Rosana Heringer, Laura Giannecchini y Tania Dornellas
Participantes de la CRES +5 por la CLADE, Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación
Entre los días 13 y 15 de marzo de 2024, la CLADE participó en la Conferencia Regional de Educación CRES+5, realizada en Brasilia (Brasil). A diferencia de hace dos años, cuando se organizó la III Conferencia Mundial de Educación Superior en Barcelona (España), la conferencia realizada en el continente latinoamericano contó con masiva participación de la comunidad educativa, reuniendo a numerosos estudiantes, rectores/as, profesores/as, investigadores/as y representantes de organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y movimientos sociales, así como autoridades políticas comprometidas con la realización del derecho humano a la educación superior.
Su objetivo fue examinar los avances y desafíos de la educación superior en América Latina y el Caribe, teniendo como referencia la declaración de la Conferencia de Córdoba 2018, que conmemoró el centenario del episodio en el que estudiantes de Argentina ocuparon las facultades de Medicina, Derecho e Ingeniería de la Universidad de Córdoba, reivindicando el laicismo y la democratización de la enseñanza superior. Previo a la CRES+5, la UNESCO-IESALC organizó consultas públicas sobre 12 ejes temáticos, que resultaron en 12 documentos de insumo a los debates en Brasilia. Rosana Heringer, en representación de la CLADE, participó activamente en la elaboración del documento del eje 4 – El rol de la educación superior de cara a los desafíos sociales de América Latina y el Caribe. Otros miembros del Grupo de Trabajo de Educación Superior de CLADE participaron en las consultas sobre financiamiento, profesión docente y otros.
La financiación pública de la educación superior pública en las últimas décadas en América Latina y el Caribe se ha visto comprometida por diversos recortes presupuestarios, políticas de austeridad fiscal y cambios políticos que ya no hacen de la educación superior una prioridad para los gobiernos.
Los retos pospandemia en la región para la educación superior
Desde la CRES 2018, se han producido muchos cambios en la región, empezando por la pandemia de Covid-19 y sus efectos, que han afectado a la sociedad en su conjunto. A la pandemia se han sumado el recrudecimiento de la pobreza y la violencia en la región, la emergencia de tendencias autoritarias y fundamentalismos religiosos, y de desastres ambientales. Asimismo, se ha visto un aumento de los flujos migratorios, el incremento del uso de las tecnologías digitales en la educación y de precariedad laboral, con impactos en la educación superior.
Frente a estos y otros retos, la enseñanza superior ocupa un lugar central en la búsqueda de soluciones duraderas a los problemas de la región. Una de las conclusiones importantes de la conferencia fue señalar el papel de la educación terciaria, en particular de las instituciones públicas, en la búsqueda de la reducción de las desigualdades y el fortalecimiento de la democracia en nuestros países. En varios momentos de la conferencia se señalaron las recientes amenazas a la democracia en el continente, ya sea a través de ataques golpistas y autoritarios, o de un debilitamiento del tejido democrático en su conjunto, con un descreimiento en los mecanismos de representación y en los sistemas de toma de decisiones, así como de ataques a la autonomía universitaria y libertad de cátedra.
Para cumplir esta misión institucional, las instituciones de enseñanza superior tienen ante sí varias tareas. En primer lugar, derribar las barreras de acceso y garantizar las condiciones para la permanencia y el éxito académico de los y las estudiantes que aspiran a este nivel educativo – retos que están condicionados con la provisión y garantía de una financiación pública adecuada para las instituciones públicas de enseñanza superior.
En la Declaración Final de la CRES+5, se reafirmó el papel de los Estados en la garantía de la financiación pública de la enseñanza superior, considerada un bien público y social, que debe ser accesible a quienes deseen acceder a ella. En este sentido, se destacó como fundamental la progresividad de la gratuidad de la enseñanza superior pública, ya que la barrera económica sigue siendo un factor que impide a las y los estudiantes de grupos históricamente en exclusión hacer efectivo su derecho a la educación.
Sin embargo, la financiación pública de la educación superior pública en las últimas décadas en América Latina y el Caribe se ha visto comprometida por diversos recortes presupuestarios, políticas de austeridad fiscal y cambios políticos que ya no hacen de la educación superior una prioridad para los gobiernos. Al mismo tiempo, la presencia del sector privado en la oferta de educación superior en la región ha aumentado, representando una proporción significativa de las matrículas en varios países. Esta presencia ha crecido aún más durante y en el periodo post pandémico, con el aumento de la enseñanza a distancia en toda la región.
Las sociedades latinoamericanas y caribeñas tienen mucho que aportar a las discusiones sobre la garantía del derecho a la educación superior.
Se ratifica el derecho humano a la educación superior pública
En el pronunciamiento de la Conferencia, también se expresó la preocupación por el avance descontrolado de la educación superior privada con fines de lucro en el continente, señalando la necesidad de normas estrictas que la regulen, asegurando la calidad de esta oferta educativa y condiciones de trabajo dignas para la labor docente y demás profesionales de la educación. También se destacó el papel fundamental de la participación de las comunidades educativas en el debate y la toma de decisiones sobre las políticas de educación superior. Y se señaló la importancia de la articulación entre los distintos niveles educativos y la necesidad de ampliar la internacionalización de las instituciones de enseñanza superior o universitaria, dando prioridad a la integración soberana y emancipadora.
Persiste el desafío de la equidad, en términos de diversidad étnico-racial y de género en la región. A pesar de algunos avances, aún es necesario un mayor compromiso de los gobiernos y de las instituciones de educación superior en la búsqueda de currículos más inclusivos que representen toda la riqueza de cosmovisiones, culturas, expresiones artísticas y conocimientos tecnológicos de los diferentes pueblos que conforman el continente.
Las organizaciones de la sociedad civil deben continuar atentas, acompañando y monitoreando la implementación de las directrices de la conferencia de Córdoba, con vistas a mejorar la oferta, el acceso y la calidad de la educación superior en la región, buscando articular esto con la defensa de los derechos humanos y de la ciudadanía plena para toda la población.
Pero la participación en la CRES+5 fue positiva y, como dijo el ex rector de la UNB, José Geraldo de Souza Júnior, dejó clara la importancia de “sulear” y no sólo “nortear” el debate. Las sociedades latinoamericanas y caribeñas tienen mucho que aportar a las discusiones sobre la garantía del derecho a la educación superior, y, en tal contexto, el documento Nuevos Abordajes del Derecho Humano a la Educación Superior: Reflexiones y Propuestas desde América Latina y el Caribe, elaborado por la CLADE en 2022 para participar en la Conferencia de Barcelona, sigue más vigente que nunca.
