Se realizó el 29 de junio el Seminario Virtual: “Caminos de Libertad: El derecho a la educación y a la dignidad en contextos de encierro”, en el marco de la campaña “Ampliando Voces – Caminos de Libertad”, que impulsan la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) y la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), en alianza con el Grupo de Estudios sobre Educación en Cárceles (GESEC).
Participaron del encuentro personas que tienen experiencia en educación en contextos de encierro desde diferentes ópticas y lugares de América Latina y el Caribe: Alicia Contero Bastidas, miembro de la Defensoría Pública e investigadora de criminología mediática en Ecuador; Marta Correa, psicóloga en la ONG Nueva Oportunidad, en Costa Rica; Vanesa Stevani, docente en Educación en Cárceles de Valparaíso, Chile; y Walter Quispe Rojas, docente en cárceles y coordinador de Programa País – Perú, de la DVV International. Florencia Pérez Lalli, del Grupo de Estudios sobre Educación en Cárceles (GESEC), de Argentina, moderó el debate.
Durante el seminario, que tuvo transmisión en línea y apertura al envío de aportes y preguntas por el público, se discutieron el panorama de la educación en las cárceles en América Latina y el Caribe, los principales desafíos y retos para la realización de este derecho, y formas de intervención y experiencias para la promoción de este derecho, que se impulsan desde el trabajo de cada participante.
Mira la grabación del seminario a continuación.
Sobre la situación carcelaria en cada uno de los países, Alicia Contero de Ecuador, destacó que en la provincia de Pichincha donde trabaja en la Defensoría Pública existen más de 25 mil personas detenidas, de las cuales el 60% tienen ya su sentencia condenatoria y el resto está esperando ser procesado. El 80% de las personas detenidas son hombres y la gran mayoría de origen afro ecuatoriana.
Según Vanesa Stevani, en Valparaíso, Chile, hay 2974 internos/as en calidad de condenadas/os, de los cuales 1945 son estudiantes; 620 de ellos son egresados en educación básica y media. “Una problemática es que no tenemos un programa de parte del Ministerio de Educación para la educación de personas jóvenes y adultas específico y adecuado para los contextos de encierro”, afirmó.
Marta Correa, por su turno, afirmó que pese a que en Costa Rica se tenga uno de los menores niveles de criminalidad en la región, el hacinamiento de las cárceles es igualmente un problema. “Hay mucha gente en la cárcel por crímenes menores, por ejemplo, por asuntos de pensiones alimentarias”.
Sobre el contexto peruano, Walter Rojas informó que de las/os 72 mil internas/os existentes en el país, 12 mil no han terminado la educación básica, y solamente el 6% de esta población tiene acceso a la educación. “La desigualdad de género es otra preocupación, pues solo varones reciben el servicio educativo”, añadió.
Desafíos y prácticas educativas
Entre otros obstáculos a la realización del derecho humano a la educación en las cárceles de Perú, Walter Rojas destacó que no todas/os las/os educadoras/es tienen acceso a una formación específica para trabajar en la educación de personas jóvenes y adultas (EPJA) en contextos de encierro, y además no existe una conexión entre el sistema penitenciario y el sistema educativo, ni entre la educación formal y la no formal. “Como estrategia, en la DVV Internacional hemos impulsado un proceso de diversificación curricular para el desarrollo de propuestas alternativas que sean más pertinente para las y los estudiantes”, afirmó.
Marta Correa, de Costa Rica, señaló la experiencia específica de la ONG Nueva Oportunidad que actúa desde el 2011 en el centro penitenciario San Rafael como un semillero de emprendedores/as y hoy atiende a 12 personas privadas de libertad con actividades educativas de reinserción laboral y desarrollo humano. “Creemos que pueden reconstruir su futuro y este es un proceso esperanzador”.
Vanesa Stevani subrayó que actualmente el trabajo de las y los docentes que actúan en las cárceles no tiene formación específica ni visibilidad en Chile, y tampoco hay apoyo del Estado para el financiamiento y la adecuación de los planes y programas educativos a contextos de encierro. “Nos encontramos además con varios obstáculos a la hora de implementar los planes educativos por la cantidad de protocolos e intervenciones extraescolares que tiene la penitenciaria”, añadió.
Buscando responder a estos desafíos, Vanesa participa en reuniones que se han realizado entre docentes de diferentes colegios en contextos de encierro de Valparaíso, con miras a la construcción de un currículo común y el intercambio de contenidos y desafíos. “Impulsamos microcentros en los cuales pactamos los contenidos de los planes y programas para que puedan adecuarse al perfil de nuestras/os estudiantes y para que podamos fortalecer y consolidar las prácticas educativas”.
Por su turno, Alicia Conteras destacó el rol de los medios de comunicación en la estigmatización de las personas privadas de libertad y la ratificación de prejuicios contra esta población. “Es necesario desarrollar leyes y planes para rescatar la función social de los medios, pues ellos construyen estereotipos de las personas privadas de libertad como delincuentes que no deben tener ningún derecho reconocido, aunque la ley se los garantice. Esto nos ha separado en dos grupos: los que deben y los que no deben tener derechos. Y así se crea una sociedad de miedo y legitimización del castigo y del control”, afirmó.
Por fin, Florencia Pérez, miembro del GESEC y moderadora de la actividad, destacó como desafíos: la falta de recursos en el sistema carcelario por la corrupción, el imaginario punitivo de este sistema por encima de su objetivo de reinserción social y la falta de formación docente para la educación en las cárceles, reto en el que las universidades públicas juegan un rol fundamental.
De otra parte, reforzó la importancia de la realización de reuniones mixtas de formación e intercambio de experiencias y aprendizajes entre docentes, trabajadoras/es del servicio penitenciario, organizaciones de la sociedad civil y personas privadas de libertad, así como articulaciones entre la educación formal y la no formal, y entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil. “Asimismo, se recoge del debate que la criminalización de las minorías es un grave problema y que es fundamental reconocer a las personas privadas de libertad como sujetos de derechos”, concluyó.
Ampliando Voces – Caminos de Libertad
A partir de una serie de entrevistas radiofónicas realizadas por CLADE y ALER, con educadoras y educadores, expertas/os y personas que ya estuvieron en las cárceles, la campaña que se impulsa en alianza con el GESEC, enfoca la situación de las personas que viven en estos contextos, sus retos, logros y recomendaciones. Con entregas semanales, la iniciativa tocó los siguientes temas: el derecho humano a la educación en contextos de encierro; la no discriminación dentro de las cárceles; la igualdad de género; la interculturalidad; el rol de los medios de comunicación; la condición de niñas/os hijas/os de personas privadas de libertad; la situación de adolescentes y jóvenes en las cárceles
