Educación y refugio en el día Internacional de las personas refugiadas

Encuentro con representantes de organizaciones de movimientos y organizaciones de la Campaña Mundial por la Educación (CME) analiza las brechas y conquistas de la educación para refugiados/as

Analizar si los conflictos, la violencia, las violaciones de los derechos humanos y las emergencias relacionadas con el medio ambiente y el cambio medioambiental que afectan a los derechos de las personas a la educación, y cómo lo hacen. Ese fue el princial objetivo del encuentro “Comunidad de Aprendizaje sobre Educación en Situaciones de Emergencia de la CME”, realizado el martes (23/6) a proposito de la celebración del Día Mundial de los Refugiados.

“La importancia de celebrar el Día Internacional de las Personas Refugiadas implica no sólo reivindicar las riquezas que las mismas traen a las sociedades de acogida sino discutir las acciones para garantizar el derecho a la educación para ellas; y esas soluciones apuntan a la consolidación de sistemas educativos participativos, gratuitos, laicos y universales”, afirma Patricia Gainza, miembro del Comité Ejecutivo de Rede Sem Fronteiras y del Comité Directivo de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), una de las panelistas del evento.  

La sesión contó también con la participación de Luis Eduardo Pérez Murcia, miembro de GCE, Giulia McPherson, Servicio Jesuita para los refugiados de Estados Unidos, Ahmed Badawy, Fundación Egipcia para los derechos de los Refugiados, Adeleke Damian-Mary, Coalición de Acción de la Sociedad Civil por la Educación para Todos (CSACEFA) y Macarena Romero Álvaro, GCE de España.

Refugiadas y refugiados en América Latina y el Caribe

Según la Agencia ONU para Refugiados (Acnur), actualmente, existen aproximadamente 20 millones de personas desplazadas en América Latina y el Caribe (ACNUR, 2022). Esto incluye personas refugiadas, solicitantes de asilo, solicitantes de ayuda internacional, desplazadas internas.

“Si bien los grandes titulares de prensa suelen centrarse en las personas que se desplazan hacia los Estados Unidos, la mayor parte de estos 20 millones de refugiados latinoamericanos, se asientan en otros países de América Latina y el Caribe. Es más, el 76% del total de las personas refugiadas del mundo son acogidas por países de renta media y baja”, afirmó Patricia Gainza.

De acuerdo con Unicef, existen 6.8 millones de personas venezolanas refugiadas y migrantes en el mundo (UNICEF, 2022) y 5.7 millones de estas personas venezolanas refugiadas y migrantes son recibidas y acogidas en otros países de América Latina.

Violencia y crisis socioeconómica

Se mencionaron los principales puntos de alertas referidas al tema en América Latina a saber: la crisis económica y social y la incipiente violencia en la región Centroamericana (que ya ha desplazado a más de un millón de personas); el crecimiento del número de solicitudes de refugio y personas refugiadas en México; el crecimiento de las solicitudes también en la región Andina, especialmente en Colombia, Perú y Ecuador con origen venezolano; la emergencia existente en la región del Darién, que en lo que va de 2023 ya ha registrado la llegada de más de 150 mil personas en una zona totalmente inhóspita y no presparada para gestionar este número de personas en el medio de la selva.

Las principales barreras de acceso a los sistemas educativos en los países receptores de la región son muchas y diversas: carencia de documentación, como pasaporte, tarjeta migratoria o documentación de estudios cursados desde los países de origen; dificultades con el idioma del país receptor, en el caso de Brasil con el potugués pero también con el español en los casos de personas que hablan lenguas indígenas originarias; otras barreras lingüísticas y culturales que se presentan en situaciones como en el acceso a la salud, desafíos pedagógicos en el aprendizaje de niños, niñas y adolescentes afectados por situaciones traumáticas o estresantes y necesidades socioemocionales específicas; desafíos para la re-inclusión de personas adultas que abandonaron los estudios tempranamente; desescolarización y falta de documentación oficial de estudios en el país de origen, falta de flexibilidad para abordar las diferencias de calendarios escolares entre los países, debilidad de los sistemas para el reconocimiento, la validación y la acreditación de los aprendizajes previos de las personas en movimiento; xenofobia, discriminación, estigmatización y acoso escolar (bullying); infraestructura limitada, así como déficit de cupos disponibles para estudiantes y falta de docentes; pobreza crítica y desnutrición que son serios obstáculos para el acceso al derecho a la educación.

