María Ron Balsera
Doctora y coordinadora de la Alianza de la Educación y la Fiscalidad (TaxEd Alliance), Actionaid, Campaña Mundial por la Educación, la Internacional de la Educación, Tax Justice Network y la Alianza Global por la Justicia Fiscal en el marco de la socialización del Informe Global de Monitoreo de la Educación, conocido como GEM por sus siglas en inglés.
La educación como escenario de disputa de actores e intereses
La privatización de la educación es un asunto que llevo estudiando desde hace más de una década, y es algo que va en aumento, por lo que todas las personas que trabajan en educación y, en otros servicios públicos, deberían prestar atención. Por eso, quería felicitar a la UNESCO y al equipo del informe GEMR por haber elegido un asunto tan relevante, preocupante y controvertido y haberlo hecho de una forma tan completa y profunda.
Como bien ha dicho Manos Antoninis, director del GEMR, hay una gran heterogeneidad de actores no estatales. Desde el punto de vista de los derechos humanos, las oportunidades que ofrecen los actores no estatales en la educación son las de ofrecer modelos alternativos a la educación estatal, para evitar fundamentalismos y proteger la libertad de pensamiento.
En la práctica, también vemos que hay muchas organizaciones sin ánimo de lucro que intentan desarrollar nuevos modelos pedagógicos más participativos y adaptados a las distintas necesidades del estudiantado.
Existen asociaciones público – privadas en las que el Estado contrata a empresas privadas para cumplir funciones asociadas a la educación, tales como comedores escolares, limpieza, infraestructura, o producción de libros de texto. Y otros casos en el que instituciones privadas son subvencionadas por el Estado, estos jardines de infancia, colegios y universidades concertados, están financiados con fondos públicos y tienen que cumplir con las regulaciones necesarias. Pueden ser gratuitos o pueden exigir tasas adicionales.
Otros actores no estatales, cubren áreas que no están lo suficientemente bien abastecidas por el Estado ya sea por la falta de existencia a una distancia razonable o por la falta de la calidad de la oferta estatal.
Siguiendo los derechos humanos es el Estado el que tiene la obligación de proteger, respetar y cumplir el derecho a la educación, a través de la provisión de educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad.
Las tensiones entre lo normativo y lo descriptivo, lo público y lo privado
Ahora bien, a pesar de que esto sea lo que ocurre en realidad, en el plano descriptivo, no debe ser lo estipulado en el plano normativo. Esto es algo que desde mi punto de vista no queda claro en el informe GEM, que a veces confunde los planos descriptivos y normativos.
Desde el punto de vista normativo, siguiendo los derechos humanos, es el Estado el que tiene la obligación de proteger, respetar y cumplir el derecho a la educación, a través de la provisión de educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad.
En mi experiencia, los desafíos del aumento de la privatización son mucho mayores que sus oportunidades. Para empezar, desde los años 80, el modelo neoliberal de preeminencia del mercado para satisfacer la demanda de servicios públicos se ha impuesto sobre todo a través de instituciones económicas como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y promovido también por donantes bilaterales como el FCDO británico (Oficina de Asuntos Exteriores).
La reducción del Estado como proyecto neoliberal potencia la exclusión
La política de escatimar en los presupuestos educativos, de no aumentar el salario o el número de docentes, de incentivar el rol de empresas privadas en educación con lógica de mercado y, en definitiva, de comodificar la educación; va en contra de la perspectiva de los derechos humanos.
Además, esta reducción del rol del Estado a favor del rol del mercado se produjo al mismo tiempo en que logramos la abolición de las tasas académicas y la expansión de la educación pública y gratuita a nivel de primaria en muchos de los países de bajos ingresos. Esta expansión llenó las escuelas, atrayendo a muchos grupos que nunca antes habían sido escolarizados y ha sido uno de los factores que más ha contribuido a la paridad de género.
Sin embargo, debido a la escasez de recursos promovida por la ideología neoliberal, ha llevado a la masificación de las aulas, y a que los y las estudiantes no puedan acceder a una educación de buena calidad. Esta misma ideología ha incentivado la estratificación o segmentación social de oportunidades educativas, en base al poder adquisitivo de las familias.
Los desafíos para la financiación justa y adecuada para la educación
La insuficiencia de recursos dados a las escuelas en países con bajos ingresos, ha llevado a cobrar tasas por recursos educativos que deberían ser gratuitos, y que excluyen a aquellas personas que no se los pueden permitir, llevando a violaciones de derechos.
