“El gobierno de Michel Temer fue marcado por la aprobación de la Enmienda Constitucional (EC) 95/2016, medida que es un obstáculo para la universalización del acceso a la educación de calidad y para la implementación del Plan Nacional de Educación (PNE) con vigencia hasta el 2024, y podrá impactar negativamente el plan siguiente (2024-2034)”. Esta fue la primera constatación referente a la educación, presentada por el Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil para la Agenda 2030 (GTSC 2030), en su 3º Informe-Luz sobre la Agenda de Desarrollo 2030 en Brasil.
Publicado esta semana, el informe fue elaborado de manera colectiva por organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, foros y fundaciones brasileñas que se dedican al seguimiento a los compromisos del Estado brasileño con la Agenda 2030. Estos colectivos actúan en la difusión, promoción y monitoreo de la Agenda en el país, en lo que se refiere a sus diferentes objetivos temáticos, entre ellos el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de número 4, referido a la educación. Para elaborar la parte del documento que se enfoca en el ODS 4, de educación, el Grupo contó con los aportes de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación (CNDE), miembro de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en Brasil.
“El PNE es la principal política pública del país para alcanzar el ODS 4 y ambos están amenazados. El no cumplimiento de las acciones del PNE – organizado como una agenda progresiva y con metas previstas para el 2015 – perjudicó las actividades de 2016 y así sucesivamente. Vale resaltar que hasta el 2018, apenas el 30% de las metas y estrategias previstas desde el 2015 presentaron algún avance y ninguna de ellas se había cumplido integralmente, situación que no presentó avances significativos en el 2019”, expresa el informe.
Según datos del documento, en el 2019, aumentó el número de propuestas del gobierno que caminan hacia la reducción del derecho humano a la educación, como la privatización educativa y la oferta de enseñanza básica pública a distancia. “Estas ideas son movilizadas por una parcela del sector privado que no se preocupa con la calidad de la educación”, se subraya en el informe.
Para cambiar este contexto y hacer que las políticas educativas retomen su camino hacia la garantía del derecho a la educación de todas las personas, el grupo presenta siete recomendaciones, entre ellas: la revocación de la Enmienda Constitucional 95/2016 – la cual determinó el congelamiento del gasto público en educación, salud y asistencia social por 20 años; la ampliación presupuestaria de la Unión al fondo nacional de educación básica; la suspensión de la reforma de la educación secundaria y la revocación de todas las leyes aprobadas con la finalidad de prohibir que profesionales de la educación aborden los temas género y sexualidad en los centros educativos.
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(en portugués)
Además de las problemáticas de la educación brasileña, la tercera edición del informe evidencia el aumento de las violaciones a los derechos sociales, ambientales y económicos en Brasil.
Según el documento, las iniciativas ultraliberales y en base a fundamentalismos confesionales ganan fuerza en el país, a pesar de comprobadamente sin eficacia y dañinas.
“El desafío no es pequeño. Tenemos 15 millones de personas en extrema pobreza, 55 millones en situación de pobreza, 34 millones sin acceso al agua tratado, más de 100 millones sin servicios de colecta de aguas residuales y casi 600 mil casas sin energía eléctrica. Casi el 50% de la flora está bajo amenaza radical, el campo y la salud están amenazados por la liberación de 239 nuevos tipos de agrotóxicos. El escenario es tenso, con desempleo alto (13 millones de personas) y persistente, pero el Gobierno Federal se enfoca en propuestas que agravan los conflictos y empeoran, principalmente, la vida de las mujeres negras, quilombolas e indígenas, sin presentar soluciones para pacificar el país”, destaca el informe.