Integración social

Se enumeraron algunas buenas prácticas como ser la Tienda de Ciudadanía, del Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante (CDHIC), Brasil; cuyo objetivo es “Favorecer la integración social y cultural de los niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados, valorando la diversidad cultural y promoviendo una cultura de paz en el ámbito escolar, comunitario y familiar”.

Sus ejes de trabajo son: 1. Promover entre las niñas y los niños migrantes y refugiados la valoración de la diversidad cultural y la lucha contra la discriminación y el acoso escolar a través de actividades lúdicas. 2. Promover la asesoría y capacitación de los actores del sistema educativo público. 3. Fortalecer a las familias de las niñas y los niños atendidos mediante apoyo psicosocial, jurídico, social y de regularización migratoria.

Capacitación con vistas al mercado laboral

Una segunda buena práctica mencionada fue las Capacitaciones para personas refugiadas llevadas adelante por la Intendencia de Montevideo, Uruguay cuyo objetivo es que “La población refugiada obtenga las herramientas necesarias para ingresar al mercado laboral”. Es una iniciativa que depende de la Secretaría de Equidad Étnico Racial y Poblaciones Migrantes de la Intendencia de Montevideo y realiza tres cursos en coordinación con ACNUR, los cuales son gratuitos y están dirigidos específicamente a personas refugiadas y solicitantes de asilo mayores de 18 años y residentes en Montevideo.

Las temáticas abordadas son: 1. Ventas, atención al cliente, marketing y logística. 2. Atención a la dependencia. 3. Ventas con e-commerce. Los cursos se dictan de manera presencial y/o semipresencial en la Casa de la Mujer de la Unión, lo cual también facilita el acceso otra serie de recursos para las personas involucradas, especialmente en combate a la violencia de género.

Puertas abiertas

La tercera práctica mencionada fue Puertas Abiertas de la Prefeitura de São Paulo, Brasil cuyo objetivo es “Enseñar gratuitamente el portugués a inmigrantes y refugiados en Brasil”.

El material didáctico de esta segunda edición está destinado a la enseñanza pública y gratuita del portugués a inmigrantes, trayendo como metodología pionera la enseñanza de la lengua portuguesa como herramienta de acogida y garantía de derechos de la población en movilidad. Los materiales creados buscan dialogar con la dinámica cotidiana de las personas inmigrantes en la ciudad, para discutir el acceso a sus derechos y servicios públicos. Entre los temas tratados en el material se encuentran el derecho al trabajo digno, la salud, la educación e interculturalidad, el ocio y el deporte, entre otros. Los contenidos están disponibles para docentes, inmigrantes y público en general con fines pedagógicos y educativos.

Por último, la exposición buscó plantear líneas de acción que contribuyan a la garantía del derecho a la educación de las personas refugiadas en la región. Algunas de estas ideas son:

