el corto plazo, los problemas estructurales, es fundamental contar con un marco jurídico que facilite estos cambios. A las normas se le tiene que sumar mucho ejercicio ciudadano, participación de varios actores, campañas de comunicación a corto plazo, políticas públicas y programas de mediano plazo”, añadió.
Desafíos hacia la realización de estas políticas para la educación con igualdad de género
“El desafío es muy grande, pues los países de nuestra región, y Perú no es excepción, se precian por tener normas avanzadas, pero no necesariamente expeditas para su cumplimiento. El proceso de aplicación es lento y va a requerir muchísimos esfuerzos. Una de las principales dificultades es la inversión para que los funcionarios erradiquen la violencia institucional y establezcan procesos de transparencia y estándares de calidad. Hay interferencias políticas que niegan los procesos de calificación de los directores, por ejemplo, amenazando – a través de una ley en el Congreso – reintegrar a directores que han sido descalificados por no ser competentes. El avance en una parte no garantiza el detener las amenazas que puedan presentarse en sentidos distintos. Allí es que tenemos que hacer esfuerzo como sociedad civil para que la vigilancia no disminuya. Estos dos años de lucha intensa han sido procesos de aprendizajes muy ricos para las organizaciones de la sociedad civil, que hemos estado muy cerca al sector educación. Pero, aun tenemos en el camino madres y padres que desconfían del proceso educativo con perspectiva de género, y es algo que se tiene que conquistar en base al mejoramiento de la calidad de las escuelas que esperamos” (Susana Chávez, de Promsex).
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“Para implementar el enfoque de género en el currículo, el reto es transitar de un discurso políticamente correcto a una práctica efectiva en todos los espacios educativos. O sea, tomar las decisiones necesarias para que los cambios se den en las aulas efectivamente. Para ello, es necesario mudar varias esferas del sistema. En principio, la formación docente, tanto la formación inicial cuanto la formación continua. También es necesario revisar los materiales que estamos produciendo, revisar las normativas y hacer transformaciones en la gestión escolar. Sobre todo, la intención es transformar las relaciones que se dan entre las personas, funcionarias y funcionarios, de todos los niveles, los directivos, las y los docentes, las familias, así como las y los estudiantes.
Esto va a ocurrir si se generan y modifican políticas internas. Por ejemplo, hay la necesidad de crear la política para la elaboración de materiales educativos en el país. Hay la necesidad de cambiar las políticas para la formación de docentes, de modo que el enfoque de género esté totalmente presente. Es necesario también que se asigne el presupuesto suficiente” (Liliam Hidalgo, de Tarea).
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“No es posible un cambio de esta magnitud sin trabajar con las y los docentes, sin tener un diagnóstico claro de lo que piensan y sienten respecto a la igualdad de género. Esto es fundamental para poder diseñar un programa específico que busque generar en los y las docentes un compromiso con el tema y el desarrollo de pedagogías que permitan trabajar en las aulas el enfoque de género. También considero fundamental trabajar con los padres y las madres de familia para desarrollar ideas más claras respecto del enfoque de género. Con esto se debería minimizar los temores de los padres y las madres, colocando el tema de género en perspectiva de ciudadanía y ejercicio de derechos” (Ricardo Cuenta, del IEP).
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