Pese a que el 1º de junio de 2016 agentes antimotines del Estado hayan realizado el desalojo violento de la sede de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en Tegucigalpa, que era ocupada por estudiantes movilizadas/os en contra de las nuevas normas académicas adoptadas por el Consejo Universitario, las/os manifestantes no desistieron de su lucha.
Desde el 9 de junio, estudiantes de la ciudad universitaria en Tegucigalpa y del centro universitario de la UNAH en Valle del Sula (UNAH-VS), San Pedro del Sulla, se encuentran nuevamente movilizadas/os a través de marchas, tomas de facultades y asambleas permanentes en distintas carreras, para seguir protestando en contra de las nuevas normas de la Universidad, las cuales entraron en vigencia en mayo de 2016 y determinan el 70% como nota mínima para que las/os estudiantes universitarias/os aprueben las clases y permanezcan en el centro educativo, y además crean la polémica tabla de Unidades Valorativas (UVs), que tiene el objetivo de regular el acceso a la universidad, imponiéndoles a las/os estudiantes la matrícula condicionada al atendimiento de ciertos requisitos y niveles de “excelencia”.
Esta reforma además establece exámenes de ambición y vocacionales para ingresar a determinadas carreras, y la expulsión de estudiantes con bajo nivel académico, sin estudios previos por parte de las autoridades universitarias de los factores que hayan generado esta situación. “Las normas académicas responden a la llamada IV Reforma Universitaria, la cual está llena de contradicciones y responde a intereses de mercado, excluyendo directamente a las/os estudiantes de la UNAH y favoreciendo y fortaleciendo las universidades privadas”, afirma el estudiante de Sociología de la UNAH, Merlin Aguirre.
En las protestas de ahora, las/os estudiantes también denuncian la creciente criminalización del movimiento estudiantil en el país, donde el 7 de junio de 2016, las autoridades universitarias presentaron al Ministerio Público solicitudes de orden de captura contra seis estudiantes acusadas/os del delito de usurpación de bien público. Cinco de ellos ya habían sido objeto de otros procesos penales por su participación en protestas el 2015 y 2014, y fueron expulsados de la UNAH en 2014: Cesario Padilla, Dayanara Elizabeth Castillo, Moisés Cáceres, Sergio Ulloa y Armando Velázquez. Con la ayuda de una barra de abogadas/os y de organizaciones de derechos humanos del país, estas/os estudiantes pudieron revertir la acusación, de manera que se puso término definitivo al proceso. Sin embargo, con ese nuevo juicio, dichas/os estudiantes no podrán defenderse en libertad, sino que irán a la cárcel si las autoridades universitarias no desisten de su denuncia ante el Ministerio Público.
Además, cuatro de las/os acusadas/os afirman que no estaban en la ciudad de Tegucigalpa durante las protestas de este año, las cuales se abordan en la denuncia: Sergio Luis Ulloa Rivera estaba haciendo su práctica profesional en la ciudad de Santa Bárbara, Dayanara Elizabeth Castillo estudia actualmente en Costa Rica, Cesario Padilla ya egresó de la carrera de Periodismo en la UNAH y actualmente trabaja en una organización periodística y de derechos humanos, y Alejandro Félix Padilla Figueroa no era estudiante, sino un periodista y defensor de derechos humanos que cubría las manifestaciones.
La acusada Dayanara pertenece a la comunidad LGBTI+ y también fue expulsada de la Universidad en 2014, cuando sufrió persecución, detención ilegal, y hostigamiento por su orientación sexual y por participar en la lucha estudiantil, lo que la obligó a irse al exilio en Costa Rica el 2015.
Según el estudiante de Sociología de la UNAH, Merlin Aguirre, esta orden de captura responde a un proceso iniciado el año pasado, durante las protestas que ya se impulsaban contra las mismas normas académicas, y la denuncia que sigue contra las/os estudiantes se formula en base a informaciones antiguas y defasadas, que ya no pueden utilizarse como pruebas. “Esto pone al descubierto que tanto las autoridades universitarias como del Ministerio Público están trabajando de forma arbitraria e ilegal, pues están acusando a estudiantes sin ningún tipo de prueba contundente y bajo argumentos no probatorios”, afirma el estudiante.
