Unicef/FABRES
La educación tratada como comercio
10 de abril de 2017
Estudiantes secundarios ponen la voz de alerta sobre el avance de la privatización de y en la enseñanza
Fuente: La Capital
Estudiantes secundarios de nueve países de la región ponen su voz de alerta sobre el avance de la privatización de y en la educación. El dato surge de un relevamiento realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (Clade) y Unicef. También figuran entre los temas de preocupación la creciente ponderación de las pruebas estandarizadas; el retroceso en el tratamiento de cuestiones de género y el recorte a la participación estudiantil en la vida de las instituciones.
El documento en cuestión se llama “Por una educación garante de derechos: demandas de estudiantes secundaristas para América latina y el Caribe” y ofrece un panorama regional de las expectativas de colectivos, movimientos y organizaciones estudiantiles de la educación secundaria. Reúne demandas de movimientos estudiantiles de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Paraguay y Uruguay.
En los temas relevados aparecen en primer término las diferentes formas de retirar el carácter público de la educación, que se caracterizan por el subsidio y la transferencia de recursos públicos al sector privado, o por la adopción de una lógica de mercado en el sistema público. Se advierte cómo el sector público de educación viene convirtiéndose en fuente de lucro privado, en la medida en que los gobiernos empiezan a comprarle a grupos empresariales privados los materiales didácticos, la elaboración de currículos y de pruebas estandarizadas y las iniciativas de formación docente, entre otros recursos.
El documento de Clade remarca que las lógicas del mercado y empresarial en la educación pública se manifiestan también por la evaluación por resultados de los y las docentes. “Cada vez es más corriente que se fijen los sueldos y gratificaciones del personal docente en base a los resultados obtenidos por estudiantes en pruebas estandarizadas, aunque estos resultados estén determinados por factores sociales y políticos que impactan en la enseñanza. Se nota también, en América latina y el Caribe, un incremento de la gobernanza corporativa en el campo educativo, es decir, de la participación de empresas y agentes privados con fines de lucro en la toma de decisiones sobre la política educativa”.
También se llama la atención sobre el vínculo de las pruebas estandarizadas con la privatización de la educación: “Hay una tendencia global a la estandarización de los contenidos impartidos en la escuela”. Un tema sobre el cual los colectivos y movimientos estudiantiles de diferentes países del continente se oponen. Se entiende que esta tendencia promueve una visión limitada de la educación que, en la práctica, se traduce en la eliminación o reducción de contenidos que podrían contribuir a una formación ciudadana de los y las estudiantes.
Menos democracia – Otro aspecto señalado es la militarización y la falta de gestión democrática en las escuelas. Además de poner en tela de juicio el carácter público de la educación, las diferentes formas de privatización introducidas en los sistemas y políticas educativos cuestionan los preceptos democráticos y participativos que deberían guiarlos. Esto porque en la medida en que el Estado transfiere al sector privado elementos esenciales de la práctica educativa (como el desarrollo de contenidos, materiales educativos, evaluaciones, formación docente y gestión de las escuelas y de las políticas educativas), estas iniciativas suelen estar acompañadas de mayor opacidad y aisladas del debate público y la participación social.
Además se mencionan las resistencias al abordar las cuestiones de género y las discriminaciones. El documento resalta que en varios países de la región, se notan ensayos para retirar de las políticas educativas la perspectiva de género y reducir o eliminar acciones específicas para afrontar las desigualdades basadas en el género y en las identidades sexuales. Y otro punto clave del estudio observa sobre la creciente criminalización de las protestas y los movimientos estudiantiles.
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