El gobierno quiere firmar un acuerdo de libre comercio que amenaza los servicios públicos, según economista uruguayo.
Fuente: E’a
Se trata del Acuerdo de Libre Comercio de Servicios (TISA en inglés), promovido por Estados Unidos y la Unión Europea y que pretende liberalizar servicios atendidos por el Estado, como la salud, educación, jubilación, transporte, provisión de agua y otros, advirtió el economista uruguayo Antonio Elías en su visita a Asunción.
El analista uruguayo participó del seminario “Neoliberalismo en América Latina. Crisis, tendencias y alternativas” los días 13 y 14 de abril pasado, organizado por Base Investigaciones Sociales (BASE IS) y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), que se realizó en la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción.
En su exposición, y en varios artículos periodísticos, denunció que el gobierno uruguayo adhirió el pasado 4 de febrero al Trade in Services Agremeent (TISA) o Acuerdo de Libre Comercio de Servicios, en total secreto y a espaldas del pueblo uruguayo, sin un debate sobre las implicancias.
El acuerdo es impulsado por potencias mundiales como Estados Unidos y la Unión Europea, con el objetivo de que las empresas privadas de estos países tengan un marco favorable para extender sus negocios en áreas de servicios, lo que afectaría también a aquellos servicios atendidos hoy por los Estados, por tratarse de derechos elementales.
Entre los países que participan de las negociaciones sobre el acuerdo está Paraguay, advirtió Elías. Además están los 28 países de la Unión Europea, Australia, Canadá, Chile, Taiwán, Colombia, Costa Rica, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Principado de Liechtenstein, México, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Panamá, Perú, Corea del Sur, Suiza, Turquía y Estados Unidos.
Alertó que el proceso de adhesión al mismo tiene tres requisitos, 1. Que sea tratado en secreto por el país interesado, 2. Que el país que ingresa acepta todas las condiciones del acuerdo y 3. Que el país que se adhiere tiene que hacer una “lista de excepción” de los servicios que no quiere que entren en el circuito.
En los países en que entra en vigencia el acuerdo, los servicios privatizados tendrán un blindaje denominado “status quo”, y ya no pueden volver a estatizarse en el futuro, explicó el analista. Las diferencias comerciales no serán administradas por tribunales locales sino por exclusivos tribunales del circuito del propio Acuerdo TISA, dijo.