Asimismo, el 12 de junio, el Consejo Universitario de la UNAH emitió un oficio en que reafirma la posición de la institución en seguir con la aplicación de las nuevas normas académicas, pese a la oposición de las/os estudiantes [lea el documento completo aquí].
A su vez, el 14 de junio, las autoridades universitarias emitieron un nuevo comunicado, en que justifican la punición de estas/os estudiantes y las denuncias en su contra, y demuestran el cierre a cualquier negociación. Mientras tanto, los medios hegemónicos del país impulsan una fuerte campaña de desprestigio al Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), haciendo a la población creer que se trata de una manifestación política y patrocinada por partidos de izquierda del país, como el Partido Libre. “Tanto las autoridades universitarias como los medios de comunicación insisten que el MEU tiene una ‘agenda política partidaria’ y no una agenda académica de lucha, esto con el fin de dividir, desmovilizar, desacreditar y desprestigiar al MEU, pero no han podido lograr su fin. Al contrario, cada día que pasa se suman más estudiantes a la lucha, con un nuevo discurso y conciencia de la problemática de la UNAH”.
Según Merlin Aguirre, el movimiento estudiantil está luchando por el derecho humano a la educación y por mejores condiciones académicas-pedagógicas, y no está a servicio de ningún partido político. El estudiante denuncia también que el lunes, 13 de junio, cerca de 15 personas, algunas de ellas integrantes del Frente Estudiantil “Fuerza Universitaria Revolucionaria” (FUR) incitadas por las autoridades de la universidad, entraron a la Ciudad Universitaria armadas con palos y cadenas, provocando violencia física y verbal contra las/os integrantes del MEU.
El MEU, movimiento que impulsa las protestas contras la nuevas normas académicas en el país, se posicionó públicamente para denunciar esta acción del Frente Estudiantil, declarando que la misma tuvo la intención de desmoralizar y desmovilizar la lucha de las/os estudiantes en defensa de la universidad pública.
Nuevos procesos judiciales – El 15 de junio, cinco estudiantes de la UNAH en Valle de Sula también fueron citados a comparecer en audiencias judiciales, acusados por el delito de usurpación de bien público. Los cinco acusados son: Abner Ariel Santos Cárcamo, Marco Tulio Rubí Callejas, Bryan Daniel Ochoa Villanueva, José Ariel Amaya y Saúl Obed Córdova. Tras una audiencia a la que fueron convocados los acusados, el juez a cargo dictaminó medidas sustitutivas para cuatro de los cinco estudiantes que son objeto de la denuncia, los cuales comparecieron a la audiencia. Se desconoce hasta el momento si lo mismo se aplicará para el estudiante que se excusó de presentarse al Juicio [sepa más].
Dos días después, otras/os estudiantes que ocupaban la UNAH-VS fueron desalojadas/os por órdenes judiciales. Para no confrontar a las fuerzas represoras del Estado, estas/os manifestantes decidieron entregar las instalaciones pacíficamente [sepa más].
Hoy [20 de junio], las/os estudiantes se volvieron a tomar las instalaciones de la UNAH decididas/os a quedarse hasta que las autoridades llamen a diálogo. Además de las instalaciones de la UNAH Valle de Sula, se encuentran ocupadas por las y los estudiantes: el Centro Universitario Regional del Centro (CURC), el Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA), el Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico (CURLP) y el Centro Universitario Regional Nor Oriental (CURNO).
