Uno de los temas prioritarios en lo que se refiere a garantizar el derecho humano a la educación, el financiamiento educativo ha sido objeto de una lucha permanente: si los países ya no estaban cumpliendo las metas de la Agenda de Educación 2030, que establecen la inversión de un mínimo del 6% del Producto Interno Bruto (PIB), o del 20% del presupuesto público total en la educación, la situación todavía empeoró con la pandemia.
Representantes de redes de la sociedad civil que defienden el derecho a la educación de Asia, África, Medio Oriente, América del Norte, Europa, América Latina y el Caribe, presentes en el lanzamiento de la Campaña “Mil Millones de Voces por la Educación”, en aquella ocasión señalaron el financiamiento educativo como un punto clave. En este tema, apuntaron como desafíos del contexto de pandemia: la existencia de sistemas tributarios injustos y desiguales, causa fundamental de la insuficiencia de recursos domésticos para la educación; falta de responsabilidad y transparencia de los gobiernos respecto al gasto público en educación y su rendición de cuentas; y el aumento de préstamos por parte de instituciones financieras a los países menos desarrollados sin transparencia, ni análisis de la situación financiera de los países a mediano y largo plazo, imponiendo como condición para los préstamos la reducción de gastos públicos en educación y otros derechos.
Impulsada por la Campaña Mundial por la Educación, la iniciativa quiere escuchar y divulgar las voces de las más de mil millones de personas que tuvieron su derecho a la educación afectado por la pandemia COVID-19 y hace un llamado a las comunidades educativas de todo el mundo para exigir el derecho a la educación e impulsar acciones que demanden un financiamiento educativo adecuado y justo.
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Según Marcela Browne, de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), Argentina ha pasado por un recorte de financiamiento educativo y aunque “el presupuesto de 2021 haya sido aprobado con un aumento, todavía estamos muy lejos incluso de un 6% [del PIB para la educación], que hoy ni siquiera representa o garantiza el derecho a la educación para el 100% de los y las estudiantes”.
Para Andressa Pellanda, coordinadora de la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación, la educación en Brasil pasó por dos desafíos que tienen que ver con la falta de inversiones estructurales en educación. “Eso viene desde los primeros cortes de gastos en 2015 y que se han profundizado a partir de la
Enmienda Constitucional 95, que limita los gastos públicos en áreas sociales, y que siguieron durante todo este período, inclusive el año pasado, con la pandemia, cuando no se hizo una inversión mayor a la educación, contrariando las recomendaciones de especialistas en Brasil y en el mundo”, dijo.
Diógenes Sanchez, de la Coalición Panameña por el Derecho a la Educación, también afirma que el bajo financiamiento ha sido un gran desafío para la educación en su país. “La consigna del 6% del Producto Interno Bruto para educación sigue siendo el mayor reto para el movimiento magisterial y para lograr una educación equitativa y digna para los estudiantes”.
Además del bajo presupuesto público para la educación, se observó también en la región la profundización de procesos de comercialización y privatización de la educación con “nuevos modelos de negocio”: centrados en provisión de tecnologías, de paquetes educativos virtuales; configuración de nuevos tipos de colaboraciones públicos-privadas multisectoriales, prestadoras de servicios educativos y contratadas por los gobiernos.
Según el informe “La comercialización y la privatización en y de la educación en el contexto de la COVID-19”, publicado por la Internacional de la Educación, “el ‘giro’ hacia la ‘formación en línea’ y la ‘enseñanza a distancia de emergencia’ han convertido las tecnologías de la educación en un componente fundamental de la educación en todo el mundo, otorgando al sector privado y a las organizaciones comerciales un papel central en los servicios educativos esenciales”.
Para Blanca Cecilia, de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación (CCDE) la privatización educativa es uno de los problemas más grandes en Colombia. “Uno de los desafíos de la educación colombiana está relacionado a los nuevos modelos de privatización educativa que se están implementando en el país y que se han fortalecido con el gobierno actual, además de la insuficiente financiación de la educación pública, principalmente para la primera infancia y para la EPJA [Educación de Personas Jóvenes y Adultas]”.
