La Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE), miembro de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación en El Salvador, reitera que sólo con más recursos públicos en educación se podrá garantizar la educación de calidad y basada en derechos
Fuente: La Prensa Gráfica
La Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE) presentó la estrategia “6% , sí por la educación”, la cual pretende que se inicie en El Salvador un aumento progresivo en educación para llegar hasta el 6% del Producto Interno Bruto (PIB).
El objetivo es aumentar la inversión en educación, ciencia y tecnología, atendiendo así los principales problemas del sector educativo del país. Esta iría acompañada de una mejora en la eficiencia de recursos y regulación en la asignación presupuestaria en educación pública. Por hoy, la inversión en educación en el país representa el 3.5% del PIB (según datos del Ministerio de Educación de este año), una de las más bajas en América Latina.
Según estudios, la inversión en educación ha estado más concentrada en el nivel de educación básica, el cual presenta los niveles más altos de cobertura educativa (93.75%, según el Censo Escolar 2011). Los recursos destinados a otros niveles educativos, particularmente a la primera infancia y la adolescencia, han sido mucho más reducidos. Así, los sectores de población con menor acceso a la educación son las niñas y niños de cero a tres años, con menos de un 3% de cobertura de atención; los de cuatro a seis años, con una cobertura neta del 54.2%; y los adolescentes de 16 a 17 años, con una cobertura neta de apenas el 35.4% (Censo Escolar).
“Creemos que hay desafíos completos que nuestro país y sistema educativo tienen, por los cuales hay que incrementar la inversión de tal manera que podamos segurar una educación de calidad y basada en derechos”, dijo Margarita Franco, directora de Diseño de Programa para Save the Children.
Contar con un 6% del PIB en educación significaría acceso a toda la población en diferentes modalidades y niveles. Además, permitiría desarrollar programas de calidad en educación pública, respeto a derechos humanos en el ambiente educativo relacionados con la universalización de la educación inicial, parvularia, básica y media. Otro de los beneficios sería que los estudiantes podrían tener jornadas completas, se mantengan en la escuela y finalicen sus estudios; de esta forma, también se aseguraría la incorporación de niñas, niños y adolescentes que han sido excluidos del sistema educativo por violencia, discriminación, discapacidad física, género, entre otros.
