Falta de inversión, descumplimiento de la ley y privatización son algunas de las problemáticas denunciadas a la ONU
¿Cómo está el financiamiento educativo en Brasil, Chile, El Salvador y Guatemala?
8 de enero de 2020
Por: Thais Iervolino
Falta de inversión, descumplimiento de la ley y privatización son algunas de las problemáticas denunciadas a la ONU
Informes elaborados por foros nacionales miembros de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en Brasil, Chile, El Salvador y Guatemala, muestran que los gobiernos de estos países no cumplen las leyes de financiamiento educativo, afectando de manera negativa a la calidad de la educación en ámbito nacional. Además, en el caso de Chile, hay una fuerte tendencia hacia la privatización de la educación.
Los documentos fueron presentados ante el último Foro Político de Alto Nivel de la ONU (julio de 2019), donde se revisó el estado de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre ellos el ODS 4, referido a la educación.
A continuación, lee más informaciones sobre cada uno de dichos países.
Brasil: descumplimiento del Plan Nacional de Educación
“Para garantizar parámetros mínimos de calidad para el derecho humano a la educación en Brasil, se necesitan nuevas inversiones en el Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica (Fundeb) de aproximadamente U$ 12 mil millones por año, valor que significa apenas un 0,9% del PIB brasileño”, subraya la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil (CNDE) en informe enviado a las Naciones Unidas.
Según la campaña, se observa como gran retroceso en el país el no cumplimiento del Plan Nacional de Educación (PNE) por el gobierno nacional. Resultado de un proceso de construcción democrática con amplia participación popular, el Plan es la principal política educativa del país, y establece metas y acciones para que se cumplan durante sus 10 años de vigencia, de 2014 a 2024.
Una de las metas es la ampliación del financiamiento público para la educación, hasta llegar al 7% del PIB en el 5º año de vigencia del PNE y al 10% del PIB en el final del decenio. Este aumento de recursos haría posible implementar el Costo Alumno Calidad Inicial y el Costo Alumno Calidad (CAQi y CAQ), indicadores que calculan la inversión financiera necesaria por estudiante al año, en cada etapa y modalidad de la educación básica pública, para garantizar el acceso a la educación de calidad para todas y todos. Según el informe de la CNDE, solamente el 0,6% de las escuelas brasileñas atienden a los indicadores de calidad previstos en el CAQi.
La CNDE recomienda la creación de un nuevo Fundeb para que el país pueda alcanzar las metas y estratégias de su Plan Nacional de Educación y cumplir el ODS 4, objetivo referido a la educación de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030.
“Animamos el Foro Político de Alto Nivel a recomendar al Estado brasileño, en su última revisión al Brasil, la necesidad de que el Estado asuma la responsabilidad de garantizar recursos financieros para la implementación del Plan Nacional de Educación”
El actual Fundeb es un fondo para la educación compuesto por recursos de los impuestos y complementado por el gobierno federal. Sin embargo, su vigencia termina en el 2020 y el desafío, según la Campaña Nacional, es asegurar la adopción de un nuevo fondo, con implementación permanente, que cuente con recursos adecuados para la aplicación del CAQ/CAQi y el cumplimiento de todas las metas y estratégias del PNE.
“Animamos el Foro Político de Alto Nivel a recomendar al Estado brasileño, siguiendo las observaciones presentadas por el CRC [Comité de los Derechos del Niño de la ONU], en su última revisión al Brasil, la necesidad de que el Estado asuma la responsabilidad de garantizar recursos financieros para la implementación del Plan Nacional de Educación – Ley 13.005/2014 -, aún en situaciones de crisis económicas o inestabilidad política, centralizando esfuerzos en la meta 20 que establece la implementación del CAQi/CAQ, y en la aprobación de un nuevo Fundeb con mayor complementación de recursos por parte de la Unión, fortaleciendo así la educación básica pública”, recomendó la Campaña Nacional en su informe a la ONU.
