Organizaciones que actúan en defensa de los derechos humanos en Brasil presentaron, el último 18 de marzo, una demanda ante el Supremo Tribunal Federal (STF), corte máxima del país, por la suspensión inmediata de la Emenda Constitucional 95 de 2016 (EC 95/2016), que limita los gastos públicos en educación, salud, asistencia social y otros derechos. La motivación tiene carácter emergencial, ya que la pandemia del COVID-19 (coronavirus) pone en riesgo el funcionamiento del Sistema Único de Salud (SUS). Así mismo, la suspensión de las clases presenciales en el sistema público de educación, como forma de mitigar la transmisión del virus, acompañada de la interrupción de la oferta de alimentación escolar, ha expuesto niños, niñas y adolescentes de familias con menos ingresos a la miseria y al hambre.
La iniciativa de presentar dicha demanda al STF fue de: Plataforma Brasileña de Derechos Humanos (Dhesca) Brasil, ONG Ação Educativa y Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil (CNDE), al lado de otras 22 organizaciones y movimientos sociales brasileños que actúan en la defensa de los derechos humanos.
“Con el cierre de las escuelas motivado por la pandemia, muchas madres y padres no tienen donde dejar sus niñas y niños para trabajar, y muchos estudiantes no tendrán alimentación escolar, intensificando la vulnerabilidad de las famílias y aumentando el hambre en todo el país. Los alimentos servidos en los centros educativos y escuelas tienen función importante en el cotidiano de muchos alumnos y alumnas, aunque varíen en calidad y contenido – en gran parte de los casos son alimentaciones completas con arroz, frijoles, verduras y carne. Para esos niños y niñas, los periodos sin clases son equivalentes al hambre: una amenaza a lo largo de todo el año se vuelve una realidad difícil de ser enfrentada”, se afirma en el pedido enviado a la Suprema Corte.
La EC 95/2016, aprobada por el Congreso Nacional de Brasil en el 2016, determina que ninguna inversión pública en áreas sociales – lo que incluye educación y salud – puede ser superior a la inflación por 20 años. Según la CNDE, esta política ha contribuído para profundizar las desigualdades del país, en especial, la sobrevivencia de la población más pobre.
“La Campaña reafirma su compromiso histórico de repudio a la EC 95/2016 por sus impactos dañinos a la educación pública. En resumen, la EC 95 prácticamente vuelve inviables las metas y estrategias del Plan Nacional de Educación – PNE – 2004 a 2024”, subraya la Campaña Brasileña en su página web.
Votación virtual de nuevo fondo para la educación
Para prevenir el contagio por el COVID-19, se pasó a la modalidad virtual la votación sobre el nuevo Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y Valoración de los Profesionales de la Educación (Fundeb), en la Comisión Especial de la Cámara de Diputados de Brasil. Depende de la aprobación del fondo la garantía de la movilización de recursos de Unión, estados y municipalidades del país para financiar la educación pública.
Según la CNDE, la propuesta para el Fundeb que se analiza actualmente en la Cámara de Diputados está lejos de consagrar el derecho a la educación. “En vez de avanzar en la línea de la equidad, la actual propuesta atiende a la presión de parlamentarios comprometidos con la reforma empresarial de la educación, y posibilita condicionar la transferencia de recursos para la red pública, a la medición del desempeño de estudiantes”, afirma la Campaña Nacional en posicionamiento público.
La CNDE añade que la actual propuesta para el Fundeb también pone en riesgo al presupuesto de programas esenciales relacionados a la alimentación y al transporte escolar. Tal como está, el fondo si se aprueba tampoco irá contemplar la implementación del Costo Alumno Calidad Inicial (CAQi) y del Costo Alumno Calidad (CAQ), mecanismos de financiamiento que buscan asegurar inversiones públicas adecuadas por cada estudiante, para la garantía de una educación de calidad y gratuita para todas y todos. Estos mecanismos están previstos en el Plan Nacional de Educación, gracias a acciones de incidencia impulsadas por la CNDE.
Según la Campaña, la demanda presentada a la Suprema Corte refuerza las críticas de la sociedad civil a la última propuesta de Fundeb que se vota en el Congreso. La demanda también corrobora la lucha de la Campaña por la protección de la alimentación escolar en el trámite del nuevo Fundeb.