Realizado el 10 de noviembre de 2020 en el marco de la XI Asamblea Regional de la CLADE, el panel «Educación Pública en Riesgo: Privatización, Financiamiento, Docentes» analizó el proceso de “neo-privatización” de la educación pública, los caminos para fortalecer el financiamiento educativo, las condiciones laborales del profesorado y las pruebas estandarizadas, entre otras temáticas.
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Aprobada por unanimidad en el Senado Federal de Brasil en 2020, la Enmienda Constitucional 108/2020 crea e incluye el nuevo Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica (Fundeb) en la Constitución Federal del país.
La aprobación es una de las más importantes victorias recientes para la garantía de derechos en el país. Uno de los principales actores responsables fue la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación, quien desde el 2015 formuló los argumentos técnicos y políticos, y coordinó la amplia movilización que culminó en el Nuevo Fundeb.
Como resultado de todo este proceso de incidencia, la Campaña Brasileña celebra un logro más: gracias a una fuerte presión y movilización popular coordinadas, se alcanzó en diciembre de 2020 la aprobación, en el Congreso Nacional, de la reglamentación del nuevo Fundeb con la garantía de que sus recursos públicos sean destinados apenas a la educación pública.
En el 2020, Contrato Social por la Educación (CSE), de Ecuador, divulgó una nota pública respaldando la medida cautelar de la Corte Constitucional de Ecuador, que deja sin efecto la reducción de más de 98 millones de dólares del presupuesto destinado a las universidades que obliga al Ministerio de Economía y Finanzas a abstenerse de hacer modificaciones que puedan tener un impacto negativo en las instituciones de educación superior del país.
CSE también exhortó a la Corte para que fallara de manera definitiva contra el recorte presupuestario por el gobierno, que afectaría a 31 universidades públicas y un organismo del sistema de educación superior del país.
Organizado por la CLADE en abril de 2020, el panel “La comercialización y el lucro en y desde la educación: Perspectivas globales y regionales de AL&C” tuvo el objetivo de impulsar reflexiones y diálogos sobre los procesos de privatización y lucro en la educación de la región, así como sus impactos negativos en la realización de la educación como un derecho humano de todas las personas.
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En su 551 edición, elaborada en alianza con la CLADE – en el marco de la XI Asamblea General de la CLADE, la revista América Latina en Movimiento, reúne artículos de diferente especialistas en educación de la región y presenta dos de ellos sobre financiamiento y privatización de la educación.
El primero, “Tendencias de subordinación al lucro post pandemia – Privatización de la educación” fue escrito por la profesora e investigadora de la Universidad de Campinas (Brasil), Theresa Adrião. En su análisis, Thereza Adrião resalta la naturaleza desigual con la que se presentan y constituyen las relaciones en el capitalismo, de manera que, aunque se identifique tendencias globales, los procesos de privatización de la educación se presentan con peculiaridades en diferentes contextos, y sistematiza las formas a través de las cuales la educación puede ser objeto de lucro.
En el segundo artículo, “Acciones para poner fin a la crisis de financiación de la educación” , David Archer, el jefe de Servicios Públicos de ActionAid International, analiza los caminos para ampliar la financiación de la educación pública.
Es cierto que la educación es habilitante de otros derechos humanos, pero su realización depende de condiciones básicas, especialmente en un contexto de pandemia. En el tercer capítulo de nuestro especial, vamos a presentar – en base a acciones y reflexiones de la red CLADE durante 2020 y entrevistas realizadas con los foros nacionales miembros de la Campaña este inicio de año – la importancia de garantizar otros derechos humanos para que tengamos una educación de calidad. Es decir, para que haya escuelas con buena infraestructura, saneamiento adecuado y agua potable, seguridad, alimentación escolar, etc.
| Texto: | Thais Iervolino |
| Edición: | Fabíola Munhoz |
| Revisión: | Carolina Osorio |
