Brasil: Estudiantes, sindicatos docentes y sociedad civil impulsan lucha para defender el derecho a la educación

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Este Día Mundial Humanitario, afirmamos que las movilizaciones de estudiantes, profesionales de la educación y sociedad civil, realizadas en todo el país el 13 de agosto, son una fuerte reacción y una señal de resistencia ante un gobierno que ha caminado hacia un pasado no deseado

El momento es de crisis en la democracia brasileña. No es que ya no hayamos experimentado crisis en otros momentos de la historia. Desde el 1889, con la proclamación de la República, el país ha atravesado dos recesiones democráticas, la Era Vargas (1930-1945) y el Régimen Militar (1964-1985). Vivimos bajo nuestra 6ª Constitución, de 1988, y desde la redemocratización establecida a partir de las elecciones directas de 1989, solo dos de los cinco presidentes electos hasta la fecha han podido completar sus mandatos (Fernando Henrique Cardoso y Luíz Inácio Lula da Silva).

“Nunca habíamos avanzado tanto en el fortalecimiento de las instituciones democráticas y los derechos sociales, y nunca habíamos visto retrocesos a un ritmo tan rápido”

Sin embargo, lo que hemos presenciado desde la destitución de Dilma Rousseff en el 2016, la única mujer que ha gobernado Brasil hasta ahora, es un proceso sucesivo de debilitamiento de las bases e instituciones democráticas del país y retroceso en el campo de los logros sociales alcanzados con gran esfuerzo de la sociedad civil organizada. Nunca habíamos avanzado tanto en el fortalecimiento de las instituciones democráticas y los derechos sociales, y nunca habíamos visto retrocesos a un ritmo tan rápido.

Decisiones catastróficas para el presupuesto educativo

El gobierno provisional de Michel Temer, sustituto de Dilma Rousseff, fue el símbolo del establecimiento de un nuevo programa económico, cuya principal marca y amenaza para los derechos sociales fue la aprobación de la Enmienda Constitucional 95/2016, que estableció un nuevo régimen fiscal por el cual ninguna inversión en áreas sociales podrá exceder el ajuste de la inflación durante un período de veinte años, es decir, un congelamiento de recursos para la educación, la salud y el bienestar hasta el 2036.

Además de la absurda decisión de determinar la interrupción en el avance del acceso a los derechos sociales de calidad – prerrogativa fundamental de los derechos humanos positivos y la propia Constitución Federal brasileña, para cualquier persona que tenga  el mínimo conocimiento del Estado de Derecho -, es aterrador que un gobierno decida limitar el presupuesto en nombre de las futuras generaciones de tomadores de decisiones, durante 20 años, y en base a la Ley Mayor del país.

En un creciente ambiente de inestabilidad política y económica, llegaron las elecciones de 2018 con la victoria de Jair Messias Bolsonaro. Un grupo muy populista llega al poder, compuesto por miembros de grupos económicos ultraliberales que abogan por una gran reducción del Estado, al mismo tiempo que grupos ultraconservadores militantes de un Estado más activo en la defensa de los valores de la familia y con fuerte atractivo fundamentalista religioso. Un nuevo gobierno que, en ocho meses de actuación, ha acumulado amenazas beligerantes a las organizaciones de la sociedad civil y acciones desastrosas, especialmente en los campos de educación y medio ambiente. Un gobierno que ha atacado el avance de las pautas de identidad, posicionándose en contra de la igualdad de género, e incluso censurando la palabra “género”, en sus posicionamientos en ámbitos nacionales e internacionales.

En materia financiera, según una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Socioeconómicos (Inesc), del 2014 al 2018, hubo una reducción del 13.5% en el presupuesto de educación y, en el 2019, el presidente Jair Bolsonaro anunció una limitación de gastos del 5%, respecto a los recursos aprobados para el año, resultando en el congelamiento de 5.84 mil millones de reales para los campos de educación superior y promoción de la investigación, encendiendo así una señal de alerta para las universidades públicas federales y miles de investigadores brasileños que reciben becas de investigación.

