La Declaración de Santiago 2024, acordada en la Reunión Extraordinaria de Ministras y Ministros de Educación de América Latina y el Caribe, se inscribe en el marco de referencia regional para la reactivación, recuperación y transformación educativa. El documento ratifica su llamado para el seguimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, en especial con la meta del ODS número 4 cuyo foco central es la educación. En la declaración se hace un llamado a los Estados para que velen por el cumplimiento de este objetivo, situando sus logros como ruta para la garantía del ejercicio del derecho humano a la educación. Al mismo tiempo evidencia la preocupación regional por la grave crisis de discriminación y vulnerabilidades que profundizó la emergencia causada por la pandemia del COVID 19.
En la Declaración se hace un reconocimiento al derecho humano a la educación, los aprendizajes a lo largo de toda la vida, es decir, desde la primera infancia hasta la educación de personas jóvenes y adultas (EPJA); la atención urgente a la reducción de las brechas indicando que “la educación es un derecho fundamental y que su ejercicio sustantivo y armónico con otros derechos, tales como el derecho a un medioambiente saludable, a una vida libre de violencia y discriminación, a la movilidad y seguridad ciudadana, entre otros, permite reducir desigualdades y fortalecer a las comunidades educativas de la región”.
Desde la CLADE se celebra la convergencia de diálogos entre los Ministerios de Hacienda y Finanzas con Educación, como camino de entendimiento y avance en un horizonte común orientado hacia la justicia social y fiscal que requieren los países de la región, así como respuestas contextualizadas y comprometidas de los respectivos gobiernos.
Así lo expresa la declaración: “Mantener, buscar y ampliar alternativas de sostenibilidad financiera de los sistemas educativos en América Latina y el Caribe, con un diálogo permanente con las autoridades hacendarias y otros actores nacionales y subnacionales involucrados”. Del mismo modo, promueve la concepción de sostenibilidad financiera de la educación junto a la continuidad e incremento de la inversión educativa, evitando que el financiamiento educativo retroceda. Sin embargo, en el informe La encrucijada de la educación en América Latina y el Caribe: informe regional de monitoreo ODS4-Educación 2030 publicado por UNESCO en 2022 se alertaba que 15 países de la región habían reducido el gasto público en educación.