Chile: privatización de la educación
El Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile presentó cinco problemáticas principales respecto al financiamiento educativo en el país, en su informe a las Naciones Unidas:
- el gasto en educación como porcentaje del PIB en el 2016 fue del 5,35% (Banco Mundial) y no llega al valor recomendado por la UNESCO.
- en Chile, se financia con la misma preferencia la educación pública y la particular subvencionada y esto se realiza por medio de una subvención básica por estudiante que asiste a clases, lo que genera una competencia entre las escuelas por captar matrícula.
- Chile se ha caracterizado por un aumento sostenido de la participación de entidades privadas en la oferta de la educación, en detrimento de las públicas, lo que ha generado el surgimiento de distintos tipos de sostenedores que buscan el lucro con los recursos que perciben de las familias y del Estado, existiendo incluso holdings educacionales organizados para tal efecto. “La consecuencia directa es que si las condiciones de base del sistema educativo son una mayoritaria participación de privados, los aumentos en los recursos en educación van subsecuentemente a beneficiar mayoritariamente a estos sectores privados, aumentando aún más sus ganancias y la segregación en el sistema chileno”, dice el informe.
- Las políticas implementadas en los últimos años, principalmente para la gratuidad de la Educación Superior, la Ley de Inclusión y la Nueva Educación Pública, no garantizan el trato preferente del Estado a las instituciones públicas, dejándolas en peores condiciones, al mismo tiempo en que permiten y fomentan la proliferación de entidades privadas y no alteran significativamente la estructura de financiamiento de la educación en Chile.
- No se han observado cambios relevantes en los últimos años que apunten a un monitoreo transparente y público de los presupuestos. Tampoco se ha creado una plataforma donde se realice de manera más democrática y participativa esta fiscalización, considerando la opinión de los distintos actores del sistema educativo.
El Salvador: Sin cambios
Según el informe de la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE), no se observaron cambios relevantes en el financiamiento de la educación pública en El Salvador, en los últimos años. “La asignación del PIB para la educación es del 3.7%. Actualmente el presupuesto es de 930 millones de dólares anuales”, afirmó la Red.
Desde el 2014, RESALDE impulsa la campaña “6% Sí, por la educación”, demandando la inversión de al menos el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) en educación, para universalizar la educación desde la primera infancia hasta la universidad.
En el marco de la campaña, RESALDE ha intercedido ante alcaldes, Ministerio de Educación e integrantes de la Asamblea Legislativa nacional, para instarlos a priorizar la educación en los presupuestos y políticas. La red dialogó especialmente con integrantes de la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa nacional, que apoyó fuertemente la campaña, lo que le motivó a elaborar y proponer un Anteproyecto de Ley Especial para el Financiamiento de la Educación, que establece el aumento progresivo de recursos para la educación, hasta alcanzar el 6% del PIB.
En el informe presentado por la Red a la ONU, se destaca que el “Anteproyecto de Ley especial para el financiamiento de la educación” infelizmente quedó archivado luego de ser presentado a la Casa Presidencial, y hasta hoy no fue enviado a la Asamblea Legislativa para que sea discutido.
>> Lee+ Experiencias de lucha por el financiamiento adecuado para una educación de calidad
Guatemala: U$ 28 millones a menos para la Educación
Según el informe elaborado por el Colectivo de Educación para Todas y Todos de Guatemala, el Estado guatemalteco deja de invertir aproximadamente 22 mil millones de quetzales (U$ 28 millones) por año a la educación del país.
“La ley Nacional de Educación decreto 12-91 plantea que es necesario invertir el 7% del Producto Interno Bruto de Guatemala, esto debería ser 35 mil millones de quetzales (U$ 45 millones) aproximadamente. Sin embargo, la inversión actual en educación es de 13 mil millones de quetzales (U$ 17 millones)”, subraya el informe
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