“La crisis educativa en Brasil no es una crisis; es un proyecto”

Una cita de Darcy Ribeiro, uno de los grandes intelectuales brasileños, dice que “la crisis educativa en Brasil no es una crisis; es un proyecto”. Esto muestra que, de hecho, nunca ha habido una preocupación real de nuestros gobernantes en darle prioridad a las políticas públicas de educación que garanticen una enseñanza pública de mejor calidad. Nuestro país está marcado por una profunda desigualdad social, que se puede ver en las escuelas distribuidas por varias regiones donde es imposible encontrar una computadora con acceso a Internet, laboratorios de ciencias, canchas deportivas y, en muchos casos, incluso electricidad, saneamiento o agua potable.

Si bien es imposible negar el notable avance en el campo educativo, durante los gobiernos de Lula y Dilma, cuando las nuevas leyes y políticas públicas sobre educación y asistencia social han sacado a millones de personas de la pobreza y se han acercado a la universalización del acceso a la educación básica, todavía hay 1,3 millones de niños, niñas y adolescentes que no están en la escuela en Brasil y estamos lejos de cumplir las metas del Plan Nacional de Educación de 2014, logrando en diez años una educación de calidad pública, gratuita y accesible para todos los brasileños y residentes en el país.

Clima de amenaza y censura

Más allá de las catastróficas decisiones presupuestarias para la educación, hay un profundo oscurantismo y anti-cientificismo, por paradójico que pueda parecer, en la dirección del Ministerio. El primer Ministro de Educación de Bolsonaro, Vélez Rodríguez, tenía una profunda creencia en que las universidades y escuelas brasileñas supuestamente habían sido tomadas por “activistas marxistas que adoctrinan a sus estudiantes para que sigan ideas comunistas”.

Rodríguez, en pocos días de gestión, impulsó decenas de despidos, propuso el cambio de libros de textos que eran utilizados en las escuelas, creó una comisión para examinar las preguntas de pruebas del Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM (Examen Nacional de la Enseñanza Media o Secundaria), a fin de librarlas de un posible adoctrinamiento. En su medida más controvertida e increíble, emitió una declaración a todas las escuelas del país, instando a que docentes y estudiantes alzaran la bandera de Brasil y cantaran diariamente el himno nacional, y a su vez leyendo una carta con el lema de la campaña electoral de Bolsonaro: “El Brasil por encima de todo, Dios por encima de todos”, y grabando videos de estos momentos para enviarlos al Ministerio..

“El clima de amenaza y censura sigue pendiente en las salas de aula de todo el país. Los maestros y las maestras han sentido miedo y se han enfermado”

Además, alentó la creación de tribunales pedagógicos en las escuelas, donde los propios estudiantes deberían supervisar a docentes que llevasen a cabo el llamado “adoctrinamiento ideológico”, lo que incluiría la grabación de videos y audios durante las clases. La medida fue eliminada después de su gran repercusión negativa y, luego de una intensa presión popular, Rodríguez permaneció solo 96 días en el cargo.

Pese a esto, el clima de amenaza y censura sigue pendiente en las salas de aula de todo el país. Los maestros y las maestras han sentido miedo y se han enfermado.

Militarización de escuelas

El nuevo gobierno brasileño, además de tener amplio apoyo de sectores conservadores y figuras como Rodríguez, se ha caracterizado por la tutela directa de oficiales militares, la clase más representada en los nombramientos del presidente para puestos de gestión gubernamental. También forma parte en la planeación del Ministerio la expansión del proceso de militarización de las escuelas, que ha aumentado desde el 2014 y solo ha crecido hasta ahora. Según una encuesta realizada por periodistas y la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil, del año 2013 al 2018, saltó de 39 a 122, un aumento del 212%, el número de escuelas públicas estatales militarizadas, es decir, que ahora son administradas por la dirección de seguridad pública del estado, el ejército nacional y la policía militar estatal.

Representando otro elemento del carácter autoritario del nuevo gobierno, la creciente militarización de las escuelas públicas, sin embargo, es inconstitucional desde muchas perspectivas y, además, viola los tratados internacionales firmados por Brasil.

