El proyecto obligaría a las escuelas a expulsar estudiantes por hechos de violencia, en vez de adoptar medidas pedagógicas para resolver los conflictos de manera pacífica
En posicionamiento, el Foro por el Derecho a la Educación Pública, miembro de la CLADE en Chile, rechaza el proyecto de ley “Aula Segura”. Este proyecto obligaría a las escuelas y liceos a incorporar a sus reglamentos internos una vía rápida para expulsar estudiantes por hechos de violencia.
El Foro señala que este tipo de medida es una agresión al derecho a la educación de todas las niñas, niños y jóvenes del país, y además busca criminalizar al movimiento estudiantil. Lamenta también que se vea en este tipo de iniciativa una solución a los problemas educativos. “Rechazamos este tipo manipulaciones que, al decir atender un problema de las y los actores educativos, termina minando la democracia de las escuelas, abriendo más espacios a la mercantilización de la educación y criminalizando a los actores de los establecimientos públicos”, afirma el Foro.
En el posicionamiento, se señala que en el 2011 se expulsaron más de 11.000 estudiantes por movilizarse en defensa de la educación pública, y que desde entonces han continuado las expulsiones, reubicaciones y otro tipo de sanciones a las y los estudiantes que protestan para defender dicho derecho. “A esto agregamos la constante violencia y acoso policial a las y los estudiantes que se organizan y movilizan. Estas medidas han fracturado a las comunidades y son, en parte, responsables del clima de desconfianza que se vive en los establecimientos educacionales”, dice el Foro.
La coalición también manifiesta su preocupación respecto a los impactos del proyecto de ley en las prácticas pedagógicas. “Las ciencias de la educación y de la pedagogía abundan modelos para tratar los conflictos en los espacios educativos. La expulsión de un solo estudiante es la evidencia más dramática del fracaso de un modelo educativo”, señala el Foro, citando la responsabilidad y participación activa de la comunidad en la solución de los conflictos y el incorporar las contradicciones sociales como medidas formadoras y democráticas.
“Este abordaje implica fortalecer las escuelas públicas y el trabajo horizontal de las y los profesoras/es, construir mejores condiciones de infraestructura educativa, y hacer de las escuelas comunidades formadoras y de principios solidarios. Por el contrario, el proyecto ‘Aula Segura’ termina invisibilizando la necesidad de esta discusión y reduce el debate a una sanción que no resuelve los problemas de la educación pública”, afirma la declaración.