Otro de los desafíos, consiste en que los actores no estatales están cumpliendo el rol del Estado, asumiendo la falta de cobertura educativa en ciertas áreas geográficas, tanto rurales, como en asentamientos ilegales. En el mejor de los casos, las organizaciones sin ánimo de lucro que quieren ayudar a los sectores más desfavorecidos y construyen escuelas en comunidades en las que no las hay. Pero como se mueven por fondos de donantes, no son sostenibles, además suelen emplear a docentes sin formación. Asimismo, rompen el contrato social de rendición de cuentas entre los ciudadanos y el Estado, y convierten la educación en beneficencia, en vez de derecho.
En el peor de los casos, las empresas con ánimo de lucro, transforman la educación en mercancía. Buscando una tasa de retorno o de rendimiento lo más alta posible para sus inversiones, suelen discriminar a estudiantes con discapacidades. Estas escuelas escatiman todo lo que pueden tanto en docentes como en infraestructura, llevando en muchos casos, a situaciones que ponen en peligro a los estudiantes
Las escuelas denominadas de bajo coste (que no lo son para los más pobres), sólo consiguen aumentar la estratificación horizontal y vertical, aumentando las desigualdades de género.
La supremacía del mercado amenaza derechos
Lo peor de todo es que la ideología neoliberal tiene al mercado y la libre elección como tótems, y fomenta la desregularización. El informe GEM cubre muy bien la necesidad de regular mejor los actores privados.
El estudio que yo hice ya hace algunos años analizando las leyes que regulan a los actores privados en la educación, fue bastante deprimente. Entre estas leyes, unas no hacían ninguna mención a la regularización, otras se limitaban describir el proceso para poder establecer instituciones privadas, y una minoría de países detallaba una normativa para que estas instituciones cumplieran con los estándares nacionales y de derechos humanos, con una regulación potente.
Pero, lo que vemos especialmente en la mayoría de los países pobres, es que las instituciones privadas están creciendo de forma exponencial, muchas veces de forma ilegal. Estos estados, ya con presupuestos limitados (debido en gran parte a la ideología de minimizar el rol del Estado y favorecer el del mercado) no tienen los recursos disponibles para llevar a cabo las labores de inspección efectiva de las instituciones privadas. Las asociaciones público-privadas o escuelas concertadas, pueden suponer un gran coste para los gobiernos, absorbiendo gran parte de un financiamiento insuficiente y de otros recursos.
Respecto a si una mayor presencia de actores no estatales podría ser la solución para combatir la estratificación, yo diría que no, más bien todo lo contrario.
Las escuelas denominadas de bajo coste (que no lo son para los más pobres), sólo consiguen aumentar la estratificación horizontal y vertical, aumentando las desigualdades de género.
El caso de Chile es paradigmático de como la privatización fomentada por el estado aumenta la estratificación social, desabasteciendo y bajando la calidad de las escuelas que sirven a los estratos con menos ingresos.
Fortalecer la educación pública diluye la segregación
La mejor manera de luchar contra la segregación y la estratificación social es invertir en una educación pública, gratuita, inclusiva y de buena calidad para todos, todas y todes, desde jardín de infancia hasta las universidades, centros de formación, y aprendizaje a lo largo de la vida.
La educación es un derecho, no un privilegio, mercancía o beneficencia, sino un derecho. Y su financiamiento tiene que venir de la movilización de recursos internos estatales a través de una tributación progresiva, poniéndole fin a la evasión y elusión fiscal, ayudada de la cooperación exterior basada en derechos humanos, no en neoliberalismo.
Los principios de Abidjan aclaran que los Estados deben dar prioridad al financiamiento y la provisión de educación pública, gratuita y de calidad, y sólo pueden financiar instituciones educativas privadas de instrucción elegibles, directa o indirectamente, si éstas cumplen con los estándares y normas de derechos humanos aplicables, y observan estrictamente todos los requisitos sustantivos, procedimentales y operativos.
Sobre el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (GEM)
El Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (Informe GEM, por sus siglas en inglés) de la UNESCO fue creado en 2002 como revisión de los objetivos educativos exigiendo a la comunidad mundial que rinda cuentas de los compromisos contraídos en esta materia.