Guías para la protección y educación de niños, niñas y adolescentes
La Campaña Nacional por el Derecho a la Educación y la plataforma Cada Criança lanzaron dos guías sobre educación y protección en el contexto de la pandemia. El objetivo es ofrecer informaciones comprobadas y accesibles sobre cómo la ciudadanía vinculada a la educación puede actuar, demandar y trabajar para la protección de todas y todos de manera colaborativa; y también, por parte de las autoridades públicas, garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en situaciones de emergencia:
Volumen 1: “Educación y protección de niños y adolescentes – Comunidad escolar, familia y profesionales en la educación y protección de niños y adolescentes”
Esta guía es dirigida a la comunidad escolar, familias, y profesionales para la protección de niñas, niños y adolescentes. Entre sus contenidos, se pueden encontrar pautas que explican, por ejemplo: por qué cerrar las escuelas debido al aislamiento social necesario y los efectos de esto en la población; la situación en Brasil y en el mundo con respecto a la suspensión de clases en números y mapas; qué hacer ante el problema general; conocer formas de presionar para obtener más recursos en las áreas de salud, asistencia social, seguridad alimentaria y educación, y seguir las medidas preventivas indicadas por las autoridades públicas; qué hacer con una escuela que aún no se ha cerrado; entre otras cuestiones- Volumen 2: “Educación y protección de niños, niñas y adolescentes – Tomadores de decisiones de las autoridades públicas en todas las esferas federales”
Esta guía, a su vez, fue producida para guiar a los tomadores de decisiones y presentar posibilidades de financiamiento, garantía de derechos, suspensión de clases y educación a distancia. Este volumen aborda la necesidad de suspender la Enmienda Constitucional 95/2016 (Límite de gastos) y la recomendación de crear un Fondo de Emergencia en Defensa del Trabajo y de los Ingresos. El documento también señala que, en la toma de decisiones, debe haber participación de toda la comunidad escolar: familias, estudiantes y profesionales de la educación, junto con los organismos reguladores y las Secretarías de Educación.
Se postergan las celebraciones de la SAME en Brasil para junio
La edición 2020 de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) en Brasil fue postergada para junio, y se realizará del 15 al 22/6, debido a los impactos y medidas de prevención que resultan de la pandemia COVID-19.
“La decisión quiere colaborar con la situación de salud pública. Recomendaciones de especialistas y autoridades nacionales e internacionales desaconsejan fuertemente las aglomeraciones de personas para disminuir la propagación del virus”, afirma la Campaña Nacional.
Sin embargo, siguen abiertas las inscripciones para participar en la movilización. Si eres de Brasil y quieres sumarte, solo debes acceder a la página web de la SAME nacional y llenar un formulario para recibir gratuitamente materiales que te permitan organizar actividades y diálogos sobre el derecho a la educación en tu localidad.
Con el tema “Educación contra la barbarie: por escuelas democráticas y la libertad de enseñar”, la SAME brasileña busca expresar la indignación de una multitud de profesionales de la educación, estudiantes, madres, padres y activistas que presencian la precarización y una fuerte desfinanciación de la educación pública y gratuita, bajo el gobierno de Jair Bolsonaro y su ministro de Economía, Paulo Guedes.
Sobre la SAME
Todos los años, desde el 2001, la CME coordina la SAME, una movilización internacional que se impulsa simultáneamente en más de 100 países, recordando el aniversario del Foro Mundial de Educación de Dakar (2000).
Las acciones de incidencia, comunicación, diálogo y movilización que se impulsan en la SAME, tienen el objetivo de llamar la atención de la sociedad civil e instar los gobiernos, sobre la necesidad de hacer real y efectivo el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad para todos y todas, en todo el mundo.
En el 2019, la SAME fue realizada de abril a junio en América Latina y el Caribe. Abrazando el tema “Nuestra Educación, Nuestros Derechos”, impulsó actividades y diálogos para analizar y discutir el estado del derecho a la educación en la región, contribuyendo así con la revisión del ODS 4 en el ámbito de Naciones Unidas.
Con el tema“10 años para alcanzar el ODS 4”, la SAME de este año seguirá subrayando la garantía del derecho humano a la educación y el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), referido a la educación, de la Agenda de Desarrollo 2030.
