Mercedes Mayol Lasalle, presidenta de la Organización Mundial de Educación Preescolar (OMEP) afirma que no existe política pública si no hay un financiamiento que le corresponda, eso exige superar las miradas y prácticas fragmentarias de los ámbitos educativos.
Hasta ahora, el marco internacional de derechos humanos garantiza explícitamente el derecho a la educación primaria gratuita, sin embargo las organizaciones de la sociedad civil por el derecho a la educación subrayan la necesidad de fortalecer los compromisos de los Estados en la educación a lo largo de la vida.
En tal sentido, el período de vida que va desde el nacimiento hasta los ocho años de edad es considerado como primera infancia, etapa sobre la cual se hizo un llamado internacional durante la II Conferencia Mundial sobre Atención y Educación de la Primera Infancia, celebrada en Tashkent – Uzbekistán.
La Declaración Final de Tashkent ratificó la garantía de una Atención y Educación de las Primeras Infancias (AEPI) equitativa, inclusiva y de calidad, reafirmando el componente ambiental y de cambio climático en el proceso educativo.
Inclusión desde la primera infancia
En la actualidad, 1 de cada 4 niñas o niños menores a 5 años no ha recibido nunca ningún tipo de educación preescolar, lo que representa 33 de los 134 millones a nivel mundial, según lo presentado en el Informe presentado por la UNESCO durante la Conferencia La educación empieza pronto: avances, retos y oportunidades; informe de fondo de la conferencia, se señala que la participación en la educación preescolar ha crecido significativamente en los últimos diez años, ya que en 2010 se estimaba un 46% y para el 2020 alcanzó el 61%. Lo cual no representa que haya sido así en todos los países, pues eso depende de sus condiciones de renta (baja, media o alta).
Para Mercedes Mayol Lasalle es “un gran logro de la conferencia ha sido que del presupuesto público dirigido a educación se comprometió el 10% para el nivel preescolar”, a lo cual suma la necesidad de acompañar la implementación de estos acuerdos por parte de la sociedad civil para preservar la educación como un bien público, y resguardarlo del peligro de la comercialización o tratamiento como un bien privado.
La confianza en los datos es clave para el diseño de políticas públicas
Es necesario a juicio de la especialista mantener un seguimiento en la definición de la política pública y “trabajar construyendo evidencia científica construyendo información sobre la primera infancia. Necesitamos saber qué le pasa a las primeras infancias, para integrar y fortalecer las políticas y estrategias interministeriales y multisectoriales”, afirmó la especialista.
Se espera que a partir del 2023, todas las instancias de atención y protección a la primera infancia puedan acoger los compromisos acordados como parte de los avances de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.
Escucha las declaraciones de Mercedes Mayol Lasalle, presidenta de la Organización Mundial de Educación Preescolar (OMEP) ofrecidas para el Podcast Educación ¿qué onda?:
