Chile y Guatemala fueron revisados respecto al cumplimiento del ODS 4 en la ONU

En el Foro Político de Alto Nivel de la ONU, plataforma de seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel mundial, fueron presentados los informes voluntarios sobre la implementación de esta agenda por los Estados de Chile y Guatemala. De América Latina y el Caribe, cuatro países se habían postulado para participar en la revisión de 2019, rindiendo cuentas sobre sus acciones para hacer cumplir los ODS: Chile, Guatemala, Brasil y El Salvador. Sin embargo, estos dos últimos anunciaron a las vísperas del Foro Político de Alto Nivel que ya no participarían en la revisión.

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Los miembros de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) – Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile, Colectivo de Educación para Todas y Todos de Guatemala y Red de Educación Popular entre Mujeres de América Latina y el Caribe (REPEM) – acompañaron presencialmente la revisión. Otras organizaciones de la sociedad civil, entre ellas las que integran el Grupo de Educación y Academia, y el Grupo Mayor de Mujeres, se articularon para que sus indagaciones a los gobiernos se incluyeran en los comentarios presentados por representantes de la sociedad civil durante la sesión, quienes tuvieron apenas cuatro minutos para plantear sus preguntas a todos los Estados que presentaron sus informes voluntarios.

En la primera mitad de la sesión del lunes 15 de julio, presentaron sus informes voluntarios los Estados de Azerbaiyán, Chile, Filipinas y Sierra Leona, pasándole en seguida la palabra a representantes de otros Estados y sociedad civil para preguntas y comentarios. Representantes de sociedad civil tuvieron apenas cuatro minutos para plantear indagaciones a los cuatro países.

En la segunda mitad de la sesión, dieron a conocer sus informes Guatemala, Indonesia y Turquía. Enseguida, otros Estados hicieron preguntas, y la sociedad civil pudo presentar en apenas dos minutos, cuestiones a los tres países de una sola vez.

Revisión de Chile

En su presentación, la Subsecretaria de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile, Alejandra Candia Díaz, destacó entre las acciones del Estado chileno para avanzar en el ODS 4: la elaboración de un plan nacional por la infancia; y medidas para garantizar una educación de calidad, modernizar la formación técnico-profesional, avanzar en la educación parvularia y erradicar el trabajo infantil.

Destacó, asimismo, el desarrollo de un Plan Nacional de Derechos Humanos, el Plan Compromiso País “No Dejar Nadie Atrás”, y la apuesta del gobierno en alianzas público-privadas y la articulación con el sector privado, sociedad civil y academia para hacer frente a los cambios climáticos y promover el desarrollo sostenible.

 >> Informe oficial de Chile

Representantes de los Grupos Mayores de Niñas, Niños y Jóvenes, Indígenas y Mujeres, en diálogo con el Grupo de Educación y Academia, presentaron en seguida indagaciones sobre la criminalización de estudiantes en Chile, especialmente con la ley “Aula Segura”, que permite expulsar de los centros educativos, estudiantes que se movilicen para defender sus derechos; la falta de prioridad en el financiamiento de la educación pública; la implementación y el monitoreo del Plan Nacional de Derechos Humanos; la garantía de inclusión de la Educación Sexual y Reproductiva en los currículos escolares para reducir el embarazo de niñas; y la eliminación de un programa con perspectiva de género del Ministerio de Salud.

En respuesta, la representante de Chile afirmó que el Estado ha trabajado en colaboración con la sociedad civil para desarrollar el Plan Nacional de Derechos Humanos, y que se ha avanzado en enfrentar la violencia contra las mujeres desde el Plan Compromiso País. Añadió que se han reducido las tasas de embarazo adolescente en Chile, revelando los progresos que se han dado en este campo. Sin embargo, no contestó a las demás preguntas, especialmente las relacionadas a la criminalización de estudiantes, al financiamiento de la educación pública y a retrocesos en políticas de igualdad de género, y educación sexual y reproductiva. Tampoco contestó a una pregunta de la representante de Canadá, sobre qué medidas se están implementando para incluir a las niñas en la educación secundaria.