• Marco legal y políticas inclusivas: Los gobiernos deben desarrollar marcos legales y políticas inclusivas que reconozcan y protejan EXPRESAMENTE el derecho a la educación de las personas refugiadas. Estas normativas deben asegurar el acceso igualitario a la educación, la no discriminación y la inclusión de programas específicos para atender las necesidades educativas de las personas refugiadas.
• Acceso y matrícula: Se deben eliminar las barreras administrativas y financieras que dificultan el acceso y la incorporación de las personas refugiadas en las escuelas. Esto implica simplificar los procedimientos de inscripción, reducir los costos asociados y brindar becas o programas de apoyo financiero para aquellos que lo necesiten.
• Programas de aprendizaje de idiomas: Es importante y una buena estrategia incluir a las personas refugiadas a través del aprendizaje del idioma cuando la lengua nativa difiere del idioma predominante en el país de acogida. Estos programas deberían ser accesibles y brindar apoyo adicional para que los estudiantes refugiados puedan adquirir rápidamente las habilidades lingüísticas necesarias para participar plenamente en el sistema educativo así como educar al sistema educativo para que contemple la diversidad lingüística de sus estudiantes.
• Adaptación curricular y apoyo pedagógico: Los gobiernos deben promover la adaptación curricular y proporcionar apoyo pedagógico adecuado para abordar las necesidades específicas de los estudiantes refugiados. Esto implica el desarrollo de materiales didácticos adaptados, la capacitación de docentes en la atención a la diversidad y la provisión de recursos adicionales o personal de apoyo en las escuelas.
• Programas de apoyo socioemocional: Los refugiados a menudo han experimentado situaciones traumáticas y estresantes. Las escuelas deben incorporar a los estudiantes refugiados a sus programas de apoyo socioemocional y servicios de salud mental, para contribuir a la superación de las dificultades emocionales y promover su bienestar integral.
• Sensibilización y capacitación: Es fundamental promover la sensibilización y la capacitación entre el personal docente y la comunidad educativa en general sobre las necesidades y derechos de los estudiantes refugiados. Esto ayudará a fomentar un entorno inclusivo y respetuoso, y a combatir la discriminación y el estigma.
• Cooperación internacional y regional: Los gobiernos deben fortalecer la cooperación internacional y regional para compartir buenas prácticas, recursos y experiencias en la educación de personas refugiadas. Esto implica trabajar con organizaciones internacionales, ONG y otros países para obtener apoyo y asistencia técnica en la implementación de políticas y programas eficaces.
• Programas de educación de adultos: Los gobiernos para garantizar el derecho a la educación a lo largo de toda la vida deben establecer programas de educación de personas adultas que estén diseñados específicamente para atender las necesidades educativas de las personas refugiadas. Estos programas deberían ofrecer oportunidades de aprendizaje flexibles, adaptadas a las circunstancias y responsabilidades de las personas refugiadas adultas.
• Reconocimiento de estudios previos: Los gobiernos deben facilitar el reconocimiento y la validación de los estudios previos de las personas adultas refugiadas y todas las personas. Esto implica establecer procedimientos claros y accesibles para evaluar y acreditar los logros educativos obtenidos en sus países de origen, lo cual puede facilitar su acceso a niveles educativos superiores.
• Acceso a la educación vocacional y técnica: Los gobiernos pueden promover el acceso de las personas adultas refugiadas a la educación vocacional y técnica, brindando oportunidades de capacitación en habilidades prácticas y demandadas en el mercado laboral. Esto puede ayudar a mejorar su empleabilidad y facilitar su integración económica y social en la sociedad de acogida.
• Flexibilidad en horarios y modalidades de aprendizaje: Los gobiernos deben contribuir a que los distintos sectores ofrezcan opciones flexibles en cuanto a horarios y modalidades de aprendizaje para las personas adultas refugiadas. Esto puede incluir programas educativos en horarios nocturnos, educación a distancia, educación en línea o educación modular que les permita equilibrar sus responsabilidades familiares, laborales y educativas.
• Acceso a servicios de apoyo: Los gobiernos deben garantizar el acceso de las personas adultas refugiadas a servicios de apoyo complementarios, como asesoramiento educativo, orientación vocacional, servicios de apoyo socioemocional y servicios de atención de salud mental. Estos servicios pueden contribuir a su bienestar general y a superar posibles barreras para su participación en la educación y otros ámbitos de la vida social.