Encuentro Regional de Parlamentarias/os y Sociedad Civil defiende la participación y la actuación conjunta contra la criminalización de la protesta social

Este debate, con énfasis en la lucha de la juventud por el derecho a la educación en América Latina y el Caribe, subrayó la necesidad de articular esfuerzos entre los niveles nacional, regional y mundial, así como entre varios sectores de lucha y poderes, para fortalecer la participación ciudadana y contener la criminalizacion de la protesta en la región

El segundo día del II Encuentro de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe, que se realizó del 30 de noviembre al 1º de diciembre en São Paulo, Brasil, por iniciativa de la CLADE, en alianza con la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil, inició con un debate sobre la participación social de las y los jóvenes y la criminalización de la protesta social en nuestra región.

Participaron Rafael Custodio, coordinador del programa de Justicia de la Organización Conectas Derechos Humanos, Brenda Fraga Gutiérrez, diputada del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo en México, y Allison Nicolle Rosales, estudiante de secundaria en Honduras, y Laura Giannecchini, Coordinadora de Desarrollo Institucional de la CLADE, como moderadora.

En las discusiones, se destacó que la criminalización de la protesta social es una tendencia regional y mundial. Para enfrentarla y fortalecer la participación ciudadana, se defendió la necesidad de articular esfuerzos entre los niveles nacional, regional y mundial, así como entre varios sectores de lucha y poderes, más allá del campo educativo. Específicamente, se abordó la toma de centros educativos en el Estado de São Paulo, Brasil, en contra de la reorganización y el cierre de escuelas en el Estado, la desaparición forzada de 43 estudiantes en Iguala, México, en septiembre de 2014, y el alto nivel de violencia y represión del Estado contra la protesta social en Honduras. En su intervención, Custodio argumentó que la sociedad civil y el legislativo se movilicen por una reforma de las fuerzas policiales para que sepan cómo actuar respetando los derechos humanos en situación de movilización y protesta social. “Es necesaria una reforma de nuestro modelo de seguridad pública, recordando que la policía tiene la finalidad de proteger los derechos humanos y no atacarlos”, afirmó.

Asimismo, subrayó que la policía no actúa de manera aislada, y la sociedad civil en general legitima y defiende ese tipo de acción violencia, mientras que el Poder Judicial sigue siendo un poder conservador en la mayoría de los países. “Por ello, debemos movilizarnos para informar y sensibilizar a la población sobre el problema de la criminalización y la importancia de la protesta como elemento fundamental de la democracia y motor de las transformaciones sociales”.

A su vez, Brenda Fraga recordó que se completó un año de la desaparición forzada de 43 estudiantes en el Estado de Guerrero en septiembre de este año, y que estos normalistas fueron víctimas de violencia por manifestarse y defender que la educación debe ser popular y para todas y todos. “Sus familias están amenazadas y se encuentran en una lucha constante todos los días. El seguimiento que las familias de los estudiantes le han dado al caso es más firme que lo que hacen las instituciones del país”, afirmó.

Asimismo, destacó que la sociedad civil  en México sigue organizada para exigir una respuesta del Estado respecto al caso y que no sigan sucediendo casos de violencia y represión como este. Por otro lado, lamentó que los medios del país no le hayan dado visibilidad a este movimiento. “Debemos impulsar el diálogo entre el parlamento y la sociedad civil, y la articulación entre diferentes sectores de la sociedad para crear escenarios de confianza, en que no se permita que pasen estas situaciones de violencia y represión”.

En su intervención, Allison Rosales comentó la grave situación de violencia del Estado contra las y los estudiantes de secundaria movilizadas/os por el derecho a la educación en Honduras, rechazó la discriminación contra la juventud del país, especialmente por razones étnicas, geográficas, sociales, económicas y de género, y defendió que se reconozcan las culturas juveniles y sus formas de expresión, inclusive a través del arte. “Hace tres o cuatro meses, una niña apareció muerta por decir la verdad. Tengo miedo de decir la verdad. Somos valientes al luchar e inclusive por ir a estudiar en la condición de que a veces no hay asientos, pizarras, mobiliario, ni libros”, afirmó.