El Foro por el Derecho a la Educación Pública presionó en las redes sociales por respuestas consistentes del gobierno a estas indagaciones. Asimismo, está difundiendo el informe luz que ha elaborado sobre el ODS 4 en el país.

En el documento, se destacan como barreras para la realización del derecho humano a la educación: la criminalización de estudiantes y docentes que se movilizan para defender sus derechos; la persecución a estudiantes y al pensamiento crítico en las escuelas, con la ley “Aula Segura”; los aportes financieros del Estado a colegios privados, en detrimento del derecho a la educación pública y gratuita; el proyecto “Admisión Justa” y sus impactos negativos en términos de segregación y profundización de desigualdades entre estudiantes y centros educativos; cambios en los currículos de secundaria, que sacan Filosofía, Historia, Educación Física y Artes de las disciplinas obligatorias, mientras se mantiene la enseñanza de Religión; y la ausencia de políticas de educación sexual integral.

>> Informe-luz que ha presentado el Foro por el Derecho a la Educación Pública

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Revisión de Guatemala

El Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia, Miguel Angel Moir, presentó el informe nacional voluntario de Guatemala. Destacó la articulación que se viene buscando en el país, entre la implementación de los ODS y el Plan Nacional de Desarrollo 2032, en el cual se definieron prioridades para el desarrollo nacional en diálogo con diferentes sectores de la sociedad civil, entre ellas: la superación de la pobreza, seguridad, salud, agua y saneamiento, gestión de recursos naturales, empleo y educación.

Afirmó que el plan nacional de desarrollo prioriza las personas y su calidad de vida, buscando promover inclusión e igualdad. En el campo educativo, reafirmó el compromiso del Estado en garantizar 12 años de educación primaria y secundaria gratuita para todas y todos, sin discriminación, con calidad y equidad; la inversión en la educación pública; y la promoción de mayor acceso a la educación secundaria y universitaria.

Cuando se abrió la sesión para preguntas y comentarios de Estados y sociedad civil, el gobierno de República Dominicana preguntó: ¿Cómo superar la baja recaudación tributaria y garantizar recursos para alcanzar los ODS? El representante de Guatemala, entonces, contestó que la baja tributación en el país es un gran desafío: la carga tributaria en el país es de apenas 10% del Producto Interno Bruto (PIB). Señaló que para superarlo son tareas pendientes: romper la rigidez tributaria, enfrentar el contrabando y la evasión fiscal, hacer una reforma económica y revisar la política fiscal.

El Estado de Guatemala también fue indagado por los Grupos Mayores de Mujeres e Indígenas sobre la persistencia de la discriminación contra pueblos indígenas y mujeres en el país, al que respondió reconociendo que el abandono y los niveles de pobreza en comunidades indígenas y rurales son problemas que persisten a nivel nacional, y que de hecho las políticas de protección social, inclusión de pueblos indígenas y enfrentamiento de la discriminación y desigualdad de género todavía son incipientes y hay que mejorar esos aspectos.

El Colectivo de Educación para Todas y Todos de Guatemala, señala la necesidad de garantizar los derechos de niñas, mujeres e indígenas en el informe que elaboró sobre el estado del ODS 4, en el marco del Foro Político de Alto Nivel.

En el documento, se afirma que es necesario terminar con la inequidad que padecen las niñas en el acceso a la educación y garantizar el derecho de los pueblos indígenas a ser educados en su lengua materna. Adicionalmente, destaca que “Guatemala continúa enfrentando pobreza sistémica, desigualdad, discriminación, exclusión y altos niveles de impunidad”, y que es necesario impulsar la justicia tributaria en el país, para alcanzar un financiamiento adecuado y justo para la educación pública e inclusiva.

>> Informe-luz del Colectivo de Educación para Todas y Todos

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