Al reemplazar a Rodríguez por un nuevo Ministro de Educación, Bolsonaro nombró a alguien tan controvertido como el ex encargado. Abraham Weintraub se ha presentado con discursos beligerantes, en los cuales confronta los llamados “activistas de educación de izquierda”. Recientemente, presentó también una propuesta de privatización masiva de universidades públicas federales como una de sus prioridades.

En sus declaraciones, el Ministro y el propio presidente expresaron que estudiantes y docentes practicaban “desorden” en las universidades públicas, “ni siquiera sabían la tabla de multiplicar”, eran “vagos”, entre otras declaraciones más que inapropiadas y falsas.

Inseguridad y amenaza para los derechos humanos

Este proceso de persecución, censura, amenazas e incitación a la violencia alcanzó su ápice la semana pasada, cuando el Ministro actual solicitó al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública que autorizara la actuación de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública para preservar el orden público y la protección de las personas y del patrimonio los días 7, 12 y 13 de agosto de 2019. Es una actitud clara de represión de las manifestaciones que habían sido convocadas por los movimientos estudiantiles y las entidades de clase para el último día de manifestaciones, el 13 de agosto. El Ministerio de Justicia, bajo la gestión de Sérgio Moro, juez que ha sido un icono del proceso judicial que culminó en la prisión del ex presidente Lula, respondió positivamente al pedido del Ministerio de Educación

Es intenso y se profundiza cada día más el clima de inseguridad, amenaza latente, vulneración de derechos humanos y violencia en el país, que ha llevado a la muerte de defensoras y defensores de derechos humanos, como Marielle Franco, una concejal asesinada en Río de Janeiro, en un caso cuyas pruebas hasta ahora relacionan el crimen con milicias vinculadas a los familiares de Bolsonaro.

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Movimientos sociales impulsan lucha para defender el derecho a la educación

Es importante dar a conocer que una gran parte de la población brasileña, especialmente jóvenes, no están paralizados ante las crecientes amenazas del nuevo gobierno. Los últimos años fueron marcados por sucesivas protestas en todo el país, y aunque parezca haber otra gran parte de brasileñas y brasileños que apoyan al gobierno actual, cada vez más personas se suman a la lucha por la garantía de los derechos sociales logrados hasta ahora.

Movimientos estudiantiles y entidades representativas de profesionales de la educación, como la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación, han ocupado un lugar importante en la lucha por el derecho a la educación y en la movilización de jóvenes, adolescentes y la sociedad en general para protestar y resistir. Y las organizaciones de la sociedad civil, como la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación, se han preocupado en resistir ante el Congreso Nacional, a nivel nacional y local, así como a través de denuncias de las violaciones de derechos practicadas por el Estado, ante las instancias internacionales, obteniendo así importantes resultados en la forma de recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), contra los proyectos impulsados.

Nuestros estudiantes, profesionales de la educación y activistas pasan por un momento delicado de vigilancia, censura y represión.

La comunidad internacional debe posicionarse

En este Día Mundial Humanitario, demostramos la frágil situación que vivimos, mientras también seguimos resistiendo a tantos ataques, siendo que algunos de ellos no solo restringen derechos económicos, sociales y culturales, sino que amenazan nuestras libertades civiles, políticas y, a través de medidas más recientes, nuestra propia integridad física.

En este Día Mundial Humanitario (19 de agosto), es urgente y necesario que la comunidad internacional esté consciente de esta situación, tome una posición y lleve a cabo acciones concretas que puedan presionar para lograr la protección de activistas y derechos humanos en Brasil.

Especialmente este año, en que se recuerda la fecha con un homenaje a las mujeres dedicadas a las acciones humanitarias (#WomenHumanitarians), les pedimos que se sumen a las voces de las mujeres en un Brasil con cada vez menos vergüenza, cuyos gobernantes se enorgullecen de tener actitudes machistas y misóginas, que vetan la postura afirmativa por la igualdad de género y, aún peor, sostienen un discurso que niega y alienta la violencia contra las mujeres en el quinto país del mundo con muertes más violentas de mujeres.

Brasil sufre. Pero, Brasil resiste, con los brazos levantados y el caminar constante de sus jóvenes, docentes y activistas. ¡Alza tus brazos y ven a caminar con nosotras y nosotros!