Foto: Simenon
Chile: Informe afronta las consecuencias de la privatización de la educación, en la ONU
4 de diciembre de 2014
Chile es considerado el sistema educativo más segregado del mundo; el Foro por el Derecho a la Educación de Chile y la CLADE participaron en la elaboración del informe, al lado de la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Clínica de Derecho de la Sciences Po y la Iniciativa de Investigación sobre la Privatización en la Educación
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(Santiago de Chile, Ginebra) En un informe que se hace público en el día de hoy, el Foro por el Derecho a la Educación de Chile (FORO), la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR, por su acrónimo en inglés), la Clínica de Derecho de la Sciences Po y la Iniciativa de Investigación sobre la Privatización en la Educación (PERI, por su acrónimo en inglés) hacen un llamado a que expertas/os de derechos humanos de la ONU cuestionen al gobierno de Chile por las violaciones a los derechos humanos, resultantes de su sistema de educación privatizado [Descarga aquí: Informe| resumen ejecutivo].
Chile tiene la cuarta mayor proporción de escuelas primarias privadas en relación a las escuelas públicas en el mundo, número tres veces mayor que el promedio de los países miembros de la Organización por la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en consecuencia de las reformas económicas neoliberales puestas en marcha durante la dictadura de Pinochet en los años 1980s y reforzadas por los gobiernos que le sucedieron.
Además, el sistema educativo chileno es el más segregado entre los hogares más ricos y los más pobres, según los datos de la OCDE, en una comparación con otros 64 países. El informe demuestra que ese sistema es ampliamente discriminatorio en el ámbito socioeconómico, violando a los estándares de derechos humanos internacionales que el país tiene la obligación de cumplir.
“Ese no solo es un sistema inaceptable, que impacta con más fuerza a las personas marginadas, vulnerables y pobres y reproduce altos niveles de desigualdades, sino que también es un sistema muy injusto, que afecta la cohesión de la sociedad como un todo y es ilegal, según los estándares internacionales”, indicó Camilla Croso, la coordinadora general de CLADE.
Cobros a las madres y padres de familia, practicados por las escuelas privadas primarias y secundarias son uno de los principales factores de discriminación socioeconómica, y pueden ser empleados por las escuelas para excluir a ciertos/as estudiantes indeseadas/os. En el 2012, una de las mejores escuelas privadas de Chile cobraba aranceles de USD 690 por mes, casi dos veces más que el valor del salario mínimo mensual.De la misma forma, seleccionar estudiantes mediante el cobro de aranceles, y seleccionar directamente , por exámenes de admisión o exámenes de conducta, es una práctica común.
Planteando el tema junto a la ONU, para cambiar la ley en Chile
El lanzamiento de este informe se realiza mientras el parlamento chileno se encuentra prestes a revisar un segundo paquete de leyes para reformar el sistema educativo, que será crucial para la futura orientación del sistema educativo chileno.
“El nivel actual de desigualdades respecto al derecho a la educación es insostenible, y esta fue la razón de las protestas que tuvieron lugar en el 2006 y en el 2011 en el país. Mientras las autoridades han prometido tomar providencias frente a esta situación, el parlamento y el gobierno deben actuar rápidamente y poner en el centro de las reformas el impacto de la política educativa en los derechos humanos, de manera a rediseñar un sistema que esté en línea con sus obligaciones internacionales” añadió Rene Varas, coordinador del Foro por el Derecho a la Educación, de Chile.
Para auxiliar esta discusión, el informe fue enviado al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de Naciones Unidas, previamente a la revisión de Chile en el ámbito del mismo Comité de expertas/os, a realizarse en junio de 2015. El CDESC evaluará el respeto del gobierno a distintos derechos económicos y sociales, incluyendo el derecho a la educación. Lo mismo se encuentra reunido en sesión previa en esa primera semana de diciembre, y luego lanzará una “lista de temas”, que incluye cuestiones que el gobierno tendrá que responder por escrito.
“Ningún Estado llegó tan lejos cuanto Chile en materia de privatización de la educación, y por eso el sistema chileno nos informa sobre el impacto en largo plazo de la privatización. Si el CDESC plantear cuestiones sobre el sistema chileno, también enviará un mensaje fuerte a otros países, en un momento en que muchos Estados están privatizando su sistema educativo y esquivándose de sus responsabilidades” indicó Lucy McKernan, del Comité de Enlace en la ONU de la GI-ESCR.
Muchos organismos de derechos humanos de la ONU, incluyendo el Relator Especial sobre el Derecho a la Educación, cuestionaron recientemente la creciente privatización en la educación, e hicieron un llamado reforzando el papel del Estado de proteger la educación como un “bien público”.
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