Acciones de resistencia y solidaridad – El Sindicato de Docentes de la UNAH (SIDUNAH) y el Sindicato de Trabajadoras/es de la Universidad se han sumado a las protestas, exigiendo que las autoridades universitarias dialoguen con la comunidad educativa y retiren su pedido de captura y penalización judicial contra las/os seis estudiantes. El 17 de junio, inclusive, el Sindicato de Docentes de la UNAH interpuso una denuncia ante el Ministerio Público para demandar a las autoridades universitarias de la UNAH por abuso de autoridad. A su vez, la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes (OCLAE) emitió un posicionamiento en que rechaza la criminalización de la protesta social en Honduras y exige la derogación de las nuevas normas académicas. “Invitamos a las autoridades universitarias, al gobierno y al pueblo hondureño a construir juntos la universidad que queremos”, afirma el comunicado [lea aquí].
Distintas organizaciones que defienden los derechos humanos en Honduras también enviaron una comunicación a distintas Relatorías de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como al Alto Comisionado de Derechos Humanos de Honduras, al Embajador de la Unión Europea en el país, a la Amnistía Internacional y al Frontline Defenders, en que expresan su preocupación por los hechos recientes, que violentan el derecho a la protesta pública y a la libertad de expresión, a través de la criminalización de estudiantes movilizadas/os en defensa del derecho a la educación.
“A partir de 2014, el Estado, a través de la Rectoría de la UNAH, Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Agencia Técnica de Investigación Criminal, ha venido criminalizando a las/os estudiantes, comenzando con la acusación del alumno de pedagogía Rommel Darío Morán, por el delito de Sedición y Manifestaciones Ilícitas. Este estudiante además fue torturado por varios policías al momento de su detención”, afirman en el comunicado.
Según el documento, entre diciembre de 2014 y enero de 2015, 17 estudiantes fueron sancionadas/os con expulsión de la UNAH por ejercer su derecho a la protesta pública. Después de estas expulsiones, en julio y agosto de 2015, 26 estudiantes fueron criminalizadas/os por el delito de usurpación de bien público, debido a que participaron en la toma de instalaciones de la UNAH como forma de protesta. De estas/os 26 estudiantes, cuatro permanecen acusadas/os, con medidas cautelares sustitutivas de presentarse periódicamente ante el Juez de Letras del Penal.
El comunicado denuncia además que, en las protestas, la violencia policial ha sido desmedida, con varios/as estudiantes lesionados/os y la acción desproporcional de un agente de seguridad del Estado que disparó su arma de fuego contra las/os estudiantes. “Solicitamos la atención ante esta situación, antes de que se produzcan hechos más lamentables”, concluye el documento.
En respuesta a esta denuncia, el 14 de junio, la UNAH difundió un comunicado en que afirma que algunos organismos de derechos humanos han protegido y defendido “personas encapuchadas que hacen uso de la fuerza y la violencia para imponer sus criterios”. “Estos encapuchados han impedido que otros estudiantes, la mayoría, continúen con el desarrollo de las actividades académicas conducentes a avanzar en el plan estudios de su carrera. La defensoría que ejercen estas organizaciones hacen que el vandalismo y la destrucción de bienes de la institución queden en la impunidad, protegiendo no los derechos de estas personas, sino el vandalismo y destrucción que provocan”, afirma el documento [léalo aquí].
Las organizaciones que defienden los derechos humanos divulgaron un nuevo posicionamiento público, en que llaman a la rectora de la UNAH a parar sus declaraciones estigmatizantes contra defensoras/es de derechos humanos y a terminar con la criminalización de la protesta social en la universidad [lea aquí la respuesta completa].
La Coalición contra la impunidad, que reúne a más de 40 organizaciones sociales de Honduras también difundió un posicionamiento público en que exige el cese a la criminalización en contra de las y los estudiantes de la UNAH, y además exhorta a las autoridades universitarias a que busquen una resolución a este conflicto a través del diálogo con la representación estudiantil [lea el documento aquí].
Oiga a continuación la noticia sobre las protestas en Honduras, que se difundió en el programa Contacto Sur, de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), emisión matutina del 17 de junio de 2016. El reportaje es de José Peraza desde Radio Progreso en Honduras.
