El abordaje del lucro en los marcos normativos de educación de la región será uno de los temas que se enfocarán en el III Encuentro Regional de la Red Mixta de Parlamentarias/os y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe.
El evento, organizado por CLADE y RESALDE, se realiza en San Salvador, El Salvador, desde ayer hasta el 17 de octubre, con la participación de activistas, autoridades, parlamentarias y parlamentarios de 16 países: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, India y Dinamarca.
Kishore Singh, indiano y ex relator especial de la ONU sobre el derecho a la educación, es uno de los participantes, y se presentó ayer en la mesa que inauguró el encuentro de la Red Mixta, con el tema: “El derecho a la educación en diálogo: panoramas regional y global”. Durante su actuación en Naciones Unidas, Singh publicó diversos documentos en los que se subrayan los riesgos que la privatización de y en la educación implican para la garantía de este derecho humano.
En el informe que presentó ante la 68ª Asamblea General de la ONU en el 2014, Singh destaca que, en los años ochenta y noventa, las instituciones financieras internacionales obligaron los países en desarrollo a que llevaran a cabo recortes significativos en sus gastos en la educación pública, como parte de ajustes estructurales a sus servicios públicos. En consecuencia, se observó el crecimiento explosivo de la educación privatizada que aprovecha las limitaciones de las capacidades de los gobiernos para hacer frente a las crecientes demandas de la educación pública.
“La privatización está invadiendo todos los niveles de la educación, y el fenómeno de la educación como empresa atractiva está adquiriendo proporciones alarmantes, con escaso control de las autoridades públicas”, afirmó. Indicó, además, que los proveedores privados consideran especialmente lucrativo proporcionar atención y educación a la primera infancia, terreno escasamente abarcado por el sistema de educación pública.
Kishore Singh señala que la privatización está impregnando casi todos los aspectos de la enseñanza, desde el aparato administrativo hasta la formulación de políticas y actividades extracurriculares, como las clases particulares, lo que actúa en contra de la universalidad del derecho a la educación y de los demás derechos humanos, al aumentar la marginación y exclusión en la esfera de la enseñanza y profundizar las desigualdades. “La educación no es un privilegio de los ricos; es un derecho de cada niño y niña”, afirma el ex relator.
En otro informe, presentado a la Asamblea General de la ONU en el 2015, Kishore Singh recomienda que, en lugar de depender del apoyo financiero privado para la educación a través de alianzas público-privadas, los gobiernos deberían movilizar el máximo nivel de recursos nacionales para la educación.
“Los gobiernos pueden recurrir a otras muchas modalidades para aumentar la inversión nacional en educación, como incrementar las ratios de impuestos en relación con el PIB y dejar de conceder incentivos fiscales, por ejemplo moratorias fiscales prolongadas, a las empresas a cambio de inversión extranjera. Otra medida útil es la vigilancia y el control de la elusión de impuestos extrema”, afirmó en aquella ocasión.
En otro documento, también de 2015, Singh enfatiza que los gobiernos no deben permitir la existencia de escuelas privadas de bajo costo y deben restablecer la educación con su función esencial de servicio público.
Frente a la creciente privatización de la educación y sus impactos negativos, el entonces relator de la ONU instó los Estados para que amplíen las oportunidades educativas y reconozcan la importancia fundamental de la inversión pública en educación como una obligación esencial. “La educación beneficia tanto a la persona como a la sociedad y debe preservarse como bien público; debe protegerse el interés social de la educación frente a su comercialización”, destacó.
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